• |
  • |
  • END

El caso de las 17 pistolas Glock 17 que pretendían ser trasladas de contrabando a Guatemala por el ciudadano de ese país Perci Alvarado Villagrán, demuestra el “tráfico de hormigas” que se da desde Nicaragua para proveer al crimen organizado de la región, por las debilidades que tiene la Ley 510, consideró Roberto Orozco, Director del Programa de Seguridad y Crimen Organizado del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).

Orozco dijo que los vacíos que se observan en la Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales, dan espacio a que el crimen organizado actúe a sus anchas.

Agregó que la norma aprobada no pone límite a la cantidad de armas que por licencia adquiere una persona. Esto significa que si alguien adquiere una licencia de portación y uso de armas de fuego, por esa licencia puede comprar hasta 10 pistolas o escopetas.

“La falta de este límite en la cantidad de armas que se pueden adquirir es lo que ha generado un tráfico de hormigas, el cual fue contemplado y descrito en nuestra investigación sobre tráfico de armas”, indicó.

Pero no sólo es debilidad de la ley

Recordó que desde 2006, se han venido conociendo de casos de individuos que compran 5 ó 10 pistolas y las sacan del país ilegalmente. El caso más reciente, antes que estallara el del guatemalteco, fue el de un piloto hondureño que trabajaba en Nicaragua, quien compró 10 pistolas Glock a una armería en Masaya y las introdujo ilegalmente en Honduras. Añadió que la delincuencia organizada detectó lo anterior inmediatamente y comenzó a comprar armas.

No obstante, indicó que hay un punto que está permitiendo esto y no tiene que ver con la ley, y es la falta de control y supervisión de parte de la Dirección de Armas Explosivos y Municiones (DAEM) a los expendios legales de armas.

“Me refiero a la capacidad institucional, la cual es limitada en el caso de la Policía y la DAEM para supervisar periódicamente todos los puestos legales de armas. Por eso, a las armerías no les interesa saber a quiénes les están vendiendo las armas, pues ese es su negocio; vender”, dijo.

El comisionado mayor Horacio Sobalvarro, jefe de la Dirección de Armas y Explosivos de la Policía, dijo a EL NUEVO DIARIO que los almacenes y tiendas de armas que se han visto involucradas en el caso de la venta de las 17 pistolas Glock 17, incumplieron con la Ley 510.

“Indiscutiblemente que en este último caso hay debilidades administrativas, nosotros las estamos documentando para las respectivas tomas de decisiones. La Ley habla de que una portación no es transferible, es personal, y al haberse dado una situación en la que al parecer se ocuparon las portaciones de otras personas (para adquirir las Glock), está totalmente claro que no se corresponde con la Ley”, dijo Sobalvarro.

“Si es por cantidad, la compra de armas es mejor, y como no hay supervisión, no importa, se venden sin cumplir con muchos de los requisitos administrativos y jurídicos establecidos por la Ley 510. Éste es el fundamento del tráfico de hormiga”, insistió Orozco.

Policía y Ejército, juez y parte

Orozco expresó que tampoco existe un límite en la cantidad de armas que puede importar una persona natural o jurídica con una misma licencia, y algo curioso, a juicio del especialista, es que las importaciones deben coordinarse con la Dirección General de Aduanas, pero a la vez son supervisadas por la Policía Nacional y el Ejército, quienes también ejercen funciones de control.

“Si alguien es familiar de un alto jefe de estas instituciones y está en el negocio de importación de armas, esto puede generar un conflicto de interés que no lo prevé la ley. Es decir, al jefe militar del puesto le pueden decir que tal lote es de la parienta de tal coronel o alto oficial, y, por ende, la supervisión será superficial”, estimó.

