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El uso de matones para que ejecuten crímenes por encargo no es una práctica generalizada dentro de la delincuencia común en el país, según lo confirmó la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, criterio al que se sumó la Directora de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionada mayor Vilma Reyes.

Ese mismo razonamiento mantiene la periodista e investigadora en temas de violencia, Mónica Zalaquett, para quien el crimen del empleado de la empresa Bimbo a manos de un matón a sueldo, fue un hecho aislado que no puede ser generalizado.

Sin embargo, Zalaquett reconoció que en el país existe una “tendencia al aumento de toda clase de delitos, expresando su preocupación en que ello lleve a que los jóvenes “se puedan involucrar en delitos cada vez más graves”.

“Hay que separar bien el crimen organizado de la delincuencia”, señaló la ministra Morales, que negó las afirmaciones de quienes “ven el crimen organizado por todos lados”.

Morales anunció para los próximos días un informe de la Comisión multidisciplinaria sobre el control de las armas ligeras y pequeñas.

Combate frontal

La jefa de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Vilma Reyes, confirmó que la institución policial trabaja intensamente en materia de seguridad, y agregó que el esclarecimiento rápido de una decena de delitos de alta peligrosidad, “da la idea de la capacidad del trabajo de investigación e inteligencia que realiza la Policía Nacional”.

Insistió en que no se puede generalizar como una práctica común el uso de matones por encargo en la ciudad, pero reconoció que, en el campo, esa práctica solía tener mayor fuerza, principalmente por problemas de propiedad.

Reyes llamó la atención por el grado de organización y planificación en el crimen del auditor de Bimbo.

“Ellos trabajaron desde la auditoría, cuando comenzó el temor a ser descubiertos”, explicó. El jefe de logística de Bimbo --quien encabezó un grupo de cinco personas-- tuvo tiempo de planificar y contratar a los ejecutores del crimen. “No se trata de sicarios, fue una acción espontánea”, señaló Reyes.

Para Reyes, el tema de los sicarios no ha sido manejado por la Policía dentro de la delincuencia común, “sino de manera ligada al narcotráfico y no ligada a la delincuencia común en el país”, sin embargo, confirmó que la institución trabaja en el cumplimiento de planes de seguridad y de prevención del delito.

Preocupa las armas

Mónica Zalaquett, Directora del Centro de Prevención de la Violencia, señaló que el caso de los matones por contrato es un tema que no debe ser generalizado.

Para la investigadora, lo preocupante en el país es la gran cantidad de armas en manos de la delincuencia y de la población misma.

“Preocupa la cantidad de jóvenes armados, las armas que usan ya no son hechizas, son pistolas, y a veces subametralladoras, preocupa el tráfico de armas”, señaló.

En tal sentido, Zalaquett se pronunció a favor de extremar las medidas de control sobe el tráfico de armas. Es del criterio de que la comunidad puede contribuir mediante la organización y evitar que haya más jóvenes armados en sus territorios.

Instó a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional para que de inmediato trabaje en la reforma a la Ley de Armas, que permita mayor restricción en la entrega de licencias de portación y en la venta de las armas.

“Las armas se compran para ser usadas, y cuando se usan matan, en realidad no dan seguridad a nadie”, razonó.

Propuso a las instituciones estatales implementar un programa de ocupación de armas que ofrezcan a cambio de una pistola, útiles escolares, comida e incentivos que promuevan la entrega de las armas de fuego.

Viuda cuestiona a Fiscalía

“Vos sos maldito, yo sabía que me lo iban a mandar a matar porque él sabía que estaban robando”, exclamó ayer Miuriel Lisseth Aráuz, al ver cara a cara al supuesto autor intelectual del asesinato de su marido y a uno de los sicarios que aparentemente ejecutó el crimen, pero su rabia fue mayor al saber que la Fiscalía no acusó a los otros implicados.

