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“Unión Fenosa se sacó la lotería en Nicaragua, con un subsidio descomunal en forma de exoneración de impuestos que le aprobaron en el Protocolo de Entendimiento suscrito con el Gobierno”. De eso está convencido el experto en temas fiscales, Julio Francisco Báez Cortés, quien califica de una “cantinflada legislativa” la ratificación de este documento por parte de los diputados ante la Asamblea Nacional.

Báez llamó a las autoridades municipales a revelar el impacto que recibirán sus alcaldías y sus gobernados, antes que entre en vigencia este acuerdo, el cual calificó de “engendro legislativo y tributario jamás visto en la historia”. Recomendó medirlo en dinero que podrían no recibir y en las obras previstas que ya no realizarán.

Se refiere al documento que el presidente Daniel Ortega reconoce como un “acuerdo internacional de carácter económico” en el Decreto Presidencial 70-2007, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, el 23 de julio de 2007. Para revestirlo con ese carácter legal, el mandatario cita los artículos 138 y 150 de la Constitución Política de Nicaragua.

“Se llevó a la Asamblea un instrumento que no está bajo su competencia, según los mismos artículos de la Constitución que mencionaron para justificar el asunto de llevarlo, y espero que alguien muestre al menos nuestra Constitución si es que dice lo contrario”, explicó Báez, alzando con su mano derecha la Carta Magna.

Acuerdo gobierno y privados

Dice que es una empresa privada internacional, una transnacional, negociando y acordando varios puntos con tres delegados que se arrogan la representación de toda la república. “Ellos se comprometen en nombre de la república a un sinnúmero de actuaciones que, incluso, son ajenas al poder que representan, mediante medidas lesivas a la soberanía nacional”.

Agregó Báez que eso violenta los artículos 150 y 183 de la Constitución, porque los funcionarios sólo cumplen funciones otorgadas por ley, y, por tanto, el acuerdo “no es vinculante, legalmente no tiene ninguna obligatoriedad. No es Ley”.

Recuerda que todos los “acuerdos internacionales de carácter económico” se firman entre los Estados que participan de los mismos, “y no entre privados, y mucho menos tres delegados del Poder Ejecutivo. No nos enredemos, aquí estamos ante un documento firmado entre una empresa privada y tres delegados del gobierno”, señaló.

“Cantinflada”

Lo más grave, según Báez Cortés, “es que en este documento se ponen de acuerdo en cosas que harán otros poderes del Estado, u otras dependencias públicas ajenas al mismo Poder Ejecutivo. Se convierten en negociadores de un pre-acuerdo con otra gente que no negoció, e incluso, mandan a aprobarlo a otros sin modificarlo o negociarlo siquiera”.

Estimó que este supuesto Decreto Legislativo, que es lo único que aprobaron los diputados ante la Asamblea, además de ser “can-tinflada legislativa” tiene carácter de segundo rango porque no es Ley de la República, y eso violenta el artículo 109 de la Constitución, donde se deja clara la independencia que debe imperar entre los poderes.

Lejos de todas las argucias utilizadas para llevar este documento y “aprobarlo” en el Parlamento, el especialista, quien es presidente del Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (Iniet), profundizó en el contenido, y recomendó a las autoridades municipales, de la Contraloría y del Ministerio de Hacienda, “pronunciarse a lo inmediato frente a la ratificación del Protocolo, pues tienen mucho qué decir por el bien su propia gestión”.

¿Qué dice CGR?

Hasta se podría estar incursionando en el terreno penal al anular una resolución de la Contraloría General de la República (CGR), advirtió Báez Cortés, cuando se manda al Estado a derogar y revocar una resolución del ente fiscalizador.

“Estos tres ciudadanos que firmaron invaden funciones de la Contraloría en nombre del Gobierno. Asumen el compromiso ante Fenosa de que el Estado ahora se niega a sí mismo y las actuaciones realizadas. ¿Qué dice la Contraloría de eso? ¿Van a aceptar que el mismo Gobierno niegue una resolución de ellos como fiscalizadores del Estado?”, preguntó.

Explicó que en este documento se establece un régimen tributario especial para empresas particulares (Fenosa y generadoras), donde suprimen el verdadero Impuesto Municipal sobre el Ingreso (IMI) y su carácter de cobro en cascada, “por otro que es un engendro tributario, un supuesto impuesto conglobado --ilegal-- que nadie sabe qué tasa es esa y mucho menos cómo se calcula o cobra legalmente”.

Trato especialísimo

El IMI es un impuesto muy oneroso, estimó Báez, porque se cobra en cascada a la renta pública. Es el cobro de una tasa a cuantas operaciones existan. Es el uno por ciento a la renta bruta, y no se aplica a sólo una parte de las operaciones comerciales, sino a todas. “Este impuesto puede ser evitado sólo mediante leyes, como la Ley que beneficia al Turismo, pero, como verás, es mediante una Ley y no a través de un convenio informal”.

