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Los copropietarios de la finca El Encanto, llamados sicarios y geófagos por Omar Cabezas, Procurador de Derechos Humanos, visitaron ayer a su acusador en sus oficinas para que les muestre las pruebas de sus afirmaciones, dichas en conferencia de prensa, y las cuales, según declararon los afectados, lesionan su honra, reputación y su seguridad personal.

Los ganaderos socios José Ríos, Felipe Hurtado y Nelson Flores pidieron ver al procurador, sin embargo divulgación de la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos, excusó a Cabezas de no poder atenderlos por estar en una reunión fuera de la institución, y que desconocían cuándo podría atenderlos.

Procurador “no disponible”

A los afectados --en cuya propiedad en mayo de 2008 murieron tres de sus trabajadores a manos de una patrulla combinada de policías y miembros del Ejército que, arbitrariamente, realizaron la incursión--, cuando preguntaron en qué momento sería posible un despacho con él, se limitaron a decirles que en algún momento se les avisaría.

Felipe Hurtado se quejó de este funcionario público, porque de manera irresponsable lanzó acusaciones serias, pero irracionales, sin siquiera conocerle, por lo cual desconoce los intereses de Cabezas por afectarlos.

“Nadie de esta institución llegó a investigarnos en la zona, ni a conocer de la muerte de los trabajadores, para ahora llamar a los difuntos sicarios y a nosotros geófagos. Él está violando nuestros derechos humanos, y lo hacemos responsable de cualquier cosa que nos suceda o de los problemas que esto pueda generarnos en nuestra propiedad, que tiene su documentación en regla”, expresó Hurtado.

Señaló que si el orteguista Cabezas tiene problemas políticos con el diputado liberal Francisco Sacasa Urcuyo, a quien también acusó de geófago y sicario, pues que se arregle con él, pero que El Encanto nada tiene que ver con desalojos y pugna por propiedades.

Analizan acciones legales contra Cabezas
Mientras tanto, Ríos dijo que los familiares de los asesinados están pensando en tomar acciones legales en contra de este funcionario, porque, evidentemente, en un comunicado demostró el total desconocimiento geográfico de lo que ocurre en la zona, y de la situación que rodeó la muerte de los trabajadores de El Encanto.

“Para que sepa ese señor que se dice Procurador de Derechos Humanos, representantes del Ministerio Público llegaron a investigar, indagaron los expedientes de los fallecidos, cómo ocurrió el incidente con las autoridades, y después de eso fue que el Estado representó a las víctimas respaldando la acusación contra los miembros de la Policía y del Ejército”, recalcó el afectado.

“Aquí no hay proyecto canalero, aquí no hay sicarios, aquí la Policía fue la que inició los disparos y por eso cambiaron a los jefes, no tenemos ninguna vinculación con drogas, no se nos decomisó ningún arsenal, y las únicas armas incautadas después del incidente fueron dos escopetas, un rifle 22 y un revólver que tenían sus debidas portaciones policiales, usados para la protección personal por lo peligroso de la zona, donde las autoridades rara vez hace presencia”, precisó.