Luis Alemán
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Mientras Guatemala y El Salvador reaccionaron aplicando medidas restrictivas a la comercialización de armas, la Policía Nacional aún no concluye las investigaciones sobre la triangulación en la compra legal de armas para ser entregadas al crimen organizado que opera en el primer país.

El comisionado general Carlos Palacios, segundo jefe de la Policía Nacional, prefirió no comentar la preocupación del señor Óscar Bonilla, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública de El Salvador, quien aseguró que el manejo de armas en Centroamérica podría complicarse si no hay voluntad de combatir el acceso de las mismas al narcotráfico.

“No tengo conocimiento de eso”, aseguró Palacios, al ser consultado vía telefónica sobre las declaraciones de Bonilla. Pero Palacios tampoco quiso referirse a la decisión del Presidente de Guatemala, Álvaro Colom, quien suspendió en su país la entrega de licencias para portar armas de fuego ofensivas.

“El presidente es soberano en su país”, dijo Palacios al referirse a la decisión del mandatario guatemalteco. El segundo jefe policial no creyó posible la aplicación de iguales medidas en Nicaragua, y se limitó a decir que en el país existe una Ley sobre armas. “No me atrevo a comentar eso, hay que remitirse a la Ley, atenerse a la Ley” aseguró, justificando que no es de su competencia comentar sobre el control de las armas. “Eso le compete a la Dirección de Armas, no me compete a mi comentar”, argumentó.

Falta agresividad en el control

Mientras tanto, investigadores del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas confirmaron que en Nicaragua “falta una supervisión agresiva” de parte de las autoridades encargadas por Ley para regular la comercialización de armas cortas y ligeras.

Por el contrario, según los investigadores, en Nicaragua se ha experimentado “un incremento acelerado” tanto de la comercialización legal como ilegal de las armas, “muchas terminan en manos del crimen organizado”.

Roberto Orozco, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, confirmó que el Estado mismo “no se ha metido a controlar ese problema”. Es más, según Orozco, hay un incremento en el comercio legal de armas. “Nicaragua compra cada vez más armas para un comercio que es legal, pero que a la par es ilegal y que está alimentando el tráfico de armas”.

Para el investigador, la línea entre lo legal y lo ilegal es demasiada delicada, “se compra legal, pero la sacan ilegal para venderla ilegalmente en otro país”. En ese sentido, “Nicaragua se convierte en el mayor importador de armas para la venta legal y surtidor de un comercio ilegal que se supone es pujante”.

Trafico de influencias

Para Orozco, en esa línea entre lo legal y lo ilegal es donde “el Estado no le pone atención por falta de voluntad, capacidad o por un tráfico de influencias”. Recordó que no existen acciones sistemáticas para un control del comercio legal, menos para el control ilegal de armas, y aunque reconoció los esfuerzos de la Policía Nacional en la ocupación de armas, señaló que falta “una voluntad de parte del Estado”.

Para Orozco, el comercio de armas en Nicaragua no se distingue en nada del comercio en otros países de la región, en su mayoría manejado por militares o ex funcionarios de instituciones de seguridad y defensa, quienes se apresuraron a “garantizar que las legislaciones que regulan el negocio de las armas no instituyeran límites claros para establecer conflictos de intereses”.

“Hay un tráfico de influencia, la ley no prevé los conflictos de interés”, señaló Orozco, quien mostró su preocupación en cuanto a que ex militares o ex policías estén en el negocio de las armas, garantizándose la introducción de éstas de manera más libre.

Comercio pujante de armas

Según un monitoreo sobre el incremento del comercio de armas en el país, realizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, en 2001 se importó 934 mil 29 dólares, en 2005 la importación de armas alcanzó los 2 millones 120 mil 724 dólares, lo que representa un incremento del 44 por ciento.

“Es un indicativo de cómo Nicaragua compra cada vez más armas para un comercio que es legal, pero a la par hay un comercio que es ilegal”. El mismo monitoreo señala que en sólo cuatro años Nicaragua se ubicó como el cuarto país que más armas importa, con una diferencia de 700 mil dólares menos que Costa Rica, que en cuatro años importó siete millones 858 mil 672 dólares. “Es un comercio pujante”, según lo señaló Orozco.