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Autoridades de Seguridad Pública de El Salvador recomendaron a los mandos policiales nicaragüenses y al Gobierno mayor beligerancia en el control de ventas de armas y municiones, para evitar que nuestro país se convierta en un proveedor de artefactos de fuego que, a través de los múltiples huecos fronterizos, podrían caer en manos del crimen organizado que opera en la región.

Oscar Bonilla, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública de El Salvador, dijo que la situación sobre el manejo de armas en Centroamérica se puede complicar si desde los países del istmo no se demuestra una voluntad de combatir frontalmente situaciones que faciliten el acceso a armamento a grupos peligrosos ligados al narcotráfico y a las “maras” o pandillas.

“Nosotros esperamos una reacción de la institucionalidad nicaragüense, y sugerimos que se restrinja lo más que se pueda la venta de armas, y que sean más drásticos al momento de vender a cualquier persona, de manera que se comprueben los datos que se están dando al momento de una transacción de este tipo”, dijo Bonilla a EL NUEVO DIARIO.

Alaba a Colom como ejemplo a seguir

Alabó la decisión del presidente de Guatemala, Álvaro Colom, de ordenar la suspensión de entrega de licencias para portar armas de fuego catalogadas como ofensivas.

“Es una gran decisión del presidente Colom, porque es con decisiones fuertes y firmes que se combate este fenómeno que sólo beneficia al crimen organizado y perjudica a nuestras sociedades”, dijo Bonilla.

Indicó que en Centroamérica circulan ilegalmente un millón de armas, de las cuales sólo en Nicaragua podrían estar unas 300 mil, que en algún momento, podrían caer en manos del crimen organizado y causar estragos en la población civil del país y de la región centroamericana, según información que manejan autoridades.

El jefe de la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones (DAEM), de la Policía Nacional, comisionado mayor Horacio Sobalvarro, confirmó que de más de 125 mil 573 armas de fuego registradas en el país, un 20 por ciento, que equivale a un poco más de 25 mil armas de fuego, son portadas por sus dueños con licencias vencidas.

Bonilla dijo desconocer en detalle el último caso del guatemalteco Percy Alvarado Villagrán, a quien se le ocuparon 17 “Glock 17” cuando pretendía sacarlas del país hacia su patria, vía contrabando, en un proceso en el que se comprobó la usurpación de portaciones de armas de al menos cuatro personas, pero que en todo caso lo que debe prevalecer es el rigor de las autoridades para tener un control real sobre quienes obtienen artefactos bélicos.

Señaló que en el caso de El Salvador han determinado incrementar los controles en las armas de fuego, de manera tal que la persona que compre una, además de tener un permiso de las autoridades, presente o certifique que vive en la dirección que está dando, con facturas de servicios básicos, de manera que cuando la autoridad llegue a comprobar no se encuentre sorpresas.

“Esto lo hicimos porque nos dimos cuenta de que había gente que registraba armas, pero que daba otro domicilio donde nunca había vivido”, mencionó.

Gobierno y autoridades deben ser más enérgicos

Estimó que la situación que se vive en el istmo debería llevar a los países de la región --pero sobre todo a Nicaragua, que tiene un programa con Naciones Unidas para control de armas pequeñas y ligeras--, a mostrar un mayor apoyo a los gobiernos en el tema de manejo de las armas de fuego.

“Nicaragua no tenía antes mayores dificultades, sino hasta este momento que se está dando un mayor auge de armas de fuego, porque la Policía Nacional mantenía estricta vigilancia, pero últimamente hay más circulación de armas desde Nicaragua”, sostuvo.

“Éste es un tema que nos ha llamado bastante la atención, sobre todo porque armas de fuego, droga y pandillas, son tres factores que hacen que nuestros estados no tengan la capacidad para responder con la misma fuerza que está teniendo el desarrollo de este tipo de actividades delincuenciales en la región”, agregó.

Dijo que la información que tienen los lleva a afirmar que las maras están buscando nuevas conexiones, y que la integración regional, facilita eso.

“En el caso de Nicaragua, está a un paso de Honduras, y tenemos datos de que hay líderes de pandillas que han ingresado a Costa Rica por Heredia, y las pintas y grafitis que se encuentran en las cárceles de Nicaragua, son iguales a los que vemos en las de El Salvador”, mencionó.

Fronteras permeables

“Además, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha hecho estudios sobre manejo y control de armas, que han demostrado que hay demasiado armamento ilegal en la región y hay demasiada frontera porosa, porque la integración regional hace que además de que exista movilidad de mercadería y de personas, circule la delincuencia de un país a otros, y que circulen armas, y eso sí nos ha preocupado”.

El caso del guatemalteco Villagrán ha provocado críticas y reacciones sobre los verdaderos controles que ejerce la Policía sobre las armerías del país, que suman un total de 41. Las críticas también han sido para las debilidades de la Ley 510, Ley de Armas, Explosivos y Municiones, pues da espacio al llamado “tráfico de hormigas”, ya que no restringe la cantidad de artefactos que se pueden comprar por persona.

Las 17 Glock decomisadas fueron vendidas en la tienda “Nuevo Impacto”, de la que es copropietaria Ligia Alemán, esposa del jefe del Ejército Omar Halleslevens. Al menos cuatro de las ocho personas que aparecen como compradores en las facturas de la armería dijeron que sus documentos fueron usurpados, pues el único lugar donde habían comprado armas, era el almacén Armas y Municiones S.A.

Pero Rafael Sirias Solís, Gerente de Ventas de ese local, negó que de ahí haya salido información reflejada en las facturas, aunque reconoció conocer a Róger Monge, quien está detenido junto al guatemalteco Percy Alvarado. Sirias y Monge trabajaron juntos por algún tiempo en armería El Cazador.

Sirias también negó tener vínculos con el comisionado en retiro Julio González, a quien algunas fuentes policiales mencionaron como su suegro.

No tiene yerno apellido Sirias

El mismo González se presentó a END y aclaró que no tiene nada que ver con el caso ni con los mencionados, y a la vez negó ser funcionario de la Procuraduría General de la República. “No tengo ningún yerno de apellido Sirias, no fui dado de baja de la institución policial, sino retirado con el grado de Comisionado Mayor, de acuerdo con la Ley 228, y no soy delegado de la Procuraduría en Masaya”, dijo González, quien considera grave el asunto y no quiere que se le vincule de ninguna manera.

Ayer por la mañana, la Fiscalía designó a la fiscal especial Grethel Fernández Sánchez, como encargada de presentar el intercambio de pruebas y hacer en el juicio contra los dos implicados el próximo 18 de febrero, en lo que se refiere al tráfico de armas, y el 26 de febrero, de coautores de crimen organizado.

La Fiscalía solicitó ampliación de pruebas a la Policía para sustentar con todo su acusación, pues tienen argumentos fuertes en cuanto a traficar, pero tienen que obtener más en lo que se refiere a crimen organizado
La idea es que no haya dudas de los nexos de una red para traficar armas. La fiscal se personó ante la juez primero de audiencia de Chinandega, Rosario Ibarra Padilla.