•  |
  •  |
  • END

La mayoría de los casos de violencia sexual contra mujeres, niños y niñas que caen en manos de la autoridad judicial, quedan en la impunidad. Ese es el criterio de la doctora Wendy Flores, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, en una clara referencia a la denuncia formulada en días pasados por el Movimiento de Padres con Hijos Víctimas de Violencia Sexual en Granada.

Basándose en un estudio denominado “Análisis de Sentencias: Violencia Intrafamiliar y Sexual y Demandas en Materia de Familia”, elaborado por la Agencia de Cooperación Española, Flores señaló que se encontró que el 54.87 por ciento de las sentencias emitidas en materia penal, fueron absolutorias en beneficio de los acusados y en perjuicio de las víctimas.

“Estamos hablando de que la mayoría quedó en la impunidad”, aseguró Flores. Según el estudio, sólo el 28.69 por ciento de los casos fueron condenatorios.

La abogada del Cenidh aseguró que aún no se ha resuelto el problema del acceso a la justicia a favor de las víctimas de delitos sexuales, y recordó que “lograr que no exista impunidad, no sólo depende de la víctima, sino también de una coordinación entre todas las instituciones diseñadas para administrar justicia”.

Recientemente, un grupo de padres de familia con hijos víctimas de abusos sexuales en el departamento de Granada, denunciaron que esa ciudad se ha convertido en el paraíso para los depredadores sexuales, en tanto la mayoría de los violadores logran salir en libertad mediante absoluciones en los tribunales o por alguna argucia legal.

Los denunciantes señalaron a la Policía, al Ministerio Público y a los jueces de no contribuir en una aplicación de la justicia a favor de las víctimas.

Aseguraron que hay casos de violadores que, a pesar de existir una denuncia contra ellos, se pasean tranquilamente frente a las propias narices de la Policía sin ser aprehendidos.

Pero también señalaron a los magistrados del Tribunal de Apelaciones, de ser quienes fácilmente aplican beneficios a los condenados por delitos de violación, poniéndolos en libertad y listos para cometer otra violación.

“Creo que es necesario la aplicación de políticas institucionales que tiendan a mejorar el acceso a la justicia de las víctimas”, dijo Flores, quien también señaló que todos los funcionarios encargados de aplicar justicia, están claros de los obstáculos que tienen las víctimas, “pero no existe una solución que abra el camino para que se logre llegar a un proceso judicial rápido y se determine si existe o no culpabilidad”.