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Recuento de decisiones tomadas contra ley en 2007

Ortega vs. la legalidad

Desde que asumió la Presidencia de la República, el 10 de enero de 2007, Daniel Ortega Saavedra inició una cruzada para imponer su estilo de gobierno, caracterizado en numerosas ocasiones por estar al margen de las leyes y reglamentos institucionales, y que en su primer año ya dejó como resultado una crisis severa en los poderes Legislativo y Judicial, según opositores a su partido y expertos constitucionalistas.

Wilfredo Navarro, primer secretario de la Asamblea Nacional, indicó que desde el día de la toma de posesión, Ortega irrespetó la institucionalidad del país con el primero de varios intentos de ligar la identidad del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional, con su partido.

Desprecio a la legalidad

El experto constitucionalista Gabriel Álvarez consideró que 2007 ha sido un “muy lamentable y deplorable” año para el fortalecimiento de la institucionalidad y del Estado de Derecho, por las constantes acciones del presidente Ortega en contra de las normas legales del país que lo único que denotan son indicios de una voluntad “autoritaria y desprecio por la legalidad”.

Álvarez dijo que si hubiera sido otro el presidente que cometiera tantos excesos en contra de la ley, “no hubiese podido sobrevivir”, pues hace rato le habrían hecho renunciar al cargo aduciendo que el gobernante tiene una mentalidad autoritaria o dictatorial.

Pero, además, el diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) señaló al menos seis iniciativas del mandatario --de distinta índole-- que ha pretendido imponer, o ha impuesto, aun violentando leyes vigentes.

“Ortega siempre trata de hacer su gusto, y lo refleja en una serie de actitudes, como por ejemplo, la confiscación del Olof Palme, desde un inicio”, afirmó.

Olof Palme

“Siendo una institución del Seguro Social, sin ningún decreto, sin ninguna resolución, invadieron el Olof Palme, para ocuparlo supuestamente como la Presidencia, y se apoderaron de él, y lo tienen allí sin darle uso, como un elefante blanco”, señaló Navarro Moreira.

La controversia inició inclusive días antes del traspaso de gobierno, cuando Rosario Murillo, entonces futura primera dama de la República, informó que la sede presidencial estaría en dicho edificio, propiedad del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), bajo el argumento de la “austeridad” y “sencillez” que implementaría la nueva Administración.

Sin embargo, dicho traspaso jamás ocurrió, y el origen y la cantidad de los fondos para remodelar el inmueble, permanece todavía como uno de los secretos mejor guardados del gobierno sandinista. “Se le metió plata, y no se sabe de dónde salió la plata”, recordó Navarro.

Álvarez señaló que la manera como se “tomaron” el Olof marcó la pauta de lo que sería la manera de gobernar de Ortega, contraviniendo la ley y afectando de manera directa el Estado de Derecho.

“En un verdadero Estado de Derecho, los procedimientos y las formas son mucho más que meras formas, porque tienen que ver con la verdadera esencia de la democracia. Puede ser que una decisión no sea correcta, pero si cumplió con los procesos, es legal y es legítimo, pero en el caso del presidente Ortega, hace las cosas como le parecen, sin importar las leyes”, dijo Álvarez.

“Escudo sicodélico”

Otra controversia con la que despuntó el gobierno de Daniel Ortega fue la sustitución del Escudo de Nicaragua --en la papelería oficial--, por un escudo de diseño estrambótico, irregular en sus trazos y con una desacertada combinación de colores, lo que le ganó el mote de “escudo sicodélico”.

“Ortega también mostró su totalitarismo, con el hecho de sustituir el Escudo Nacional --violentando la Ley de Símbolos Patrios-- para establecer lo que yo llamé en su momento, y ya se quedó, el escudo sicodélico, tipo festival de Woodstock”, dijo Navarro.

Según la Ley sobre características y uso de los Símbolos Patrios, las contravenciones que constituyen desacato o falta de respeto a dichos símbolos, se castigarán, según su gravedad y las condiciones del infractor, con multa de 100 a 500 córdobas, o con arresto de hasta quince 15 días.

Álvarez indicó que, en este caso, si a Ortega no le gusta el escudo nacional oficial, lo que hubiese hecho es solicitar una reforma a la Asamblea para cambiar el símbolo, pero no tratar de imponerlo, aun cuando existe una resolución del Parlamento que le ordena no usar el escudo sicodélico en información oficial.

“Hasta una solicitud de 30 ó 25 millones de dólares, que se estaba introduciendo en la Asamblea Nacional, yo la rechacé, y se las devolví, y tuvieron que enviar la correspondencia con el escudo como dice la ley, aunque abajo hayan puesto el escudo de Woodstock. Pero aquí estamos obligándolos a que cumplan la Ley de Símbolos”, aseguró Navarro.

El origen sandinista de la Policía y del Ejército

Según Navarro, otro aspecto de la imposición “monárquica” y “totalitaria” del presidente Ortega, ha sido la centralización de la publicidad gubernamental, “para tratar de manosear a los medios de comunicación”.

El diputado indicó que ni siquiera el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional han escapado a las pretensiones de Ortega de utilizar ambas instituciones a favor de su partido.

“Los cuadros superiores del Ejército y de la Policía estuvieron en una fiesta partidaria, como fue la fiesta del 10 de enero, que hizo el Frente, luego de la toma de posesión. Trató de involucrar al Ejército y a la Policía llevándolos a la fiesta política, algo que nunca se había dado”, recordó el diputado.

“Entonces, Ortega primero dijo que sus orígenes eran sandinistas, tratando de darle un matiz político”, apuntó.

