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En un país donde por lo menos hay 350 mil armas ilegales, según datos de un organismo, diputados y miembros de la sociedad civil coincidieron en la necesidad de regular la participación de militares y de policías activos o en retiro, en el negocio de estos artefactos de fuego, en tanto presupone un conflicto de intereses y tráfico de influencias.

El diputado José Pallais, Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, coincidió con el funcionario del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Roberto Orozco, en la necesidad de regular la participación de ex militares o policías en el comercio de armas.

Pallais fue claro al señalar que la participación de estos retirados y ex funcionarios de seguridad en la compra y venta de armas, genera un tráfico de influencias. “Es un problema ligado a determinado sector que debe regularse y tomarse providencia en la Ley”.

A su criterio, la Ley 510 --en vigencia desde 2005--, debe revisarse en cuanto a los requisitos para la venta de armas, la cantidad de armas que un ciudadano puede adquirir, sanciones e incluso hasta el cierre a los distribuidores de armamento que no cumplan con las disposiciones de la Ley.

Pallais se mostró preocupado por el proceso de triangulación en la compra de armas y su traslado para el narcotráfico. Es una práctica corrupta “que propicia que Nicaragua sea una fuente de adquisición de armas para las bandas del crimen organizado”, señaló el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

“El crimen organizado ha encontrado un Estado pequeño no preparado para enfrentar esto”, justificó el diputado Pallais.

Falta de voluntad

Roberto Orozco, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, cree que en el país “falta un control efectivo de parte de la autoridad competente” sobre las armas.

Detalló que no hay acciones de control sobre el comercio legal, pero tampoco para el control ilegal de las mismas.

Un estudio de la Red Centroamericana por la Paz, realizado en 2006, reveló que en Nicaragua la cantidad de armas ilegales andaba por las 170 mil. Sin embargo, Orozco considera que esa cifra es muy conservadora. “Me parece un dato relativamente bajo”, señaló el investigador, quien considera la existencia de un “promedio subjetivo” de las 350 mil armas ilegales, y que no todas se quedan en Nicaragua, muchas de ellas pasan de tránsito porque son movidas por la delincuencia internacional organizada”.