•  |
  •  |
  • END

No es primera vez que la Ley de Amparo, nacida como consecuencia de las negociaciones de Esquipulas, en torno a justicia, es sometida a consideraciones, pues en los últimos años ha sido objeto de reformas producto de crisis políticas.

Esta semana, diputados de las bancadas de oposición, solicitaron a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que se haga una interpretación auténtica de la Ley 205, Ley de Amparo, luego de que los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaran en una sentencia que dicho recurso cabe contra el proceso de formación de la Ley.

La Ley de Amparo aparece como consecuencia de las negociaciones de Esquipulas, en un momento muy especial, que requería de una ley extraordinaria a través de la cual ejerciera el control constitucional y se tutelaran los derechos constitucionales de los nicaragüenses.

Es así como en 1988, durante el gobierno sandinista, la Asamblea Nacional aprueba la Ley de Amparo que ha sufrido reformas en 1995, en 2000 y en 2005. Cada una de ellas, ha quitado o agregado artículos para beneficiar a frenar a determinados sectores políticos que han pretendido abusar de la Constitución Política.

La primera vez

Su primera reforma se produjo en 1995, para frenar al entonces Poder Ejecutivo, dirigido por la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, y su yerno, el poderoso ministro de la Presidencia Antonio Lacayo, quien aspiraba a la sucesión de su suegra.

En junio de 1995, la Asamblea Nacional reforma la Constitución Política, y el seis de septiembre, por amplia mayoría legislativa, reforman los artículos 6 y 51 de la Ley de Amparo, para frenar los recursos de amparo que Lacayo, los ministros y viceministros de Chamorro pretendían promover contra las reformas constitucionales.

En la reforma a la Ley de Amparo argumentan que lo que está en proceso no está completo, y, por lo tanto, no se ha materializado la causa para justificar el Recurso, y establecen que no procede el Recurso de Amparo contra el proceso de formación de la ley, ni contra el nombramiento y destitución de los funcionarios que gozan de inmunidad.

El 17 de agosto de 1995, el Ejecutivo publicó ocho decretos que reorganizaban varias instituciones estatales, pero los manda a publicar con fechas antedatadas a junio para burlar lo acordado en la Ley Marco. El seis de septiembre la Asamblea Nacional, por mayoría, deroga los decretos presidenciales.

“Chicón” cambió criterios

Contra las Reformas Constitucionales recurrieron todos los ministros y viceministros del gobierno Chamorro, entre ellos, el entonces ministro del Trabajo y hoy Presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, quien tiene un criterio diferente al de aquel momento.

Los magistrados de la CSJ rechazaron los Recursos de Inconstitucionalidad promovidos por los funcionarios públicos y mantuvieron que el Recurso de Amparo no procede contra el proceso de formación de la ley, su aprobación y publicación.

La Ley permaneció así durante el resto del gobierno de Chamorro, y también a lo largo de la presidencia de Arnoldo Alemán, quien desde el primer momento trató de buscar el control de la CSJ después de las Reformas Constitucionales de 2000.

Fue hasta el final de su Administración que Alemán promovió una reforma al quórum de la Corte Plena, para tener el control. Fue así como el 16 de octubre de 2001, días antes de las elecciones nacionales, que Alemán refrendó la reforma a la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que le da el control sobre la CSJ.

La Asamblea Nacional reformó los artículos 26 y 31 de la Ley 260; en el primero se estableció que la Corte Plena formaría quórum con la presencia de por lo menos la mitad más uno del total de sus miembros.

Toda sentencia resolución o Acuerdo de Corte Plena requerirá del voto coincidente de por lo menos la mitad más uno del total de sus integrantes, sin perjuicio de los casos en que la Constitución Política establezca otro tipo de mayoría.

Antes de la reforma, el artículo 26 establecía que la Corte Plena formará quórum con la presencia de por lo menos las tres cuartas parte del total de sus miembros, y toda resolución o Acuerdo requerirá del voto coincidente de por lo menos los dos tercios del total de sus integrantes.

Lo anterior significaba que el quórum se formaba con 12 de los 16 magistrados y se resolvía con once votos en un mismo sentido. A partir de la reforma, el quórum se forma con diez magistrados y se resuelve con nueve votos en igual sentido.