“Recientemente, en un discurso, dijo que el Ejército y la Policía no podían ser apolíticos. Entonces, quiere darle una vinculación partidaria al Ejército y a la Policía, que es otro de los atentados a la institucionalidad, porque si algo hay en lo que hemos avanzado, es en la institucionalidad del Ejército y de la Policía”, aseveró Navarro.

Los cargos a su esposa

Los nombramientos de Rosario Murillo, como coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, y como secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes), rayan también en la ilegalidad, según el diputado.

“La Ley de la Contraloría y la Ley de Probidad establecen que no podés darle cargos con función pública a parientes. Y él, reiteradamente, ha estado estableciendo cargos en el Conpes y en la secretaría de comunicación, para su esposa, la señora Murillo, que eso es ilegal, e implica sanciones para la persona que lo hace”, advirtió.

Álvarez dijo que en este caso Ortega “trata de imponer lo que quiere con una mente de monarca, soberano o emperador, dejando entrever que la ley no lo vincula al Gobierno, lo cual es peligrosísimo en cualquier sociedad, pero, sobre todo, porque se trata de nepotismo, y la historia de Nicaragua ya nos ha dado lecciones sobre ese tipo de intenciones”.

Lo de “perros rabiosos”

“El otro reto frontal es el que tiene con la Asamblea, cuando él dice: Ustedes hacen las leyes, pero yo tengo el poder, y voy a reglamentar”, dijo Navarro.

“Después dice que va a gobernar por decreto. Y después señala a los diputados de “perros rabiosos”. Hay un total irrespeto a la autoridad del Poder Legislativo”, señaló.

Decretos nulos y Consejos “inexistentes”

Sin embargo, entre las arbitrariedades que más atenten al cumplimiento de las leyes dentro de la actuación del Poder Ejecutivo, están el incumplimiento de los requisitos para dictar y ejecutar decretos, y la imposición como estructuras de gobierno, de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), creados en el seno del Frente Sandinista.

“Por ejemplo: dice la Constitución que el presidente puede dar decretos. Pero sus decretos deben de estar sancionados por el secretario de la cartera, y esto no ocurre”, reveló.

“Todos los decretos de la cartera, son nulos de nulidad absoluta: con los que crea a los CPC, con los que nombra a la señora Murillo, porque no lleva la firma de un secretario que le autorice los decretos, y la Constitución es clara, y dice que los decretos presidenciales deben ser sancionados por el secretario correspondiente”, sostuvo.

“Y revisá en La Gaceta: ninguno lo está. Por tanto, están viciados de nulidad, pero Ortega, por sus pistolas, y a sabiendas de que están violando la ley, continúa haciéndolo”, añadió.

CPC: pretensión más peligrosa

Pero el más peligroso y controversial de todos los mandatos totalitarios del presidente, es la asignación de atribuciones a los CPC, “contra toda ley expresa”, para manejar créditos de programas de asistencia desarrollados por el Poder Ejecutivo, o el dinero de la venta de granos básicos.

“Con el agravante de que están vendiendo las donaciones que van para la zona Caribe”, añadió.

“Lo que quiere Ortega es establecer una vinculación paraestatal institucional de los CPC, como que son órganos del Estado, y es más, darles funciones y atribuciones de los ministerios, y asignarles recursos, que eso es atentatorio contra la Ley de Participación Ciudadana y contra el criterio de igualdad de la sociedad”, reiteró Wilfredo Navarro.

“Es la pretensión más peligrosa, porque a través de los CPC está haciendo una trastocación de la institucionalidad, y estableciendo una vinculación directa Estado-Partido, porque los CPC son las mismas estructuras del Frente Sandinista”, concluyó.

Y reconoció que este interés de instalar los consejos, “son la principal trinchera de batalla ahora”.

Álvarez estimó que si Ortega quiere en realidad mantener la estabilidad del país y evitar los choques que mantienen enfrentados a los poderes del Estado, debe respetar principios fundamentales que rigen en las verdaderas democracias como el de la Supremacía Constitucional, que dice la Constitución es la norma básica que debe acatarse.

El segundo principio es de la Legalidad, que dice que nadie tiene más competencias que las que la ley le señala, el principio de División de Poderes, porque cuando se trabaja en base a un Estado de Derecho, cada poder del Estado tiene un ámbito de actuación, y quien marca las grandes pautas de una sociedad es el Poder Legislativo, no el Ejecutivo.

Parte de los reclamos de la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional ha sentado su posición sobre las decisiones del presidente Daniel Ortega, cuestionadas por su comprobada violación a los reglamentos y leyes establecidos en el marco de la actuación del Poder Ejecutivo.

A continuación, algunas de las resoluciones y declaraciones emitidas por el Parlamento:

Declaración de la Asamblea Nacional donde se le pide al presidente Daniel Ortega, que cumpla con la ley para cedular a los nicaragüenses radicados en el exterior.

Resolución de la Asamblea, que critica y condena su discurso en Chile en la XVII Cumbre Iberoamericana de Chile, donde protagonizó, junto con el presidente venezolano Hugo Chávez, un altercado con el Jefe del Gobierno Español y el Rey de España.

Resolución que establece un rechazo claro a la injerencia del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, a las actuaciones de la Asamblea Nacional, a través de una sentencia que valida a los CPC como estructuras del gobierno .

Declaración que insta al presidente Daniel Ortega a cumplir la Ley sobre característica y uso de los Símbolos Patrios.

Resolución que condena y rechaza las atribuciones otorgadas a los Consejos del Poder Ciudadano.