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Los contralores colegiados aprobaron auditorías especiales en diversas entidades públicas, entre las que destacan el Comité Olímpico Nicaragüense (CON), el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y las alcaldías de Terrabona y Río Blanco, en Matagalpa.

El contralor Lino Hernández dijo que en el caso del CON, la auditoría será al manejo de los ingresos y egresos durante el período 2008, por petición de Emerson Velásquez, Presidente de la Junta Interventora de esa entidad, quien asumió como secretario oficial de la misma este sábado.

“Nos pidieron revisar el manejo de las cuentas del año pasado y aprobamos la auditoría especial, porque parece que las autoridades del CON creen sano ver a la luz de las normas de control cómo se manejaron los recursos”, dijo Hernández.

Explicó que en el caso del IDR, el presidente de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro, planteó la necesidad de realizar una revisión a las cuentas, pues ha conocido de manejos irregulares de las finanzas y hasta de venta de bienes de esa entidad, entre ellos armas.

“Según el planteamiento que nos hizo el presidente del Consejo, hay una serie de supuestas irregularidades en la administración del IDR, además que es una de las entidades a la que más se le ha aprobado exclusiones de procedimientos, y queremos ver si se ha cumplido con la ley y no ha habido abusos”, dijo Hernández.

Las alcaldías

Indicó que en el caso de la comuna de Terrabona, las nuevas autoridades edilicias denunciaron que el Ministerio de Hacienda tiene detenidos los desembolsos de las transferencias municipales, porque hasta el momento no han podido esclarecer y conciliar cuentas sobre lo que dejó la alcaldía anterior.

En Río Blanco lo que denunció el Concejo es que las cuentas de la anterior administración municipal no cuadran porque ésta estaba dejando unas deudas de 177 mil córdobas, por un lado, y 48 mil córdobas por el otro, y ambas no estaban en el informe de entrega.

189 electos deben declaración de probidad

Hernández dijo que se han encontrado con que de las 2,004 personas que fueron electas en los comicios municipales del año pasado y que debían presentar su declaración de probidad antes de asumir sus cargos, sólo han llegado 1,815, es decir, están pendientes 189.

“Enviamos una comunicación al Consejo Supremo Electoral para que nos informe quiénes son los que han sido acreditados y ver qué decisión tomamos al respecto, porque la ley dice que no pueden tomar posesión de sus cargos mientras no hayan presentado su respectiva declaración de probidad, y se pueden derivar incluso algunas sanciones”, indicó.