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La denuncia por discriminación de la diputada ante el Parlamento Centroamericano Bridgete Ivonne Budier Bryan, contra la discoteca El Chamán, ha generado una lluvia de denuncias de discriminación social y racial a todos los niveles en Nicaragua, principalmente contra las personas originarias de las dos regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua.

Budier Bryan, originaria de la Región Autónoma del Atlántico Sur y descendiente de familia afrocaribeña, denunció por discriminación racial ante el Ministerio Público de Managua a los dueños de la discoteca El Chamán, luego que la noche del 6 de febrero impidieran que entraran ella y un grupo de personas de color que la acompañaban, sin que le explicasen los motivos.

La diputada iba acompañada por el funcionario estatal Gregorio Campbell; por el arquitecto Víctor González; por la presidenta de la Organización Negra de Centroamérica, Sidney Francis; por la estudiante universitaria Majaila Francis, y por Delia Martínez, asistente del viceministro de Asuntos Indígenas de la Cancillería de la República, todos ellos afrodescendientes y originarios de la Costa Caribe.

Racismo aquí y allá

Lottie Cunningham Wren, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), denunció que no es la primera vez que atropellan los derechos de personas originarias de las regiones autónomas de la Costa Atlántica en el Pacífico, principalmente, en Managua, pero que la práctica, incluso, es fuerte en la misma región del Caribe.

“Hemos recibido denuncias de que en los bancos locales de la Región Autónoma de la Costa Atlántica, ponen mil trabas para acceder a créditos, y no aceptan con facilidad bienes en garantía que estén radicados aquí, y te piden bienes en Managua o en el resto el país, como si los bienes del Caribe no valieran”, señaló.

La activista de derechos humanos denunció que ha tenido conocimiento de que incluso en instituciones financieras si alguien local llega a abrir una cuenta o a depositar un dinero, “los miran como si fueran narcos, les hacen mil preguntas, le piden pruebas y hasta llaman a la Policía”, señaló.

Según Cunningham, muchos estudiantes universitarios que colaboran con la ONG que ella representa, se han quejado de que en los aeropuertos de Managua y de Bilwi los han registrado sin más motivos que el de la sospecha de cargar drogas, y que en más de alguna ocasión los han humillado insinuándoles que por ser afrocaribeños o miskitos, son sospechosos de trasegar sustancias prohibidas.

Cedehca confirma prácticas discriminatorias

Del mismo modo lo denunció Debby Hogdson, Coordinadora Regional del Centro para los Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos de la Costa Atlántica (Cedehca). Hodgson reveló que las políticas de discriminación social y racial contra ciudadanos originarios de las regiones de la Costa Caribe, principalmente de las etnias indígenas, están tan arraigadas en la sociedad del Pacífico, que éstas se han trasladado y tratado de imponer en las regiones.

“Hay denuncias de violaciones de derechos humanos y discriminación racial contra grupos indígenas, a los que les niegan los accesos a información, a créditos financieros, a circulación, y muchos derechos constitucionales más”, indicó Hogdson, detallando que incluso en los gobiernos regionales locales se priorizan las atenciones y gestiones a los mestizos y a las personas de piel blanca, antes que a los miskitos autóctonos y a otras etnias.

El Cedehca elaboró el año pasado un informe sobre discriminación social y étnica denominado Informe Sombra, el cual fue presentado ante el Comité Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, donde se denuncian varias disposiciones y situaciones que ubican al Estado como uno de los principales discriminadores sociales contra la región y contra los pueblos indígenas.

“El Informe Sombra es la versión independiente del informe que sobre discriminación presenta el Estado ante la ONU. Nosotros recogimos todos los elementos de esa discriminación social y étnica y la llevamos a la ONU para que sea investigada”, dijo la activista de derechos humanos.

Tratos denigrantes

Ella señaló que si bien el caso contra la diputada Budier Bryan fue un hecho directo contra personas específicas, ella conoce de casos de personas humildes, funcionarios locales y estudiantes universitarios de la RAAN, que han sido sometidos a tratos denigrantes y lesivos en Managua.

“Existe una percepción en el Pacífico de que por ser la Costa un ruta de tránsito, todos sus habitantes somos narcotraficantes, y por ello se han presentado abusos en el control de registros en las terminales aéreas y marítimas”, dijo ella, quien reconoció que el problema venía bajando de intensidad, pero que en los últimos meses ha aumentado de nuevo.

Una situación similar se reveló y se denunció en un documento elaborado en 2006 por Myrna Cunningham Kain, del Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien en su investigación “Anotaciones sobre el racismo por cuestiones étnicas en Nicaragua”, denunció las diversas formas de discriminación racial y social que ocurren en Nicaragua hacia las personas de las dos regiones autónomas de la Costa Atlántica.

El hecho denunciado por Budier Bryan fue condenado por el procurador de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, Wilfredo Jarquín Lang, así como por otras organizaciones de derechos humanos.

La denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público y está siendo procesada bajo la figura de Delitos contra los Derechos y Garantías Constitucionales, establecidos en el Nuevo Código Penal vigente.

Lo que dice la Ley

El citado Código establece en sus artículos 427 y 428 sanciones penales por discriminación y promoción de la discriminación.

“Será discriminación impedir o dificultar a otro el ejercicio de un derecho o de una facultad prevista en la Constitución, en las leyes, reglamentos y demás disposiciones, por cualquier motivo o condición económica, social, religiosa, política, personal u otras condiciones.

Tal hecho será sancionado con pena de prisión de seis meses a un año o de trescientos a seiscientos días multa”, dice el artículo 427.

Por su parte, el artículo 428 establece “promoción de la discriminación”, a “quien públicamente promueva la realización de los actos de discriminación, señalados en el artículo anterior, será penado con multa de cien a quinientos días multa”.