“El que no cumple, el que no paga, está evadiendo por Ley, y quien no paga se escuda también en una Ley. O sea, lo hace legalmente. Eso debe ser defendido por los alcaldes a fin de preservar sus ingresos”, señaló.

De esta forma --según Báez-- se violan los artículos más preciados de la reforma constitucional de 1995, donde se establece la “potestad tributaria”, exclusiva e indelegable de la Asamblea en la creación, reforma o derogación de tributos mediante leyes y no acuerdos.

Violaron autonomía municipal

También se viola la autonomía municipal, pues les cambian a las alcaldías la forma de cobrar los impuestos, y les reducen sustancialmente el monto que reciben de estas empresas.

“Es insólito. Los municipios, los alcaldes, deben pararse, rebelarse, y entender legalmente este cobro, y asumir que no existe nada que no esté en Ley, cuando sea en cuestión de impuestos”, estimó, al citar el principio de legalidad tributaria consignado en el artículo 115 de nuestra Carta Magna.

Dijo que para cualquier Gobierno Nacional o Municipal, asumir esta disposición es “peligrosa y determinante en su régimen tributario”, porque en los próximos meses es seguro que aparecerán otras empresas o sectores en mejor posición de reclamar el mismo trato, “¿y con qué cara se les va a decir que no?”, preguntó Báez.

Lamentó que cualquier respuesta a este pedido violente el principio de equidad horizontal tributaria, del cual deberían gozar todos los contribuyentes.

“Un córdoba que se le da o que no paga Fenosa, que es lo mismo, es un córdoba que se le quita a la nación”, aseguró el especialista, quien recordó que esta empresa ya estaba cometiendo una ilegalidad al cargar esta tasa a los clientes en las facturas.

Hacienda en silencio

En el documento no se deja claro cuánto pagan las empresas generadoras y Fenosa en concepto de IMI, y sus funcionarios tampoco lo han querido revelar. No obstante, del acuerdo se desprende que será mucho menos dinero y eso tendrá su impacto en el erario.

Báez reveló que esa es otra violación, pero al artículo 61 del Código Tributario, pues, cuando hay un impacto fiscal respecto de una decisión que se debe tomar en cuanto al pago de impuestos, debe opinar antes el Ministerio de Hacienda explicando cómo va a repercutir en los ingresos del Estado.

“¿Qué opinó Hacienda de semejante acuerdo inconstitucional? La exoneración es un gasto tributario, ¿y cuánto va a dejar de percibir el país por eso?, aunque ya está contemplado como “ingreso” en el presupuesto de este año, que, además, todavía no es Ley”, refirió el experto.

El documento llegó al extremo de condicionar también al país entero, según dijo, pues en caso de no cumplir con lo suscrito, hasta se le permite a Fenosa llevar al Estado de Nicaragua a un tribunal internacional, para que sea dirimido conforme sus propias disposiciones legales. “Eso te deja ver que no es una improvisación”, comentó.

Tres consecuencias

De aceptar y asumir este documento, la primera consecuencia visible, advirtió Báez, será un desestímulo al cumplimiento tributario de parte de todos los contribuyentes, quienes no van a querer pagar o pagarán muy tarde, sólo porque uno de ellos es tratado de forma especial.

También habrá una erosión de las finanzas públicas, porque ese dinero que no ingresa al erario se puede registrar también como una forma de gasto. “Debemos aclarar que gasto tributario es lo que te sacás de la bolsa, pero también es todo aquello que te dejás de meter a la bolsa”, dijo Báez.

La tercera consecuencia es generar un caldo de cultivo de corrupción, pues se viola la institucionalidad. “Es una vergüenza nacional. Es deleznable, es una agresión a la soberanía, un abuso de poder”, reaccionó el especialista, al reflexionar respecto a la dimensión legal a la que se llega con el fin de cumplir un objetivo.

Grave estímulo

“Es una manipulación fiscal que estimula e incentiva la competencia desleal entre las empresas, que ahora buscarán acercamiento con el gobierno en busca del mismo beneficio, argumentando ser también un sector estratégico, en detrimento de la competitividad nacional”, agregó.

Descartó asustarse en caso de que grandes compañías estratégicas, como las petroleras, distribuidoras de granos básicos y otras; pidan el mismo tratamiento tributario especial. “Pero llamo a la conciencia nacional para que se frene de inmediato. Yo no he visto un instrumento con tantas aberraciones, es un engendro legislativo”, afirmó.

Estimó de “exhortativa técnica y cívica” su llamado, que espera sirva cuando llegue la discusión del Presupuesto de la República. “Entonces nos vamos a ver las caras, cuando se vean esos hoyos en los ingresos. Los diputados deben explicar por qué apoyaron esa iniciativa, y sobre todo aquellos que se opusieron, quienes deben precisar en todo el dinero que hace falta”.