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La Sociedad Interamericana de Prensa expresó preocupación y alarma por la reducción paulatina de espacios de libertad de expresión que se registra en Nicaragua a raíz de una política de intolerancia generada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, quien viene demostrando que de la misma forma que hostiga a los medios de comunicación y periodistas independientes, coarta en forma sistemática el derecho de movilidad, asociación y expresión de los nicaragüenses.

Durante una misión que encabezó el titular de la SIP, Enrique Santos Calderón, en Managua, la organización se reunió con numerosos actores de la sociedad nicaragüense, entre ellos, representantes de partidos políticos; legisladores nacionales; magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Ministerio Público; dirigentes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, empresariales y periodísticas; directores de medios, periodistas y lideres de opinión.

La misión de la SIP lamenta que el presidente Daniel Ortega, así como legisladores y funcionarios del gobierno del Frente Sandinista, hayan declinado reunirse con la delegación, compuesta por nueve periodistas provenientes de Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala y Honduras. A la SIP le interesaba escuchar los puntos de vista del presidente Ortega y comunicarle asimismo sus inquietudes en materia de libertad de prensa.

La SIP consideró que el desaire del presidente Ortega a dialogar, muestra el clima de intolerancia que propicia su gobierno, lo que a diario se pone en evidencia en el trato con los medios de comunicación independientes a los que se les niega la información, se los acosa mediante instrumentos legales y judiciales o se les discrimina con el otorgamiento de la publicidad oficial, medidas todas que propician la autocensura o callar directamente a quienes disientes del gobierno y tienen como misión social fiscalizar a los poderes públicos. Sin embarbo, la SIP rescató el valor de los medios de comunicación y los periodistas independientes al no dejarse por las presiones, en el entendimiento que la prensa libre es una necesidad para el mantenimiento del orden democrático.

Más allá del tratamiento inadecuado en intolerante a los medios y periodistas independientes, la SIP consideró preocupante que el Estado utilice medios de comunicación públicos no como instrumentos plurales y diversos de información del Estado sino como medios de propaganda y para difamar a personas líderes de sectores críticos; que mantenga una fuerte política de intolerancia al diálogo y al disenso; la falta de transparencia y de acceso a la información pública del Estado y que incentive represalias a través de grupos de choque paraestatal contra quienes expresan y manifiestan públicamente sus opiniones. La SIP considera que estas prácticas conspiran directamente contra los principios del estado de derecho, la seguridad jurídica y la democracia.

La misión de la SIP hace un llamado al presidente Ortega para que respete sus propias palabras cuando al firmar la Declaración de Chapultepec en 2001-y previamente durante una asamblea de la organización en 1990 en la que anunció que derogaría leyes contrarias a la libertad de prensa- en plena campaña política, dijo: “Hemos entendido que para avanzar a la paz hay que rectificar esos errores, y con ese convencimiento, de que la rectificación es una necesidad, venimos a firmar esta declaración de Chapultepec”.

“Hoy más que nunca”, expreso Santos Calderón, “esperamos que pueda respetar esas palabras y los nicaragüenses puedan tener la certeza de que no serán perseguidos por lo que digan u opinen y de esa forma se respeten los derechos democráticos”.

La misión de la SIP, específicamente, celebro que la Fiscalía General de la República haya desestimado acusaciones criminales contra organizaciones no gubernamentales como CINCO, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, y espera que el Ministerio de Gobernación no prosiga con represalias de orden administrativo que pudieran lesionar compromisos de donantes extranjeros que apoyan proyectos a favor de los ciudadanos nicaragüenses más allá de los gobiernos de turno.

Respecto a los medios de comunicación y periodistas, la SIP recabó denuncias que conforman un informe especial que la delegación presentará a la asamblea de la organización que se reunirá en Paraguay en marzo próximo. En ese sentido, adelantó su preocupación de que el periodismo independientes siendo afectado por el gobierno al ser premiado o castigado con la publicidad oficial, o con la conseción de licencias que son utilizadas para presionar a medios radioeléctricos con el fin de que despidan o contraten comentaristas cuyas opiniones no deben disentir de las políticas oficiales. Además de la utilización de dávidas gubernamentales, la SIP rechaza la aplicación de procesos judiciales contra periodistas en clara represalia de sus líneas y criterios editoriales y que no resuelvan recursos de inconstitucionalidad en materia de exoneraciones en franca colisión en la Constitución y sobre colegiación obligatoria de periodistas.

Recogiendo resoluciones anteriores hechas por su asamblea, la SIP aporta las siguientes recomendaciones que permitirían en Nicaragua restablecer garantías para la libertad de prensa:

•    Cumplir con los principios de la Declaración de Chapultepec.
•    Respetar y poner en práctica la ley de acceso a la información pública, apoyando a procesos educativos para los ciudadanos para que puedan ejercer los derechos de búsqueda y acceso que mandan esa legislación; además de procesos de apertura con la prensa ofreciendo información y realizando conferencias de prensa en forma periódica.
•    Utilizar los medios de comunicación en manos del Estado con políticas de pluralidad y diversas inherentes a la información pública y no como instrumentos de propaganda gubernamental.
•    Distribuir  la publicidad oficial con criterios técnicos y transparentes, así como conceder las licencias operativos para radio y televisión, sin que estas prácticas se presten para discriminar a medios y periodistas de acuerdo a sus líneas editoriales.
•    Proponer a que el Ministerio Público cree una oficina especial de derechos humanos que permitan investigar violaciones a estos derechos, incluyendo los que atenten contra la libertad de expresión y de prensa, como crímenes o atentados contra periodistas; y preste especial atención a la seguridad y protección para el libre ejercicio periodístico.
•    Revisar sentencias y resoluciones judiciales sobre los crímenes de Carlos Guadamuz y María José Bravo, de tal manera que estos casos no queden en la impunidad.

Gonzalo Morraquín, vicepresidente de la SIP, manifestó que “si el gobierno respetara la Declaración de Chapultepec ya tendría los instrumentos para ser un gobierno más democrático, abierto y respetuoso de los derechos constitucionales”.

Por su parte, Rob Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, se mostró sorprendido por el nivel de tensión que existe entre el gobierno y los periodistas. Consideró que es necesario “que el presidente Daniel Ortega, recapacite y deje de incentivar, mediante improperios, a personas que atacan a periodistas y así evitar más incidentes de intimidación y violencia”.

Aconpañan a Santos Calderón de EL Tiempo, Colombia; Gonzalo Marroquín, segundo vicepresidente de la SIP y director de Prensa Libre, Guatemala; Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del San Antonio Express-News, Estados Unidos; Jorge Canahuati, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y director de La Prensa, Honduras; José Roberto Dutriz, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director de la Prensa Gráfica, El Salvador, Ed McCullough, director regional para América Latina de The Miami Herald; Julio E. Muñoz y Ricardo Trotti, director ejecutivo y director de Libertad de Prensa de la SIP, respectivamente.