Jorge Eduardo Arellano
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Madrid
EUROPA PRESS

La Comunidad de Madrid votó hoy en contra del Plan Director de Cooperación 2009-2012 porque destinará ayudas de cooperación a los gobiernos de Cuba y de Nicaragua, donde “no hay garantías democráticas”, y no directamente a sus ciudadanos a través de ONG o asistencias técnicas.

Según informaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Inmigración y Cooperación, el Gobierno regional “se ve obligado a no dar su voto favorable al Plan hasta que se garantice evitar que un solo euro de los contribuyentes españoles se entregue a los gobiernos de estos dos países americanos”.

“La cooperación al desarrollo le cuesta a cada familia española más de 500 euros al año. Queremos que se mantenga la cooperación a los ciudadanos, pero sin desembolso de fondos a los gobiernos, y que se excluya la ayuda programática --apoyos presupuestarios, fondos comunes-- y la ayuda multilateral, cuyos fondos puedan ir destinados a los gobiernos de Nicaragua y de Cuba”, agregaron.

La Comunidad alega, en su voto negativo, que en el propio borrador del Plan Director se afirma que el objetivo general de la cooperación española es “promover la mejora de la calidad de la democracia y el respeto de los derechos fundamentales desde una participación real y efectiva de la población”.

“Además, la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, afirmó en su comparecencia ante la Comisión de Cooperación al desarrollo del Congreso de los Diputados el pasado 18 de diciembre, que ‘no es posible el desarrollo de un país, si el país socio con el que trabajamos no busca también su desarrollo’”, indicó.

En este sentido, el Gobierno Regional considera que, usando el criterio de la Secretaria de Estado, el desarrollo de Nicaragua y de Cuba “no es posible porque sus gobiernos no buscan el desarrollo de sus poblaciones, sino la permanencia de sus dirigentes en el poder”


Nicaragua y Cuba, países prioritarios
Para la Consejería de Inmigración y Cooperación, la inclusión de Nicaragua y de Cuba como países prioritarios del Plan Director de Cooperación 2009-2012, suscita la pregunta de cómo se van a cumplir las premisas expuestas en estos dos países. Nicaragua ha sido incluida en el Grupo A de países prioritarios de la cooperación española, con los que se establecerá “un marco de asociación a largo plazo basado en los principios de la eficacia de la ayuda, que permita la canalización de elevados volúmenes de AOD y el uso de un amplio espectro de instrumentos.

Mientras, Cuba ha sido incluida en el Grupo C de países prioritarios de la cooperación española, que permitirá “el establecimiento de estrategias de asociación concretas para la promoción del desarrollo a través de, entre otros, el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas y la provisión de bienes públicos globales”, indicaron las mismas fuentes.

Según explicó la Comunidad, Nicaragua vive actualmente una “gravísima situación” de regresión de sus libertades públicas básicas y de sus garantías democráticas. “El pasado 9 de noviembre se celebraron en dicho país unas elecciones municipales que todos los observadores internacionales han considerado como fraudulentas. La Unión Europea reaccionó el 16 de diciembre anunciando que suspendía una ayuda de 23 millones de euros a Nicaragua por incumplimiento de su Gobierno de requisitos de gobernabilidad, transparencia y respeto de los derechos humanos. Aún estamos esperando la reacción del Gobierno español”, señaló a Europa Press un portavoz del departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty.

50 años de secuestro

Respecto de Cuba, el Gobierno regional aseguró que “lleva 50 años padeciendo el secuestro de su población por un Gobierno liberticida sin ningún tipo de respeto por los derechos humanos más básicos”. “La reacción del Gobierno español ha sido reanudar la cooperación con Cuba sin exigir a cambio ningún tipo de garantía de respeto de los derechos humanos”, criticaron las mismas fuentes.

En este sentido, la Comunidad destacó que hay que diferenciar las poblaciones de los gobiernos.

“Los nicaragüenses y los cubanos no son responsables de los abusos de sus gobiernos; al contrario, son los que los padecen en primer término. Por eso, la reacción de los países donantes no debe ser la congelación de las ayudas que lleguen a la población. En dicho caso, la población estaría doblemente penalizada: por la represión de sus gobiernos y por el abandono de la comunidad internacional”, apuntó.

Ahora bien, la Consejería aseguró que la solución debe procurar que los donantes eviten que un solo euro de sus fondos de cooperación se entregue a dichos gobiernos, ya que, en su opinión, esos fondos no servirán más que para mantener gobiernos “que son la principal causa de la falta de desarrollo de sus ciudadanos”.