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Después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado de Nicaragua por el fallecimiento del adolescente Jean Paul Genie a manos de un escolta militar en 1990, organizaciones de derechos humanos señalaron que la Policía Nacional tiene un gran reto con el esclarecimiento de la muerte de la joven Rebeca Arvizú Juárez, quien presuntamente perdió la vida después que cuatro miembros del cuerpo de seguridad de Lenín Cerna, ex director de la Seguridad del Estado en los años ochenta, dispararan contra el vehículo en el que viajaba.

Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, comentó que todo agente policial de seguridad debe de respetar las normas y actuar guardando el derecho a la vida, por lo que la acción que estos desempeñan tiene que ser revisada. “Si los hechos ocurrieron tal como lo plantea la información publicada, donde se dice que a la víctima le dispararon al pasar por la propiedad de Cerna, mientras él no permanecía en su residencia y tampoco se exponía al peligro, no cabe duda que se trata de un asesinato”, expresó Carmona recordando el amargo drama de Jean Paul Genie, al que también dieron seguimiento.

Por su parte Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, manifestó que la institución policial tiene la gran responsabilidad de dilucidar esta muerte y castigar a los culpables. “Los agentes de seguridad pública, la policía de seguridad personal y los militares, todos están regidos por un código, el cual dicta que únicamente se puede actuar cuando la vida de su protegido o la suya propia está en inminente peligro. Si se descrubre que los agentes no actuaron apropiadamente deberán enfrentar a la justicia”, sustentó Carrión.