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El director ejecutivo del Programa Productivo Alimentario “Hambre Cero”, Gustavo Moreno, renunció a su cargo por acusaciones de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), luego que dirigentes del paraestatal organismo político del gobierno, cuestionaran la participación de intermediarios privados que proveían de animales e insumos al programa oficial.

Moreno, quien estuvo al frente del programa social del gobierno, confirmó a EL NUEVO DIARIO que renunció oficialmente al cargo el pasado 9 de febrero, luego de que las instancias superiores del Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor) solicitaran a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoría al proyecto alimenticio, la que fue ordenada el 22 de enero pasado.

Según Moreno, los dirigentes locales de los CPC, encargados de reclutar a las familias beneficiarias y entregar los bonos productivos y alimenticios, se empezaron a quejar, principalmente, de las calidades de las vacas.

De “coimas” y “tajadas”

“Se empezaron a emitir opiniones que jugaban con la dignidad de uno, entonces ya no había confianza y renuncié”, dijo Moreno, quien especificó que las acusaciones de los dirigentes de los CPC eran sobre “coimas” y “tajadas” por la compra de animales.

Moreno detalló que el programa gubernamental no tiene capacidad técnica ni logística para buscar las 30 mil vacas que se requieren para entregárselas a las familias seleccionadas por los CPC, razón por la cual se recurrió a la compra directa a intermediarios privados que usaban medios propios y recursos económicos personales para buscar los semovientes en todo el país. Luego ofertaban la carga al Magfor, que las compraba para “Hambre Cero”.

De acuerdo con Moreno, las vacas estaban tasadas a un precio de nueve mil córdobas por ejemplar, pero algunas podían valer menos en los mercados locales, sin embargo, como los animales eran llevados por los intermediarios, éstos cobraban los gastos incurridos en la búsqueda de los cuadrúpedos.

“Sí, es verdad que algunas vacas no satisfacían las calidades técnicas, pero es lo que había en el mercado, y si un intermediario la compró a siete mil u ocho mil pesos, no va a venderla al mismo precio, tiene que ganar por su trabajo, y eso no lo entendieron los Consejos del Poder Ciudadano y empezaron a acusarme de coimas”, se quejó Moreno.

CPC molestos

EL NUEVO DIARIO buscó una versión oficial en el Magfor con el Ministro Ariel Bucardo, por medio de su asistente Arlen Navas, pero no obtuvimos respuesta. La funcionaria dijo que le informaría a Bucardo y que regresaría la llamada. No lo hizo.

Moreno explicó que “el problema básicamente es que el Poder Ciudadano del Ministerio es el que se encarga de buscar a los proveedores del ganado”.

“La compra la hace un comité en el Ministerio que ve los términos técnicos de cada rubro que compone el bono, y ellos deciden a quién se le asignan las cuotas. Entonces, en algún momento, el Poder Ciudadano cuestionó que se estaban comprando vacas que no llenaban los requisitos de calidad, pero en efecto, eso se compra en los territorios y uno es ajeno a que si la vaca es blanca o es ajena, o le gustó o no le gustó a los CPC. Eso escapa a nosotros”, se quejó el funcionario.

El ex director ejecutivo del programa Hambre Cero dijo que a partir de esas quejas se empezó a poner en duda la legitimidad de la forma y la transparencia del proceso de adquisiciones.

“Cosas van a salir”

“Decían que eso se prestaba a algunas comisiones, a coimas en las compras. Entonces decidieron mandar a pedir una auditoría, la auditoría está ahí y ahí vamos a ver. Esas cosas a mí me condujeron a renunciar por dignidad”, exclamó Moreno, quien asume cualquier responsabilidad que encuentre la CGR.

“Ahí van a salir cosas en la auditoría en la Contraloría, si salgo pegado que me apliquen la sanción que corresponda”, dijo.

“¿Pero usted está consciente de que hizo las cosas de la mejor manera y con transparencia?, se le preguntó a Moreno, y respondió que ni siquiera tenía acceso a documentos o dinero.

“Es que eso es una cosa que uno ni siquiera maneja. Yo no tengo acceso a documentos, ni a dinero ni a contrataciones. Eso es de transparencia absoluta, pero aquí a unos se les ocurre decir cualquier cosa y entonces van sobre uno, pues. Por eso dije yo, ¿para qué (seguir), si ya a uno no le tienen confianza?, entonces mejor me fui”.

CPC no gustan de vacas flacas

“Dos años trabajé yo ahí, podía llegar a cualquier lado a buscar los mejores animales para entregarlos, pero las leyes del mercado son las que rigen en cada departamento. Es una relación de conveniencia: vos llegás, ofertás y el vendedor ve si le conviene o no le conviene”.

“Si la vaca no le gustó al Poder Ciudadano o es muy fea o no tiene las calidades, eso lo decide la parte técnica que está designada en el territorio, pero no estoy yo en cada compra. Si eso ocurre en todo el país, y son más de 30 mil vacas, es imposible que el director del programa esté en cada compra que se hace de cada vaca”, se defendió.

“Eso es lo que tiene el país, vos les comprás a los productores del país, que es lo que tienen, pero más que a los productores vos les comprás a los intermediarios que andan en todo el país con sus camiones buscando dos animales aquí, tres allá, entonces, ¿a quién le compra el programa? A los que ofertan. ¿Y quiénes son los que ofertan? Los intermediarios, los vendedores de ganado que rebuscan mil, dos mil 500, ningún productor tiene eso en sus corrales”, detalló.

“Luego el representante del Poder Ciudadano en la zona mira la vaca y dice que no le gusta, que esa no vale nueve mil córdobas, que él la calcula en siete mil córdobas, y vienen a hablar cosas, entonces yo les digo que sí, que a lo mejor valen siete mil, pero que eso es lo que hay, que si quieren buscar mejores vacas que vayan a buscarlas y traigan 30 mil, a ver si las hallan.

