Jorge Eduardo Arellano
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El dictamen de la Ley de Vivienda Social que se encuentra en la Asamblea Nacional en espera de pasar al plenario, obliga a las empresas privadas a financiar a sus empleados con el pago por adelantado de sus prestaciones laborales por años de servicio, para la compra y construcción de viviendas sociales nuevas.

Así lo establece el último dictamen de la Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social, al cual EL NUEVO DIARIO tuvo acceso, y donde se ignora el artículo del Código que elimina las indemnizaciones cuando el despido es por falta grave.

Este proyecto de Ley que se presentó bajo el nombre de Ley de Vivienda Digna el pasado 26 de octubre, fue modificado en un 85 por ciento de su contenido inicial.

Ahora, y tras ser supuestamente consensuado con diversas instituciones públicas, organismos de la sociedad civil y sectores de la empresa de la construcción y cámaras privadas, el proyecto establece “por ministerio de ley” y como apoyo a la adquisición de viviendas sociales, el pago adelantado de prestaciones laborales a los empleados que quieran gozar de ese beneficio, siempre y cuando tengan derecho a él.


Adelanto de liquidaciones
En el informe que acompaña al proyecto de ley, en su observación número 10, se lee una explicación sobre el capítulo correspondiente a “Adelanto parcial de las prestaciones laborales por años de servicios”.

“Se determinó la necesidad de establecer el pago parcial adelantado de las prestaciones laborales por años de servicios o antigüedad, actividad que será en beneficio del trabajador por parte del empleador”, sin especificar qué pasa si el trabajador pierde esta prestación por las causales que establece el Código del Trabajo.

“Dicho pago se realizará a solicitud de este último (empleado); la finalidad de esto es la obtención de recursos financieros que le permitan al empleado, la adquisición, construcción o mejora de su vivienda o bien la liberación de gravámenes sobre bienes inmuebles susceptibles de convertirse en vivienda de habitación”, se explica en el contenido del plan legal.

“En este sentido, se debe de entender por prestaciones laborales por años de servicio o antigüedad, la compensación económica que el empleador abona al trabajador por el tiempo de servicios prestados de acuerdo con la ley, en este caso el Código del Trabajo, lo que comprende vacaciones, treceavo mes y antigüedad”, reza el texto.

El Código de Trabajo vigente establece en su artículo 45 y subsiguientes, el derecho del trabajador a recibir una indemnización por años de antigüedad que equivale a un mes de salario por tres años trabajados, más 20 días de salarios adicionales hasta el sexto año de relación laboral. En total suman cinco meses de salario con techo.

Confirman dictamen

De acuerdo con el documento, la Ley fue consensuada y modificada luego de su presentación inicial como iniciativa de Gustavo Porras, y para ello se consultó al Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, a la Superintendencia de Bancos, al asesor Económico de la Presidencia de la República, Bayardo Arce Castaño, a la Red de Vivienda y al Movimiento Comunal, que a su vez presentaron 43,171 firmas de apoyo a este Proyecto de Ley.

Además (de acuerdo al informe de la Comisión respecto a la Ley), se consensuó con la Cámara de Urbanizadores, la Cámara Nicaragüense de la Construcción, el Consejo Superior de la Empresa Privada y otros como la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, la cual supuestamente no asistió a las consultas aduciendo “falta de tiempo para la elaboración de sus comentarios y poder comparecer ante esta comisión”.

Según el diputado liberal Eliseo Núñez Hernández, presidente en 2008 de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, y presentador del actual dictamen de la Ley de Vivienda Social, el documento ya está listo para pasarse a Secretaría del Poder Legislativo y discutir su aprobación en Plenario.

Otro diputado que participó en la modificación de la ley original, y solicitó omitir su identidad mientras no se apruebe la Ley, dijo que el documento ya cuenta con el respaldo de 13 de los 16 miembros que componían en 2008 la Comisión de Infraestructura.

Descuentos en planillas y multas

Además de esa política de ley que obligaría a la patronal a indemnizar por adelantado al empleado para que éste pueda invertir en su vivienda, el proyecto jurídico establece una normativa denominada “Régimen Especial de Descuento Automático de Planillas”, mediante la cual los bancos pueden deducir de las nóminas salariales de las empresas las cuotas de pago de la vivienda social adquirida por el trabajador.

La ley define vivienda social a aquellas casas de entre 36 y 60 metros cuadrados de construcción, en lotes menores a 300 metros de superficie y cuyos costos no superen los 20 mil dólares.

“En el texto de la ley se define un Régimen Especial de Descuento Automático de Planilla de Cuotas de Pago por Préstamos otorgados por las instituciones financieras del país para la adquisición, construcción, reparación o mejoras de vivienda de habitación”, se reza.

“Este Régimen Especial se aplicará en los centros de trabajo del país por parte de los empleadores en general, y cuya naturaleza es de carácter voluntario para todos los empleados del sector público y privado, debiendo manifestarse expresamente por escrito su acogida al mismo, debiéndose notificar de la misma forma al empleador y a la autoridad de aplicación de la presente Ley y su Reglamento”, dice el documento, el cual abajo establece multas y sanciones al empleador que se negare a brindarle el servicio al empleado.

Obligados a “solidarizarse”

En el artículo 76 del proyecto, referente al capítulo X “De la creación del régimen especial de descuento automático de planilla”, se establece la categoría “multa”.

Y se explica: “Una vez aceptado el Régimen Especial por el empleado, el empleador que se niegue a realizar las deducciones salariales para el pago de créditos de vivienda y que hayan sido debida y formalmente solicitadas y autorizadas por sus empleados por escrito y con indicación del monto de la respectiva deducción, se les impondrá una multa de hasta cuatro veces el salario mínimo fijado de conformidad con la Ley Nº 625, Ley del Salario Mínimo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Número 120 del 26 de junio de 2007, por cada vez que se incumpla”, advierte.

Y más abajo, siempre en el mismo capítulo, se establece la “solidaridad” obligatoria de la patronal de responsabilizarse por los pagos de cuotas de su empleado ante las instituciones financieras con las que el empleado hubiese tratado la deducción de los abonos del salario nominal.

“El empleador será solidariamente responsable frente al acreedor por el pago de las cuotas en concepto de créditos de vivienda que omitió deducir y enterar, siendo, además, responsable del pago de los intereses por mora y demás daños y perjuicios que genere su acción u omisión mientras el trabajador labore para este”, dicta el proyecto.