Jorge Eduardo Arellano
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El abogado del ex presidente Arnoldo Alemán estaría preparando una demanda contra el Estado de Nicaragua, para que le paguen todos los salarios no recibidos desde el doce de diciembre de 2002, cuando la Asamblea Nacional lo despojó de su inmunidad y salió del Parlamento.

Una fuente muy cercana a Alemán reveló que el ex Presidente demandará al Estado por los cuatro años que no recibió su salario mensual de cuatro mil dólares, como diputado regalado de la Asamblea Nacional.

Alemán, condenado en diciembre de 2003 a 20 años de presidio por los delitos de lavado de dinero, fraude, malversación, asociación e instigación para delinquir y delito electoral en perjuicio del Estado, fue sobreseído definitivamente por cuatro magistrados liberales de la Sala Penal, con la complacencia disimulada de los orteguistas.

Además, según la fuente, Alemán estaría estudiando la posibilidad de demandar al Estado por los daños y perjuicios, según él, sufridos durante estos cinco años de manera injusta.

Tratamos de conocer la reacción del Procurador General de la República, Hernán Estrada, tanto de la sentencia a favor de Alemán, como de las pretensiones de demandar al Estado, pero no ha respondido su teléfono.

La vocería del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) anunció ayer que Alemán brindará hoy dos entrevistas exclusivas a medios televisivos, en las que explicará los detalles de cómo --según él-- logra la resolución de su sobreseimiento y libertad definitiva de parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Vale recordar que esa misma vocería negó reiteradamente que Alemán estuviese negociando su libertad a cambio de entregarle al FSLN el control de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para los próximos dos años, en los que el partido de gobierno pretende impulsar reformas constitucionales.

Según el ex Procurador General de la República, Alberto Novoa, Alemán no está libre de toda responsabilidad, porque aunque la CSJ lo haya sobreseído en el caso de la Guaca 2, el caso sigue vivo porque el juez no ha investigado ni emitido sentencia y por consiguiente la Corte no puede pronunciarse.

En la historia de la CSJ, desde su nacimiento, nunca sus magistrados se habían pronunciado de un caso que llegara a sus manos, sin que el juez de primera instancia se hubiera pronunciado, menos la segunda instancia y que ni siquiera haya iniciado el proceso, pues la misma Corte, a través de un recurso de amparo, mandó a paralizarlo cuando fue radicado en el Juzgado Séptimo de Audiencias de Managua.