Nery García
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Con la ratificación del Protocolo de Entendimiento entre el gobierno y Unión Fenosa, los diputados también aprobaron por segunda ocasión pagar 20 millones de dólares a la estatal Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), a pesar de que ese monto ya había sido cancelado después que los legisladores aprobaran en junio pasado una “reforma urgente” al Presupuesto 2008, y que luego fue triangulado a la paraestatal Cooperativa Privada Alba-Caruna.

Es decir, que primero fueron los contribuyentes quienes cancelaron 20 millones de dólares a través del Presupuesto, pero ahora serán los clientes de Fenosa quienes pagarán ese mismo monto por segunda ocasión a través de las facturas que emita Fenosa.

Al menos así se establece en el punto 4.3 del Protocolo que aprobaron 47 diputados este jueves, en donde se precisa que esos 20 millones de dólares --que constituye un crédito que fue otorgado por ENEL a Fenosa a través de sus generadoras eléctricas-- “las distribuidoras (Disnorte-Dissur) transferirán a ENEL dicha cantidad únicamente en la medida en que ésta sea reconocida vía tarifa”.

Hay que recordar que cuando los diputados aprobaron el desembolso de esos 20 millones de dólares el 30 de junio del año pasado, ese dinero equivalía a 388 millones de córdobas, sin embargo, con la devaluación de la moneda nicaragüense, ahora suman 399 millones 358 mil córdobas, según el tipo de cambio oficial registrado hasta hoy por el Banco Central de Nicaragua (BCN).

La Revolución de Rappaccioli

El 15 de octubre pasado, el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, reveló en la Asamblea Nacional, luego de un encuentro con la Comisión de Infraestructura, que el destino final de esos 388 millones de córdobas fue a la paraestatal Cooperativa Privada Alba-Caruna, después de haber pasado por Petronic, que es la empresa que le suministra combustible a las plantas generadoras eléctricas de ENEL.

Esas declaraciones fueron confirmadas días después por el presidente de ENEL, Ernesto Martínez Tiffer, ante medios televisivos locales, en donde incluso confesó que Caruna obtuvo ganancias de hasta 400 mil dólares por el préstamo de los 20 millones de dólares (388 millones de córdobas) que hizo a la empresa eléctrica, y que se pagó con fondos del Presupuesto General de la República.

EL NUEVO DIARIO intentó obtener una versión de Rappaccioli; del presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), David Castillo; y del gerente de comunicación de Fenosa, Jorge Katín, y ninguno de ellos respondió a nuestros mensajes ni llamadas, a pesar de que también solicitamos con los divulgadores de esas instituciones el Plan de Inversión de la empresa española, que según el Protocolo debió haber presentado con la ratificación de ese documento, cuya “inversión” es de 33.7 millones de dólares.

Los 47 diputados que aprobaron el protocolo fueron los 38 sandinistas, seis de la ALN, Francisco Sarria, legislador suplente del reverendo Guillermo Osorno (del PLC), y los diputados independientes Juan Ramón Jiménez y Mario Valle.

La eliminación del impuesto municipal

Esos diputados también favorecieron a Fenosa al eliminar el Impuesto Municipal sobre Ingresos (IMI), que las alcaldías cobran por sus ventas a Fenosa y a las generadoras eléctricas, lo que significa, según el ex edil capitalino, Dionisio Marenco, que sólo en Managua la comuna estaría dejando de cobrar un millón 600 mil córdobas mensuales, de los cuales el 50 por ciento paga Fenosa y los restantes 800 mil córdobas se les cobran a las generadoras que operan en Managua.

Asimismo, los diputados reconocieron a la compañía española el pago de los intereses moratorios de las generadoras, es decir, que esos intereses serán transferidos a los usuarios, según estimó la diputada Mónica Baltodano. Además, creará una comisión que “priorizará la lucha contra el fraude”.

Siempre arbitraje internacional

Y aunque en el punto ocho del Protocolo se precisa que tanto el Estado de Nicaragua como Fenosa “guardan sus querellas”, contradictoriamente, en el punto 8.2 se deja claro que cualquier disputa o controversia deberá ser resuelta por el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), “o alternativamente, por el Centro Internacional de Arreglo de Disputas (Ciadi)”, cuyo organismo tiene su sede en Washington.