•  |
  •  |
  • END

Una investigación del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas publicada como informe en el boletín “Informe Ciudadano 2008”, que analizó a fondo el Programa Productivo Alimentario Hambre Cero en los años 2007 y parte de 2008, advertía desde entonces que el uso discrecional de millones de córdobas del Presupuesto, con compras directas sin los rigores de la licitación pública, acarrearía problemas de transparencia.

El programa social del gobierno tiene como meta altruista la capitalización de recursos económicos y capacitación técnica a 75 mil familias pobres en cinco años, para generarles soberanía alimentaria y contribuir al desarrollo socioeconómico de las zonas más afectadas por la pobreza en Nicaragua.

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) analizó las asignaciones presupuestarias de 2007 y 2008 al programa social, la ejecución y eficacia en la entrega de los bonos alimenticios, los controles de transparencia y los criterios de selección de las familias beneficiarias, por medio de los avales de los Consejos del Poder Ciudadano en las zonas donde se desarrolla el programa.

Cero auditoría social, más CPC, igual a desastre

Al no aparecer el programa Hambre Cero en el Sistema de Inversión Pública en 2007 y en 2008, según el estudio del Ieepp, “se dificulta darle seguimiento tanto al gasto como a la situación o avances de tan importante programa”.

“Esta situación desde luego bloquea las oportunidades de auditoría social e independencia de este programa, y disminuye la percepción de transparencia que tienen los ciudadanos hacia la gestión de este tipo de programas”, advertían los investigadores sociales del no gubernamental instituto, quienes señalaban que la participación de los CPC, con su carga política afín al gobierno, dificultaba aún más la imagen de transparencia de Hambre Cero.

“La participación preponderante de los CPC en la toma de decisiones técnicas y el criterio discrecional para la selección de las familias beneficiarias, perjudicarían la percepción de transparencia del proyecto”, decía el estudio.

“Debido a la identificación plena de los CPC con el aparato partidario y gubernamental del FSLN, y el carácter discrecional de los fondos que se reciben, más la falta de indicadores confiables de medición de las metas, se podrían afectar los resultados”, advertían los analistas sociales hace un año.

Auditan 470 millones

Esta semana, el ex director del programa, Gustavo Moreno, renunció al cargo y reveló una serie de eventos que despertaron la alarma de las autoridades de la Contraloría General de la República.

Según la denuncia del ex funcionario, los líderes de los CPC se quejaban de la participación de intermediarios privados que proveían vacas de reventa al Estado, las cuales componen el bono alimenticio que el programa entrega a las familias.

La Contraloría, que ya había ordenado una auditoría, ayer amplió sus preocupaciones al respecto, ya que entre 2007 y 2008 autorizó 470 millones de córdobas al Ministerio Agropecuario y Forestal para financiar al programa social mediante la compra de animales e insumos sin licitaciones.

El contralor Lino Hernández dijo ayer que la auditoría al programa Hambre Cero ya inició y que la misma será “muy compleja”, pues se está hablando de compradores con intermediarios que no se contemplan en la Ley de Contrataciones del Estado ni en ninguna norma de control estatal.

¿Y esos intermediarios?

“Lo que nosotros aprobamos en su momento fue que se contratara directamente a unos organismos sin fines de lucro para administrar y entregar el Bono Productivo, entre otras cosas, pero nunca nos hablaron de intermediarios, que fue lo que dijo a EL NUEVO DIARIO el ex director de Hambre Cero”, dijo Hernández.

Recordó que una de las razones que expuso siempre el Magfor en las exclusiones de procedimientos, es que los campesinos particulares no tienen acreditación como proveedores del Estado en el Ministerio de Hacienda, a como establece la Ley de Contrataciones, pero que tampoco los “intermediarios” están registrados como tal, “porque no existen en la ley”.