En el artículo 31 se estableció la división de la CSJ, en cuatro salas: Constitucional, Penal, Civil, Contencioso Administrativo. Cada sala estará conformada por un número de no menos de tres miembros electos anualmente de entre sus miembros, en Corte Plena, con el voto favorable de por lo menor dos tercios de sus integrantes.

Cada sala conformará quórum con la presencia de por lo menos la mitad más uno del total de sus miembros. Toda resolución o Acuerdo de sala, requerirá del voto coincidente de por lo menos la mitad más uno del total de sus integrantes. Deberá elegirse a sus respectivos suplentes, para los casos de ausencia, excusa por implicancia o recusaciones.

Repartición de vacantes

Gracias a la reforma, los liberales mantuvieron el control en la CSJ, hasta que la perdieron cuando a los últimos magistrados que habían sido nombrados por Chamorro, al final de su mandato, se les venció su período, y las vacantes se las repartieron entre el Frente y el PLC.

En todos esos años se mantuvo la Ley de Amparo, con la reforma de 1995, hasta que en medio de la aprobación de la Ley de Carrera Judicial, jueces sandinistas recurrieron contra el dictamen de minoría de la Ley de Carrera Judicial, firmada por diputados liberales.

En el dictamen se establecía que quienes hubiesen pertenecido a cuerpos de represión no podrían pertenecer al Poder Judicial, lo que perjudicaba a jueces y magistrados sandinistas que habían pertenecido al Ejército y a la Policía Nacional.

La Sala Constitucional de la CSJ admitió un Recurso de Amparo de jueces y magistrados sandinistas, y en la sentencia declaró inconstitucionales los artículos 6 y 51 de la Ley de Amparo, y elevó a la consideración de la Corte Plena la ratificación.

Sin recurso contra formación de ley

El 23 de septiembre de 2004, a través de la sentencia 69, la Corte Plena declaró inconstitucionales los artículos 6 y 51 numeral dos de la Ley de Amparo. El artículo 51 establecía: “No procede el Recurso de Amparo, contra el proceso de formación de la Ley, su promulgación o su publicación, o cualquier otro acto o resolución legislativa”.

La declaratoria de inconstitucionalidad fue ratificada gracias a la modificación del quórum que hizo Alemán, pues fue aprobada con la votación de diez magistrados, todos los sandinistas y el liberal Carlos Guerra, con el viejo quórum de doce y once para emitir una sentencia no hubiese sido posible.

En esa oportunidad, disintieron los magistrados, Manuel Martínez, Nubia Ortega, Edgard Navas, Guillermo Vargas y Ramón Chavarría, argumentando que la Constitución Política no establece el control previo. Consideraron que la declaración atentaba contra la independencia de poderes del Estado, ya que es potestad inherente a la Asamblea Nacional el proceso de formación de la ley.

Los magistrados declararon inconstitucional la Ley de Amparo, aunque en la sentencia del 17 agosto de 2001, a través de la sentencia 98 habían ratificado la constitucionalidad del numeral 51, y declaró inconstitucional sólo la parte final, convirtiéndose en cosa juzgada. La parte final dice: “…cualquier otro acto o resolución”. En la misma sentencia se declaró inconstitucional el artículo 6, que dice: “… y en general, cualquier acto o normativa de rango inferior”.

En 2004, el ex presidente Enrique Bolaños pidió a los magistrados de la CSJ que ratificaran para su caso, la inconstitucionalidad de los artículos 6 y 51 de la Ley de Amparo, para evadir el cumplimiento de una resolución de la Contraloría General de la República (CGR) que le ordenó a la Asamblea Nacional su destitución.

Este año, Bolaños en su calidad de diputado de la Asamblea Nacional, utilizando esos dos artículos, recurrió contra la formación de la Comisión de desafuero.

Utilizando esos mismos artículos recurrieron miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) contra los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, mientras aprobaban la Ley 630, que deroga dichos consejos como estructuras del Poder Ejecutivo.

La Sala Constitucional integrada sólo con magistrados sandinistas, admitió el Recurso de Amparo y confirmó la inconstitucionalidad de los artículos 6 y 51 de la Ley de Amparo, lo que ha provocado una crisis en la institución.

Fue así como el futuro de la Ley de Amparo ha quedado de nuevo al vaivén de las circunstancias políticas.