Lizbeth García
  •  |
  •  |
  • END

La reducción de la jornada laboral decretada por la Corte Suprema de Justicia, la deserción de los pasantes de Derecho, y la ausencia de candidatos para conformar Tribunales de Jurados, han provocado retardación de justicia en los juzgados penales y civiles de Managua.

Como muestra de la retardación de justicia que hay, Óscar Ruiz reveló que tras casi un año de estar preso por un robo frustrado, que ocurrió el 23 de enero de 2008, fue hasta ayer que su cliente, Moisés Ulises Montoya, obtuvo veredicto de culpabilidad.

Efectivamente, el juicio para Montoya y dos personas más estaba programado para el 21 de febrero de 2008, luego se reprogramó para el 22 de mayo, 27 de junio, 25 de agosto, 9 de septiembre, 1 de octubre, 4 de noviembre, 10 de diciembre, 8 de enero de 2009 y 15 del mismo mes y año, hasta que finalmente hubo quórum para conformar jurado.

Durante todo el año, Ruiz pidió audiencias de revisión de medidas, recurrió de amparo ante el Tribunal de Apelaciones, denunció el caso ante los organismos de derechos humanos y nunca logró sacar de la cárcel a su cliente, porque todo el tiempo de demora del proceso se atribuyó a “fuerza mayor”, lo que considera violatorio a los derechos de los procesados, quienes sólo pueden estar detenidos tres meses sin escuchar sentencia, de lo contrario, deben ser liberados.

El fiscal Guillermo Alemán dijo que cada día se suspenden tres juicios en el Juzgado Octavo Penal de Juicios de Managua por falta de candidatos, pero él no atribuye la ausencia de éstos a la falta de pago de la dieta de 438 córdobas, sino también al factor tiempo y a la no depuración del padrón electoral, que es de donde se toman los nombres de las personas que serán llamadas a juicio.

Para evitar que haya más retardación de justicia en lo penal, donde se estima que se ventilan 10 mil casos al año, y se suspenden unos 24 juicios por día con el consenso de las partes en juicio, se están celebrando juicios técnicos, es decir, sin jurados.

En lo que no ha habido consenso es en la aplicación del criterio de fuerza mayor y otorgamiento de la libertad por vencimiento de término.

La situación en lo civil tampoco marcha bien, porque según datos dados a conocer por la Dirección de Prensa del Complejo Judicial Nejapa, disminuyó sensiblemente el trabajo de tramitación entre los juzgados civiles, que comenzaron 2009 con 67 mil expedientes para tramitar.

“En el área civil, cuando inició la aplicación del modelo de gestión de despachos, los juzgados empezaron con una carga de 50 mil expedientes; en 2008 entraron 49 mil 800 nuevos asuntos, y al 31 de diciembre se habían finalizado 34 mil. Esto significa que iniciamos 2009 con 67 mil expedientes”, apuntó la coordinadora de las oficinas de Apoyo Procesal No Penal, Haydée Verónica Morales.

Explicó que los registros de diciembre de 2008 indican una baja de al menos un 70 por ciento del trabajo en lo que se refiere a emisión de documentos y actos de comunicación, elaborados por los equipos de tramitación.


Retomar horario regular
Morales reveló que los responsables de tramitación de estos juzgados han expresado la necesidad de retomar el horario regular (de ocho de la mañana a cinco de la tarde) aunque sea sólo para lo civil, aunque eso implique pagarles el viático de almuerzo a los trabajadores que, como se recordará, desde diciembre del año pasado laboran sólo medio día, debido a la crisis económica por la que atraviesa la Corte Suprema de Justicia.

La deserción de una parte de los pasantes de Derecho asignados a algunos juzgados civiles, parece ser otro elemento que contribuyó a debilitar el trabajo, pero ya se está coordinando con las universidades para que una nueva camada de estudiantes refuerce el trabajo en los próximos seis meses.

Para acelerar el trabajo y dar respuesta a la población, los responsables de los equipos de tramitación de los juzgados locales y de distrito, y los jueces civiles ad hoc, propusieron a la Corte que aumente el número de secretarios y equipos informáticos, pero para que eso sea posible, habrá que esperar que cambie la situación de crisis presupuestaria en el supremo tribunal.