Nery García y Oliver Gómez
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El presidente Daniel Ortega quiere revivir el cobro de la energía no registrada, diferenciar a los consumidores de los clientes y recetarles hasta tres años de prisión a quienes tengan una conexión ilegal o alteran los medidores. Eso lo plasma en el anteproyecto de “Ley especial para el uso responsable del servicio público básico de energía”, que envió a la Asamblea Nacional.

Ortega firmó esta iniciativa el 28 de noviembre pasado, y la envió el cinco de diciembre a la Primera Secretaría del Poder Legislativo, luego que declarara ese mismo día que la crisis energética “es asunto de seguridad nacional”.

Compromiso con FMI

EL NUEVO DIARIO
conoció que dicho documento se debe aprobar cuanto antes porque es un doble compromiso asumido por el Gobierno, por un lado, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y, por otro, con las autoridades de Fenosa en el documento Memorando de Intención firmado en España el 29 de junio pasado.

Paul Oquist Kelley, secretario privado para políticas nacionales de la Presidencia, presentó este proyecto a la Asamblea, explicando que es un documento propuesto por Ortega, y espera “que conforme a su solicitud se le conceda trámite de urgencia”.

Explica que Ortega propone dicho documento luego de identificar los dos problemas principales que enfrenta ahora el sector energético: una matriz de generación que depende en gran medida del precio del petróleo, y la sustracción y consumo ilícito de la electricidad. Es decir, que la falta de inversión de Fenosa ya dejó de ser un problema principal.

Instrumento legal para empresas

“Es además urgente, facilitar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica del país instrumentos legales que, en caso de ser necesario, les permita acudir a los tribunales de justicia del país a fin de poder iniciar los procesos legales contra potenciales clientes y usuarios que atenten contra la estabilidad financiera y técnica del sistema de distribución, al realizar conexiones ilícitas de energía”, se lee en la exposición de motivos del documento.

En la propuesta, Ortega separa en la definición de términos (artículo dos) los conceptos de “consumidor” y “cliente”, dando mayor importancia a este último. Es algo novedoso a nivel latinoamericano, pues también crea la figura del “representante del cliente o consumidor”, que es cualquier prójimo mayor de 18 años que esté presente en un inmueble al momento de una inspección del servicio de energía.

Ortega también revive en este documento el concepto de la energía no registrada, “ENR”, la que define como “energía eléctrica suministrada por la distribuidora a un cliente o consumidor, y que no ha sido medida correctamente por el equipo de medición de la distribuidora, producto de causas no correspondientes a las infracciones establecidas en esta Ley”.

Infracciones para todos

Este documento no contempla sanciones a las empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras, subcontratadas, y mucho menos al ente regulador, pero en el artículo tres se detallan cuatro grandes “infracciones a la prestación de servicio de energía eléctrica”, y todas se cometen en los barrios, asentamientos y mercados capitalinos, según evidencias que ha presentado Fenosa en varias ocasiones.

Estas infracciones se redactaron de esta forma: “Instalar, por sí o mediante terceros, conexiones que eviten que la energía consumida pase a través del dispositivo de medición”, también “manipular o alterar, por sí o mediante terceros, los dispositivos de medición propia o de otros usuarios, con el objetivo de evitar o modificar el registro total de la energía suministrada por las distribuidoras y que haya consumido el cliente o consumidor”.

Las otras dos infracciones son: “Vender energía eléctrica a terceros” y “Manipular, por sí o mediante terceros, los equipos de verificación que instale el ente regulador o las distribuidoras”.

También agua y telecomunicaciones

Para quienes cometan estos actos y provoquen pérdidas que sumen tres salarios mínimos del sector industrial o una cantidad mayor, el mandatario propone que sean “sancionados con pena de prisión de uno a tres años, y de 100 a 300 días de multa”.

Eso lo detalla en el artículo nueve, donde incluye infracciones por una conexión ilegal o alteración de los sistemas de control y medición en el servicio eléctrico, de agua potable o telecomunicaciones.

Cinco años de cárcel

En el artículo 13 se castiga a los que cometan hurto, agravado con un pena de dos a tres años de cárcel y multa de 120 a 300 días, y en los siguientes acápites se condena a quienes destruyan los registros informáticos, provoquen desabastecimiento o sabotaje debido a una interrupción injustificada. “Tendrá una pena de tres a cinco años de cárcel, además de sus respectivas multas administrativas”, agregan.

Asimismo, en los artículos 15 y 16 se detalla que las personas que causen desabastecimiento o sabotaje (entre ellos robo de cables y medidores), “se les impondrá la pena de 600 a mil días de multa… e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer profesión, oficio, industria y comercio”.

Las protestas civiles y de organizaciones de consumidores también fueron consideradas en este anteproyecto, pues serán sancionados con prisión de seis meses a dos años las personas que pinten o imposibiliten la lectura de los medidores, y quienes los destruyan recibirán pena de dos a tres años de prisión.