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La destitución de los funcionarios que abusaron de sus atribuciones en la acusación pública e investigación penal injustificada iniciada el nueve de septiembre pasado a las organizaciones no gubernamentales, fue la exigencia de los representantes de las ONG señaladas por el Ministerio de Gobernación, Migob, y del Ministerio Público, MP, que al final desestimó el caso por no haber delito que perseguir.

Los directivos de las ONG también demandaron la retractación y disculpa pública del gobierno a las organizaciones y personas afectadas en el proceso.

Lo anterior fue expuesto por representantes del Centro de Investigaciones de la Comunicación, Cinco; el Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM; el Grupo de Mujeres Venancio, y la Coordinadora Civil, CC, además del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, que dio seguimiento a las irregularidades del caso en que las instituciones Migob y MP presumían de lavado de dinero, triangulación y fraude.

Ausencia de seguridad jurídica

Los directivos de las organizaciones en mención consideran que finalizada la acción investigativa y después de analizar la resolución institucional, se determinó que la investigación penal evidencia serias contradicciones e incoherencias que afectan el debido proceso y la seguridad jurídica, esto con el objetivo de eliminar a las organizaciones civiles beligerantes y críticas ante las políticas gubernamentales.

Asimismo, consideran que todo se llevó a cabo con el fin de imponer la autocensura a través de presiones, así como reducir el papel del periodismo investigativo para evitar las indagaciones en la utilización gubernamental de los fondos públicos.

Sofía Montenegro, en representación de Cinco, comentó que los funcionarios públicos involucrados en este caso violentaron el derecho a la libertad individual y a la seguridad jurídica, a la vida privada, a la inviolabilidad de las comunicaciones, a la honra y reputación, a la información, al debido proceso y al respeto a la integridad personal.

Sobre esto, mencionó que a partir de una denuncia del viceministro de Gobernación por un presunto incumplimiento de orden administrativo, se inició una investigación penal, y por la denuncia sin fundamento de la ministra de Gobernación, la Fiscal Adjunta solicitó a una juez el levantamiento del sigilo bancario.

Agregó que en el levantamiento del sigilo bancario solicitado por los fiscales a cargo, antes de conocer cuáles serían las organizaciones que le referiría el Ministerio de Gobernación, incluyeron en el auto al IRI, que no está entre las 17 organizaciones que el gobierno consideró sospechosas.

Asimismo, la fiscal adjunta Ana Julia Guido se atribuyó funciones del Fiscal General, al designar a un fiscal especial en este caso, expresó Montenegro.

Señaló, además, que esta misma funcionaria, junto al inspector general del Ministerio Público, Armando Juárez, públicamente realizó una serie de acusaciones incurriendo en injurias y calumnias, ya que por sus propias investigaciones se desestimó la acción penal contra los imputados.

Dijo que igual sucede con el Director de Registro y Control, quien compareció ante la opinión pública afirmando que había encontrado que 17 ONG, incluida la Coordinadora Civil, operaban ilegalmente y cometieron ilícitos al firmar convenios con otras organizaciones, y agregó que enviaría al Ministerio Público la lista de las mismas, pero la resolución de la Fiscalía no hace referencia a esto.

Consideró irregular que las autoridades pidieran la documentación contable de 2003 a 2008, inclusive, pero de acuerdo al auto de la juez Ugarte, las supuestas irregularidades fueron cometidas en relación con un convenio suscrito en 2007.

Justicia tendrá que esperar

Carlos Fernando Chamorro, también de Cinco, señaló que se reservarán el derecho de entablar un juicio al Estado nicaragüense por los daños y perjuicios causados, así también exigió que se termine la persecución contra las organizaciones civiles independientes.

“Habiendo estado en la indefensión jurídica por meses y conociendo el compromiso político del Poder Judicial, en estos momentos no consideramos prudente interponer una acusación, pero no renunciaremos a ese derecho”, expresó Chamorro, comentando que la resolución del Ministerio Público los libera de posible cárcel, pero hay incertidumbre, ya que la persecución no ha terminado, pues tratan de implementar el control sobre el financiamiento de los donantes a las organizaciones civiles independientes.

El periodista consideró que algo importante sería que el presidente Daniel Ortega se pronunciara y pidiera disculpas por lo sucedido, pero todo indica que el gobierno continúa por el mismo camino.

Por su parte, la doctora Vilma Núñez, Presidenta Ejecutiva del Cenidh, dijo que continuarán con el apoyo a las organizaciones civiles ante la posibilidad de más ataques, por lo cual mantendrán la denuncia pública nacional e internacional tal como en su momento lo hicieron a través del Observatorio de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre la exigencia de estas organizaciones, intentamos obtener reacciones de la dirección del Ministerio Público, pero no respondieron a nuestra solicitud.