CPC denuncian

“Yo siempre dije que los Poder Ciudadano deberían comprarlas ahí, en cada zona, pero imagínese que hay zonas donde se tienen que comprar las vacas en un departamento y trasladarlas a otros donde no hay tanta ganadería, y ellos no se fijan en eso, que traerlas y llevarlas es caro, alguien tiene que hacerlo y por supuesto, alguien debe ganar por hacer eso.

“Eso no les gustó, y empezaron a decir que hay tráfico de influencias y comisiones por comprar a los mediadores, que yo agarraba tajada, con esa desconfianza a mí me bastó para decirles ya no. Que la gente hable, no hay problema, porque todos hablan, pero ya que vengan los dirigentes del Poder Ciudadano a acusarlo a uno, ahí si ya no vamos”.

El Programa Hambre Cero surgió en 2007, con el objetivo de reducir el hambre de 75 mil familias durante cinco años. Su principal componente es el Bono Productivo Alimentario (BPA).

Este bono es un paquete alimentario que contiene una vaca preñada, una cerda cubierta, aves, materiales para los corrales, semillas, material vegetativo, plantas frutales y forestales, biodigestor, crédito revolvente, entrenamiento y asistencia técnica.

Su valor ha sido inicialmente calculado en 2 mil dólares, y contempla 1,500 dólares para los bienes de las familias beneficiarias y 500 dólares para la asistencia técnica, capacitación y gastos operativos de la organización e implementación del bono.

“Hambre Cero” es insaciable

La vorágine de denuncias que ahora salpican al programa social, llevó a la Contraloría General de la República a iniciar una auditoría especial en el Magfor, específicamente en el programa “Hambre Cero”, luego de advertir el ente fiscalizador el apetito insaciable que el proyecto social mostró por millonarias exclusiones de procedimientos para compras directas sin licitación.

Sólo este año, el titular del Magfor, Ariel Bucardo, solicitó a la CGR que se les eximiera de procedimientos de licitación para ejecutar 208 millones 658 mil 911 córdobas, en la compra de bonos alimenticios para 6,436 familias, de las 15,910 que se tiene planificado beneficiar este año.

Según una carta enviada por Bucardo al contralor Luis Ángel Montenegro, ex Presidente de la Contraloría, cada bono se tasaba entre 1,500 y 2,000 dólares, y debido al volumen de bienes e insumos que se necesitan, era de urgencia e interés público adquirir los componentes del bono en 2009.

La petición de Bucardo, en 2009, es la más alta desde que en 2007 la CGR les empezó a autorizar contrataciones directas hasta por 472 millones 862 mil 615 córdobas, de los que no se conoce en detalle su manejo.

Fueron ocho peticiones de contratación directa entre 2007 y 2008, e iniciaron tres meses y medio después que la Administración que preside Daniel Ortega tomó el poder y anunció el programa.

La primera solicitud de exclusión se dio el 25 de abril de 2007, para contratar directamente a organizaciones civiles sin fines de lucro, para que administraran el Bono Productivo Alimentario (BPA). Para ello pidieron contratar directamente 185 millones de córdobas. Los colegiados lo aprobaron en la sesión número 529 del 17 de mayo de ese año.

La segunda petición se hizo el 30 julio de 2007. Esta vez fue por 13 millones 880 mil 316 córdobas, y fue con el objetivo de contratar asistencia técnica, capacitación y gastos operativos. La petición fue aprobada en la sesión 541 del 9 de agosto de 2007.

El 30 de octubre de ese mismo año llegó a la CGR la tercera petición, esta vez para contratar a empresas productoras y distribuidoras de semilla certificada para agroalimentación del ciclo agrícola 2007-2008.

El monto que aprobaron los contralores en la sesión 554 del 8 de noviembre, para que el Magfor contratara sin licitación, fue de 5.7 millones de córdobas.

La exclusión de procedimientos ordinarios de la Ley de Contrataciones del Estado fue pedida una vez más el 10 de diciembre de 2007, y fue para adquirir bienes y equipos de transporte para entrega del Bono Productivo por un monto de 9.5 millones de córdobas.

Sin embargo, en esta ocasión, los colegiados no se pronunciaron sobre la solicitud y operó el silencio administrativo que establece la ley. Es decir, debido al silencio del ente fiscalizador, el Magfor decidió adquirir sin licitación.

A los 22 días de enero de 2008, llegó la primera petición del Magfor para contratar directamente el monto más alto en esos dos años: 193 millones 918 mil 556 córdobas, para adquirir bienes y servicios del BPA, lo cual se aprobó en el Consejo de Contralores en la sesión 567 del 7 de febrero de ese año.

El 16 de abril de 2008, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) pidió exclusión de procedimientos por 31 millones 562 mil córdobas para contratar adquisición de bienes, servicios y proyectos complementarios de Hambre Cero. Les fue aprobado por la CGR en sesión 579 del 30 de abril de 2008.

El 30 de junio, el Magfor pidió contratar directamente 32 millones 147 mil 556 córdobas para “ampliación de componentes” de bienes del BPA, que la CGR aprobó en sesión 591, el 24 de julio de 2008, y la última petición del año pasado fue el 12 de agosto, cuando el mismo ministerio solicitó exclusión de procedimiento por un millón 720 mil córdobas, que fue aprobado en la sesión 591 del 21 de agosto.

Entre abril de 2007 y lo solicitado en enero de este año, suman 681 millones 521 mil 526 córdobas, lo que ha pedido el Magfor para manejar a su discreción.