Efectivamente, la Fiscalía sólo acusó al jefe de logística de la empresa Bimbo, Ernesto López Mayorga, y a Germán Huete Zeledón, y declinó acusar a William Reynaldo Vásquez y a Juan Pablo Sobalvarro, quienes según la Policía, participaron del crimen, ya que le quitaron una llanta al vehículo que por lo general usaba la víctima, para obligarlo a usar otro.

La Fiscalía explicó, mediante una resolución, que pese a que corroboraron que Vásquez y Sobalvarro sabían que existía un plan para quitarle la vida al contralor de la empresa Bimbo, Denis Francisco Molina, no encontraron suficientes elementos para atribuirles responsabilidad por el resultado final del plan.

La resolución fiscal explica que la misma víctima y otros trabajadores también sabían de la conspiración criminal.

“No, no estoy conforme (con esa resolución), porque todos son cómplices, todos fueron coautores, porque todos dieron dinero para que mataran a mi marido”, señaló la viuda, quien es abogada, y anunció que apelará la declinatoria fiscal que sacó de las rejas a Vásquez y Sobalvarro.

“Dicen que no hay prueba suficiente, pero la Policía aportó las pruebas y yo quiero que me apoyen para que ese maldito no quede impune”, insistió Miuriel Lisseth Aráuz, antes de estallar en llanto al recordar que ella y su marido conformaban un matrimonio feliz, e incluso este domingo iban a celebrar el cumpleaños número dos del niño que procrearon.

Ese niño le pregunta a su madre dónde está su padre, y ella dice que no sabe qué responderle, pero cuando le dice que su “papi” anda viajando, el menor inocentemente toma el teléfono de la casa y dice con vocabulario incompleto e infantil: “Neni me haces falta mucho”.

La viuda explicó que en los seis meses de trabajo en la Bimbo, su marido descubrió la existencia de toda una mafia, e incluso le comentó a su esposa que el “capo” era López Mayorga, jefe de logística de la empresa.

Amenazado

Cuatro meses antes de que ocurriera el crimen, supuestamente López le mandó a decir a Denis Francisco, por medio de un hermano de éste, “que si a él ‘le pasaban la cuenta’ en la Bimbo, lo iba a matar”, pero pese a que su mujer le rogó que tuviera cuidado y que no se confiara, él dijo que López Mayorga era tranquilo, es decir inofensivo.

Sin embargo, según la acusación que la fiscal Fabiola Mendoza presentó en el Juzgado Segundo Penal de Audiencias, López planeó el crimen en los últimos ocho días de enero, y para concretarlo citó en la empresa a Sergio José Matute González, a quien supuestamente le ofreció 300 dólares por el asesinato, pero el hombre no aceptó.

Entonces el supuesto autor intelectual del crimen buscó a Germán Huete, quien subcontrató al sicario que después de pedir un cigarrillo, mató de un balazo en la cabeza al contralor de la Bimbo, cuando éste estaba de espaldas, sentado en el comedor “Rosita”, del barrio San Luis.

“Que la Bimbo se pronuncie”

Pese a que los abogados Benjamín Dávila y Patricia Ruiz trataron de capitalizar a favor de la inocencia de los acusados, el hecho de que la persona que disparó no está detenida ni identificada, el juez José Luis Araica decretó la prisión contra López y Huete y les programó la audiencia inicial para el 23 de febrero.

La viuda reveló que los acusados asistieron al sepelio de Denis Francisco Molina, “quien perdió la vida por velar por los bienes de la Bimbo, por lo que yo espero un pronunciamiento de la empresa”, dijo.

Molina, supuestamente, tenía un seguro de vida corporativo, porque la Bimbo es una empresa transnacional, pero hasta el momento la viuda no ha recibido ninguna notificación al respecto.

Por su parte, los familiares de los detenidos le pidieron al juez, por medio de sus abogados, que envíen a los reos al Sistema Penitenciario Nacional, porque en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, supuestamente, los están golpeando y no les dejan pasar comida, pero el judicial aclaró que el traslado de los reos de un lugar a otro es una decisión administrativa que le compete a la fuerzas del orden.