Destacó como importante el hecho de que no existe una discusión democrática alrededor de los temas de seguridad, y, en particular, sobre tráfico de armas. Basó su afirmación en el hecho que desde que se reactivó la Comisión Multidisciplinaria (Arto. 150; Ley 510) el Ieepp ha solicitado su ingreso y participación en la misma para exponer nuestros puntos de vista y hallazgos de las investigaciones que hemos realizado sobre tráfico ilícito de armas, y no ha tenido respuesta.

“La ministra de Gobernación, quien preside esta comisión, nunca respondió a nuestras solicitudes de integrar esta comisión que, por mandato de ley, establece un espacio participativo a los ONG que tratan el tema”, lamentó.

Habla el que se negó a si mismo

Mientras tanto, Rafael Sirias Solís, el hombre que el martes pasado se negó a sí mismo, accedió ayer a brindarnos una entrevista, y negó que haya sido del almacén Armas y Municiones (Armas S.A.) de donde salió la información de las portaciones de armamento de cuatro personas, las cuales fueron utilizadas para comprar parte de las 17 Glock en la tienda Nuevo Impacto.

“La verdad es que a cada cual, aquí, se le ha tratado de resguardar su copia de portación y de cédula. Para nosotros también ha sido un golpe fuerte y una razón de asombro saber que las copias de todas estas personas hayan aparecido en otro lugar”, dijo Sirias, quien se notaba sumamente nervioso y leía dos páginas en las que había preparado lo que iba a decir.

Explicó que cuando se negó a sí mismo lo hizo para evitar afectar las investigaciones de la Policía Nacional, pero no porque haya tenido miedo o esté implicado en algo irregular, aunque admitió que su actitud produjo suspicacias y “con razón”.

“Lo que nosotros estuvimos viendo y haciendo son averiguaciones internas, tenemos nuestra hipótesis, estamos esperando que la Policía Nacional saque sus conclusiones para que sean ellos quienes determinen cómo pudo haber sido la fuente”, dijo.

Insistió en que no fue de la tienda de la que es gerente de ventas que salió la información de cuatro personas que han denunciado la usurpación de su identidad para un presunto tráfico de armas, pues ya tenían armas antes de comprar en su tienda, es decir, que sus datos pudieron salir de otra armería.

“Todos ellos ya eran portadores de armas, y, por tanto, no quiere decir que sólo aquí tenemos sus registros, como el señor Walter Ramos, que ya tenía otra arma antes de venir aquí a comprar”, dijo Sirias, quien señaló estar seguro de que no hay nada que temer y que confía en las investigaciones policiales.

Vinculado a ex jefe policial

Fuentes policiales informaron que Sirias es yerno del comisionado en retiro Julio González, quien fuera director de Auxilio Judicial, y a quien se le dio de baja de las filas de las entidades del orden, trabajó por un tiempo en la Procuraduría General de la República en Managua, y hoy es delegado de esa entidad en Masaya.

Las mismas fuentes señalaron la cercanía que hay entre el gerente de ventas de Armas S.A. y Léster Lemus, una persona que es una especie de “corredor” de armas, quien tiene grandes vínculos con personas ligadas al Ejército de Nicaragua.

Sirias nunca habló de esto ayer. Lo que sí reconoció es que trabajó con Róger Monge Fajardo, el nicaragüense vinculado a Perci Alvarado, en la armería “El Cazador”, en donde era una especie de “mano derecha” del ingeniero Carlos Zamora, que era el Gerente General.

Dijo que en Armas S.A. tratan de apegarse a los que dicta la Ley 510. “Aquí viene una persona y hacemos que nos firme una factura; para poder vender un arma exigimos cédula; la portación, de la que nos dejamos una copia; si es primera vez exigimos el aval que otorga la Policía, es decir, se ejerce control”, aseguró.

El ingeniero Zamora confirmó ayer que Monge trabajó mucho tiempo con él en El Cazador hasta mediados de 2008, cuando se retiró de la tienda. “Efectivamente, fue un buen trabajador, no podría meter las manos al fuego por él, pero creo que si la Policía tiene elementos es porque sus investigaciones así lo determinan”, indicó.