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Las armas decomisadas al guatemalteco Persi Alvarado Villagrán, el jueves de la semana pasada en las cercanías de Villa Nueva, en Occidente, fueron vendidas en una tienda de Managua y en otra de Masaya, según las investigaciones que ha realizado la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y que fueron dadas a conocer a EL NUEVO DIARIO.

Alvarado Villagrán, de 41 años y supuesto comerciante de ganado, a quien efectivos policiales le incautaron 17 pistolas Glock de distintos calibres, 9 milímetros, 44 y 45; un rifle Luger calibre 24 con mira telescópica, y 627 proyectiles calibre 5.56, que se usan para fusiles Galil y M-16, obtuvo las armas de manos de Róger Monge Fajardo, quien se encuentra detenido en Chinandega, según información brindada por la vocera de la Policía Nacional, comisionada Vilma Reyes.

De acuerdo con la fuente policial, Monge Fajardo y otras personas que se encuentran bajo investigación, compraron una parte del armamento en la Tienda Impacto, de Managua, y la otra en la Tienda Geovany, de Masaya.

Reyes dijo que las dos tiendas están autorizadas por la Ley 510 para vender armas, y que el delito se origina cuando las personas que las compraron las vendieron o traspasaron a manos de Alvarado Villagrán.

“Las armas fueron compradas legalmente en las dos tiendas, y posteriormente fueron vendidas o transferidas de forma ilegal y sin ninguna documentación a terceras personas, violando lo establecido en la Ley de Armas, es decir, no se cumplió con los requisitos”, explicó Reyes.

Los requisitos para el aval

De acuerdo con las declaraciones de Reyes, los que compraron las armas de manera legal en las dos tiendas que aparecen involucradas en el asunto, tuvieron que haber presentado récord policial, examen sicológico, examen general de salud, curso de adiestramiento para manejo de armas de fuego, constancia judicial de que no tenían causas judiciales abiertas o pendientes de fallo, fotos tamaño carnet y las proformas de los artefactos que se iban a comprar.

El guatemalteco fue capturado a las siete de la mañana del jueves 29 de enero en el kilómetro 189 del Empalme de Villa Nueva, carretera Chinandega-Somotillo, cuando trasladaba el arsenal a bordo de la camioneta Mazda, gris, placas P-319BZN.

La comisionada Reyes dijo que la DAJ ha continuado con sus investigaciones, y fue producto de ellas que el día domingo, 1 de febrero, se detuviera a Róger Monge Fajardo, uno de los vendedores ilegales que será puesto a la orden del juez correspondiente en Chinandega.

“Estamos investigando cuántos fueron los compradores que adquirieron de manera legal y que vendieron de forma ilegal”, dijo Reyes, quien señaló que no se ha especificado cuántas armas se adquirieron en Tienda Impacto y cuántas en Tienda Geovany.

“Tenemos información de que las armas iban con destino a una estructura del narcotráfico en Honduras, lo que constituye un duro golpe también al crimen organizado internacional”, precisó la comisionada mayor Reyes.

Por su parte, la comisionada mayor Glenda Zavala Peralta, jefe nacional de la DAJ, informó que de acuerdo con el artículo 352 del Código Procesal Penal, los capitalinos Byron Enrique García Bermúdez y Michel Azucena García Gómez, serán remitidos en las próximas horas a la orden de la Fiscalía por transporte ilegal de droga.

A Persi Alvarado le celebraron la audiencia preliminar el pasado sábado, después de que la Fiscalía lo acusó por tráfico ilícito de armas. Se conoció que en cualquier tienda, cada arma cuesta mil cien dólares.

Reinaldo Miranda, defensor del guatemalteco, dijo que presentó facturas demostrando que su cliente compró legalmente las armas, que no eran para ninguna actividad ilícita, por lo que la juez ordenó libertad bajo fianza a favor de Alvarado Villagrán, quien pagará una obligación de cinco mil córdobas, se presentará periódicamente al despacho judicial y no saldrá del país mientras concluye el proceso.

El jurista dijo que lo que cabe es una multa, tomando en cuenta que el chapín no tiene licencia para comercializar armas.

Lo trasladaron a Auxilio Judicial Nacional

Miranda se mostró molesto, porque cuando estaban en el trámite de la libertad, efectivos policiales de Chinandega trasladaron al guatemalteco a Auxilio Judicial Nacional de Managua, no se sabe con qué propósito. “A lo mejor quieren inventarle un expediente, es una actitud arbitraria de parte de la Policía, porque desconocen la decisión de la juez”, manifestó el abogado.

Expresó que el comisionado Lee Edwin López, jefe interino de la Policía de Chinandega, no lo atendió, por lo que sugirió a la primera comisionada Aminta Granera, Directora General de la Policía Nacional, hacer prevalecer el Estado de Derecho.

Dijo que si la Policía desea ampliar las investigaciones está en su derecho, pero que no deben retener a su cliente, quien, según él, se dedica a actividades lícitas con la comercialización de ganado en pie.

El comisionado Lee Edwin López dijo escuetamente a EL NUEVO DIARIO que verifican el caso, y aunque no tenía información oficial a mano, existe una orden para liberar a Alvarado Villagrán.

Tiene otras cuentas pendientes

Pero la comisionada Reyes dijo que el guatemalteco fue trasladado hacia la capital para responder por otros cargos que tiene pendientes, todos relacionados con el crimen organizado.

“No quiere decir que el hombre esté libre, porque el caso está abierto en Chinandega y será procesado en Chinandega por el juez que tiene bajo su jurisdicción el asunto. Se trasladó aquí para que responda por otros asuntos que no puedo revelar para no entorpecer las investigaciones”, dijo Reyes.