Rafael Lara
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La destitución de los funcionarios que abusaron de sus cargos en la acusación pública e investigación penal injustificada, que inició el 9 de septiembre del año pasado a las organizaciones no gubernamentales, fue una de las exigencias de representantes de las ONG señaladas por el Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Ministerio Público (MP) de cometer actos delictivos, entre ellos lavado de dinero. De igual manera, solicitaron la retractación y disculpa pública del gobierno a las instituciones y personas afectadas en el proceso.  

La petición se produjo esta mañana, en un hotel capitalino, por miembros del Centro de Investigaciones de la Comunicación, CINCO; el Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM; el Grupo de Mujeres Venancia; y la Coordinadora Civil, CC; además del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, institución que dio seguimiento a las irregularidades del caso.

Sofía Montenegro, en representación de CINCO, comentó que los funcionarios públicos involucrados en la acusación violentaron el derecho a la libertad individual y a la seguridad jurídica, el derecho a la vida privada, a la inviolabilidad de las comunicaciones, al derecho a la honra y reputación, al derecho a la información, el derecho al debido proceso y el derecho al respeto a la integridad personal.

Carlos Fernando Chamorro, también de Cinco, señaló que se reservarán el derecho de entablar un juicio al Estado nicaragüense por los daños y perjuicios causados. Asimismo, exigió que se termine la persecución política contra las organizaciones civiles independientes.