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Chontales
La tarde del 16 de julio del año 2007, José Luis Centeno Gutiérrez, amparado en una constancia firmada por el entonces intendente de la Propiedad en Chontales, René José Córdoba Tórrez, penetró a la finca Palo Verde y junto a sus matones disparó contra el señor Inés López Martínez y sus hijos Darío Inés y Ulises López Zeledón. Los cuerpos de Inés López y de Darío Inés quedaron tirados sobre el pasto, acribillados a balazos.

Año y medio después, esa misma historia podría repetirse en la comarca San Francisco de Gamalote. Esta vez el productor Erick Villegas, quien asegura ser el dueño legítimo de la finca Palo Verde, amparado en una copia de una constancia de revocación de asignación firmada supuestamente por la intendente de la Propiedad Yara Pérez Calero, penetró el domingo 25 de enero a la finca acompañado de hombres armados con machetes para retomar lo que, según él, le pertenece.

Esa acción mantiene en tensión a los pobladores de la pequeña comarca ubicada en el municipio de La Libertad, quienes tienen temor a un nuevo derramamiento de sangre. “Parece que se quiere repetir la misma historia del año antepasado”, asegura con mucha preocupación doña Modesta Ruiz, facilitadora rural y miembro del Comité de Prevención del Delito.

Los hombres de Villegas llegaron con provisiones, dispuestos a quedarse por buen tiempo. Vigilan a los habitantes de la casa-hacienda, a las muchachas las acosan cada vez que pasan al pozo o al baño, y constantemente afilan sus cutachas. “No podemos dormir por el temor a que nos ataquen”, asegura Ulises López Zeledón, hijo de Petronila Zeledón.

“Esta finca es de mi propiedad, y de ella nadie me saca”, afirma Erick Villegas, mostrando la constancia que revoca la asignación de la propiedad que en septiembre de 2006 la Intendencia de la Propiedad le entregó a Inés López (varón), a su esposa María Petronila Zeledón Vargas y a otros desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense.

Con mucha seguridad afirmó contar con el respaldo del intendente de la Propiedad Ignacio Ruiz, del Procurador del departamento, René Martínez, y del comisionado mayor Javier Carrillo, jefe de la Policía.

Este último rechazó un amparo en la posesión interpuesto por la señora Zeledón Vargas para que intime a Villegas Oporta y se abstenga de seguir perturbando la posesión de la propiedad. “Estos señores han permanecido rodeando la casa, atemorizándonos y amenazándonos para que salgamos de la propiedad”, afirmó la afectada.

Pero el jefe policial respondió que “no cabe un amparo” y hasta aseguró que ninguno de los involucrados en el conflicto se había presentado a interponer denuncia alguna.

Desesperada e impotente

María Petronila Zeledón Vargas recibió este mes dos fuertes golpes. El Tribunal de Apelaciones de la circunscripción central resolvió reducir la condena a los asesinos de su esposo e hijo. “La liberación de José Luis Centeno es inminente”, asegura la campesina.

Pero como si eso fuera poco, ahora le cae la noticia de la supuesta revocación de la asignación de la propiedad Palo Verde, lo que la pone al borde del desalojo. Petronila reclama que el delegado de la Intendencia de la Propiedad en Juigalpa, Ignacio Ruiz, oficialmente no le ha notificado la revocación, pero además, la revocación no autoriza a Villegas a penetrar a la finca para desalojarlos, tal y como está ocurriendo.

Zeledón señala tanto a Martínez como a Ruiz de inclinarse a favor del productor Villegas. Ambos funcionarios del Estado, en declaraciones a medios de televisión en Juigalpa, han manifestado abiertamente que la propiedad le pertenece a Erick Villegas, y que el gobierno de Bolaños engañó a los demandantes de tierra, entregando constancias ante la presión por la tierra y como “compromisos que no significan que se van a cumplir al pie de la letra”.

Petronila considera las declaraciones del procurador Martínez como una burla, y asegura que quien le entregó la asignación fue un funcionario en nombre del Estado de Nicaragua. “El Estado de Nicaragua me debe responder, ¿eso quiere decir que un nuevo gobierno va a borrar lo que este gobierno hizo? Entonces habrá una total inseguridad en la propiedad en el campo”, señala.

Se escondió de END

Ignacio Ruiz, Intendente de la Propiedad en el departamento de Chontales, no atendió al equipo de EL NUEVO DIARIO que lo buscó en sus oficinas, y hasta se escondió de la cámara del reportero gráfico Oscar Sánchez. Apoyándose en una joven, mandó a decir que toda la información de Palo Verde estaba centralizada en Managua, sin embargo, Ruiz ha declarado abiertamente a medios locales que la propiedad Palo Verde es de Villegas.

Pero Ruiz no ha explicado por qué razón el productor Villegas tiene una copia de la revocación que fue enviada a través de un fax de la Intendencia de la Propiedad; tampoco ha dicho por qué razón no se ha notificado a la afectada, ni tampoco por qué razón Villegas llegó a la propiedad amparado en el documento, que sólo es una constancia de revocación y no una orden de desalojo.

Para la abogada Edelmira Acevedo, la declaratoria de revocación contra Petronila es sólo una muestra de lo que le puede ocurrir a miles de demandantes de tierras que confiaron en las asignaciones otorgadas por el Estado de Nicaragua.

Acevedo señala que la disposición de la Intendencia de la Propiedad crea inseguridad entre los beneficiados con propiedades, y que pertenecieron tanto a la ex Resistencia como a las fuerzas gubernamentales. Para Acevedo, esa inseguridad puede ser caldo de cultivo de nuevos enfrentamientos entre nicaragüenses.