Eloisa Ibarra
  • |
  • |
  • END

La magistrada Ligia Molina opinó que el proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional para regular los cobros por embargos y otras actividades judiciales es inconstitucional, porque es una facultad privativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El Proyecto de Ley de Juzgados de Ejecución de Resoluciones Judiciales, estipula que los jueces tendrán la capacidad y competencia para ejecutar mandamientos judiciales de embargos preventivos, embargos ejecutivos, requerimientos, desahucios, deslindes y amojonamientos y aposición de sellos, así como todas las relativas a ejecuciones judiciales.

Los jueces, según la iniciativa, cobrarían por ejemplo 15 dólares por la ejecución de una resolución cuyo monto sea de 100 a 25 dólares. En caso de que sobrepase los mil dólares, además de los 15 dólares se agregará un 4 por ciento de excedente, lo cual irá a una cuenta de la CSJ.

Molina, miembro de la Sala Constitucional de la CSJ, explicó que la creación de juzgados y nombramientos de jueces es competencia privativa de la CSJ y los diputados no pueden legislar al respecto.

Además, dijo que la iniciativa viola la Ley de Carrera Judicial, porque los diputados proponen el nombramiento como jueces de abogados que no pertenecen al Poder Judicial y que no entrarían a concurso para su nombramiento.

CSJ forma equipo

Indicó que la CSJ trabaja en la creación de un grupo de jueces que serían los que ahora son suplentes, los que tendrían rango de juez de distrito y se encargarían de ejecutar los embargos, requerimientos, instalación de interventores en las empresas y nombramiento de depositarios.

Aunque se establecería el arancel por cada ejecución, el juez --explicó Molina-- tendría un salario fijo, porque la persona depositaría el dinero en una cuenta de la CSJ, que serviría para gastos de la Corte.

La creación de este grupo de jueces que tendrían competencia por circunscripción, se ha retrasado, según Molina, porque aún están analizando los aranceles para cada diligencia.

Según los diputados, la ley tendría como objetivo ponerle fin al abuso de los jueces en los cobros por embargos que efectúan en beneficio propio.