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El Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado Francisco Rosales, conversó ampliamente con EL NUEVO DIARIO en torno a la seguridad jurídica y al estado en que se encuentra.

Rosales se refiere a la seguridad jurídica que debería existir en temas financieros de los que casi no se conversa, y considera que en Nicaragua existe un semiparlamentarismo de hecho.

¿Cómo valora el estado de la seguridad jurídica en Nicaragua?
La seguridad jurídica es una de las columnas del Estado de Derecho, y no hay Estado moderno sin seguridad jurídica, si no se garantiza a los ciudadanos el respeto al derecho y sus libertades. Una sentencia establece seguridad jurídica porque los pleitos deben tener límites. La seguridad jurídica se desprende de la certeza que da la sentencia, y del hecho de que esa sentencia se ejecute, se cumpla, sea eficaz. Es toda una gama de derechos, desde el acceso a la justicia, al debido proceso, a que se resuelva en tiempo y de forma justa.

La seguridad jurídica debe entenderse en el hecho previsible de la administración pública, frente a una resolución que dará en cualquier aspecto de la actividad del Estado. No es sólo que los jueces dicten sentencia, sino cómo la Dirección de Migración y Extranjería resolverá una petición de pasaporte. No es sólo que la Policía responda a un llamado, sino que levante el proceso tal y como se debe, que el detenido se ponga a la orden del juez en 48 horas.

¿Por qué casi no se habla de seguridad jurídica en el ámbito financiero, donde el Estado no ejerce una verdadera tutela?
La Superintendencia y el Banco Central tienen el deber de controlar la actividad de los bancos, el hecho de que la ley diga que se regulan las tarjetas de crédito y no se cumple, por ejemplo, es una barbaridad. Los jueces se deben antes que nada a la Constitución y a la sociedad, el Estado debe estar al servicio de la sociedad.

¿Por qué las autoridades, incluida la Corte, callan, por ejemplo, frente a la renuncia al domicilio a que los bancos obligan al cliente?
La renuncia al domicilio es inconstitucional, el juez tiene la obligación de poner una resolución y decirle: no soy competente, no puedo conocer o rechazar la demanda presentada por no tener la competencia y jurisdicción. El juez de Tipitapa, de Somoto, de Rivas, de León, sabe que si demandan en su lugar deben excusarse si ese no es el domicilio del demandado.

Los mismos tribunales tienen la obligación, frente a la renuncia de una serie de normas que son de orden público, a hacer prevalecer el orden público. Es de orden público el respeto al domicilio del demandado, pero demandan a alguien que vive en Managua en Granada. La Ley General de Bancos sostiene que se puede demandar donde hay una sucursal, pero el deber del juez es decir: señores, el título preliminar establece que las normas de orden público, son inderogables por la voluntad de las partes. Las partes no pueden y se debe tener por no puesta la demanda.

¿Qué esta haciendo la Corte para hacer que la Constitución prevalezca en estos casos y que haya seguridad jurídica?
La Sala Constitucional se va a encargar ahorita de pronunciarse sobre algunos casos, donde la renuncia al domicilio está siendo objeto de amparo, porque hay gente que ante la demanda de los bancos en otros lugares se está amparando, y nos vamos a pronunciar y después se elevará a Corte Plena para declarar inconstitucional ese tipo de cláusula.

En materia de propiedad, la Procuraduría ha revocado títulos extendidos en los anteriores gobiernos y hay quienes sostienen que eso genera inseguridad jurídica.

Una de las causas por las que Alemán en su momento destituyó al ministro del INRA y al director de titulación, fue que Castillo Quant y Benigno Rayo declararon la nulidad de más de diez mil títulos.

El problema en Nicaragua es que se violentó en ese momento el propio ordenamiento jurídico, y cuando se queja la empresa privada por falta de estabilidad, a quien deben dirigirse es a aquellos actores políticos y sociales, que aunque llegaron a un acuerdo concretado en la Ley 209, después comienzan a objetar lo que firmaron, y la Asamblea Nacional dijo que era necesaria otra ley. Cuando asume Alemán en 1997, con Iván Escobar trabajamos en un acuerdo base para la propiedad, y después los liberales Escobar, Julio Centeno y Argüello Poessy, y por el Frente, Bayardo Arce y Joaquín Cuadra, elaboran la Ley 278 que sigue cuestionada, y hay quienes no reconocen los derechos sociales de la revolución en esa materia. Si ibas a un banco a solicitar crédito con un título de reforma agraria, si no llevabas la resolución de que el dueño anterior había sido indemnizado, no te daban crédito, porque en Nicaragua la igualdad de trato no es la misma.

¿Si no hay igualdad de trato, no hay seguridad jurídica?

Eso es parte del asunto dentro de la sociedad de clases que existe, porque un banco, antes de todo --aunque sea banco privado--, ejerce un servicio público, porque es el público el que deposita su dinero, que sirve para financiar las empresas, y muchas veces incluso de los propios banqueros, violando la norma de Basilea, que establece que los banqueros no pueden financiar sus empresas con el depósito de los ahorrantes. Pero los créditos preferenciales son una realidad, y el primero que denunció la concentración casi monopólica de los préstamos fue Ángel Navarro, con el caso del Banades, después vino la quiebra de otros bancos, donde los directivos se autoprestaban. Aquí hay gente de la Cámara de Comercio que avala la creación de una Ley de Garantías Reales Inmobiliarias, que son créditos de alto riesgo.

