Jorge Eduardo Arellano
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Sin las costas de “Playa Amarillo” y sin ninguno de los nueve títulos que les entregó el gobierno del presidente Daniel Ortega, están los 550 pobladores del municipio de Tola, que alegremente recibieron dichos documentos días antes de las elecciones municipales, y, por ende, ya se creían amos y señores de esas costas.

Los nueve títulos agrarios, por los cuales algunos hasta ya han recibido dinero por compromisos de compra-venta, ya ni siquiera están en manos de los pobladores, porque según el abogado y notario Noel Ibarra, el procurador Wilbert Ibarra Blanco los pidió a cambio de entregarles las cartas de no objeción para que cada cual hiciese sus respectivos trámites ante Catastro, la DGI y el Registro Público.

Con dichos títulos, el gobierno otorgaba a los pobladores 30 de las 71 manzanas del área costera de “Playa Amarillo”.

Ibarra explicó que fue a él a quien le correspondió entregar los nueve títulos al procurador Ibarra Blanco, y como evidencia de sus pablaras mostró un documento de recibido que le firmó dicho funcionario, pero ahora los pobladores se quedaron sin los títulos, sin la cartas de no objeción, y, legalmente, hasta sin las 30 manzanas, porque nunca pudieron inscribirlas.

Todo pasó al Estado

El registrador público de Rivas, Pedro Muñoz, fue claro en manifestar que “Amarillo” pertenece al Estado de Nicaragua.

Los nueve títulos aparecen firmados por la intendente de la Propiedad, Yara Pérez, y en ellos se lee que nacen como parte del acuerdo presidencial número 394-2007 del 19 de septiembre de 2007, el cual fue publicado en La Gaceta número 183 del 25 de septiembre de ese año.

Los números de los títulos agrarios son; 47,027, 47,028, 47,029, 47,030, 47,031, 47,032, 47,033, 47,034 y 47,035. En los mismos claramente se identifica también los nombres de personas beneficiadas que ni siquiera son de Tola, y de otros que hasta son familiares de funcionarios.

Cabe señalar que antes de la entrega de títulos, estas 550 personas disponían de una escritura pública número 99, con la cual reclamaban las 30 manzanas, ya que eran parte de una desmembración que se le hizo al título de reforma agraria emitido el 16 de enero de 1988, a nombre de el ex militar César Trinidad Ibarra y nueve personas más.

Dicho documento hasta fue inscrito en el Registro Público de Rivas, bajo la cuenta registral número 35,660, tomo 381, folio 42 y 54 asiento segundo, pero a solicitud del granadino Bayardo Argüello, la juez Genny Chávez Zapata, ordenó al registrador público cancelar la inscripción, y aunque la abogada de Ibarra, Sonia Calderón, apeló el fallo de la judicial, el caso se “durmió”.

En tanto, la propiedad pasó a nombre del Estado en noviembre de 2007, y fue inscrita en el tomo 421 folios 173 al 178, y al año siguiente la Procuraduría General de la República, a través del procurador Wilbert Ibarra Blanco, otorgó los famosos nueve títulos, y a la vez le dieron dos cartas de no objeción a Ibarra, pero con el transcurso de los días, los supuestos beneficiados se enteraron de que los documentos que les habían entregado no les eran útil.

Demandan a Intendencia

Ex desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense que habían sido beneficiados con los títulos de propiedad de “Playa Amarillo”, aseguraron que tienen una demanda contra la Intendencia de la Propiedad de Managua, donde piden la restitución de los mismos, que fueron revocados por la ex intendente Mireya Molina Torres.

Denis Ignacio Rodríguez Monterrey, en representación de las familias, dijo que a la fecha ni la Intendencia de la Propiedad ni el Ministerio de Hacienda han respondido el recurso del silencio administrativo, y que hoy se encuentra en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, bajo el expediente número 965-2008, y que el mismo señala todo lo cometido para la cancelación de dichos títulos.

Explicó que el Procurador General de la Republica, Hernán Estrada, y Yara Pérez, ya habían sido notificados el 6 de octubre de 2008 sobre el amparo de restitución de los catorce títulos de las familias beneficiadas, sin embargo, en el período electorero, el Procurador entregó títulos a 500 familias, y firmó carta de no objeción a sabiendas de que el Estado había sido notificado de un litigio que se encuentra pendiente en la Corte Suprema de Justicia.