¿Esa ley vendría a abonar a una mayor inseguridad?

Por supuesto, y la impulsa un organismo internacional y la misma Asobanp se declaró en contra de ese proyecto. Eso fue lo que facilitó la quiebra de los bancos en Estados Unidos: sacabas una hipoteca sobre una propiedad, tenías problema con la propiedad, te ibas a otro banco, éste la ofrecía a otro, los créditos eran ofrecidos en garantía de un crédito mayor, y, al final, no había con qué responder porque había mucho papel y poca propiedad. El gran problema de las tarjetas de crédito que las regalan, pedís que las cancelen, y el banco hace caso omiso.

Aquí se utiliza ropa y otros objetos usados, y de igual forma se aceptan leyes usadas que no sirvieron en otros países…
No siempre es así. Por ejemplo, en el tiempo de doña Violeta se quiso imponer la reforma de la seguridad social, Simeón Rizo hasta presentó un libro, y me opuse siempre en el gabinete social y doña Violeta me apoyó. La representante del BM me dijo que si queríamos Código Laboral debía ser de tal forma, y le pedí que se retirara, y se sacó un Código que le da estabilidad laboral al trabajador, y no me arrepiento de haberlo negociado cinco años. Había gente del gabinete que respaldaba a los organismos internacionales a ciegas.

¿Es difícil que haya seguridad jurídica, cuando según lo que dice, da la impresión de que el poder económico está por encima?
Aquí suceden cosas, por ejemplo, la exoneración que hizo Jerez para construir una torre o una empresa turística, y a los trabajadores no se les exonera para materiales de construcción. Hay gente que siendo banquero, se le puso como condición para ser ministro vender sus acciones, hizo una simulación, el que las compró después dijo que había sido un presta-nombre, y esa persona no pagó el impuesto de transmisión de sus acciones, y lo vimos correr de candidato con el apoyo de los medios, y el señor anda tranquilo, no pagó. Al Capone no pagó impuestos y cayó, esta gente no paga impuestos. El problema es que en la sociedad de clases, los raseros de justicia y los criterios que se manejan no son siempre los mismos. Lo correcto hubiese sido que la Procuraduría entablara una acción cuando el Director de Ingresos exonera sin tener facultad, y que el Ministro de Hacienda destituyera al director, pero no se hizo y ni siquiera hubo sanción social. Los criterios ideológicos-políticos privan más que otra cosa.

Pero hay quienes consideran que el poder de los poderes del Estado es muy fuerte contra quienes andan metidos en política, y no se les mide con el mismo rasero, por ejemplo, en la Corte…
Para la globalización, el Estado no llenaba los requisitos, y el BID propone una reforma al Poder Judicial para que la justicia sea negociada, y eso va en detrimento de las clases pobres. Los facilitadores rurales han hecho más de 20 mil mediaciones y la Dirac, porque hay voluntad de resolverlo. Pero el problema es que los actores políticos y económicos son responsables, y se requiere un cambio de timón bien fuerte. Creo que la democracia en Nicaragua ha fallado porque se cae en ultrademocratismo, hay minorías que te quieren imponer su criterio por sí y ante sí.

Quienes escuchen esa expresión dirán que usted es un fascista, porque esas minorías a quienes se refiere, son las que más se quejan de falta de libertades y seguridad jurídica.

Claro, por la misma falta de conocimiento y de confusión que se tiene y fácilmente se le pone un calificativo. En el fascismo y el nazismo, el Estado es un Estado por sí y ante sí, el individuo no existe, por eso se rebela ante el totalitarismo. El fascismo contempla: nada contra el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro, el individuo no existe. Yo lo planteo al revés: el Estado tiene razón de ser en función de las libertades y de las garantías que el individuo cedió para que le cedan otras, y una de las cosas que clama es que haya seguridad jurídica e igualdad de trato. Cuando hablamos de justicia negociada, no hay igualdad. Todos tienen el deber de contribuir, pero aquí las grandes empresas no pagan impuestos, y más bien buscan la exoneración so pretexto de que activarán la riqueza, piden incentivos que se traducen en condiciones de trabajo y de salario ignominiosas a los trabajadores, que quedan a merced de las empresas, y es incorrecto. Hay quienes sólo piensan en qué me dan y no qué doy, qué aporto. Para un cambio social se necesita un hombre nuevo.

¿Cómo hacer realidad eso en la Corte Suprema?

Poniendo en práctica los valores morales, pensando en los demás, como funcionario. Para ser mejor hay que ser ingrato con quien te nombró. A veces los más cercanos, por ejemplo, los familiares, los amigos, son los primeros que te piden hacer cosas incorrectas y hay que decirles que no.

Se habla de una reforma a la Constitución, ¿qué opina?

Aquí se habla de que se pretende pasar de un sistema presidencialista a un sistema parlamentarista, y quienes se oponen más son, precisamente, quienes en el pasado impulsaron las reformas que quitaron poder al Presidente. Aquí existe un semiparlamentarismo de hecho, así quedó con las reformas de 1995. Pero ahora hay unas minorías que pretenden tener no sólo el poder económico y ser más que partidos de facto, como el Cosep, que pretende los espacios en los poderes del Estado. Aquí existen poderes de facto con poder, como la Iglesia, los organismos de la sociedad civil, los empresarios, los medios de comunicación, algunos de éstos defienden los privilegios que han tenido históricamente.