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Después de que la falta de justicia generó una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el Estado de Nicaragua, por la muerte del adolescente Jean Paul Genie a manos de una escolta militar en 1990, organizaciones de derechos humanos señalaron que la Policía Nacional tiene un gran reto con el esclarecimiento de la muerte de la joven Rebeca Arbizú Juárez, quien presuntamente falleció a manos de cuatro agentes miembros del cuerpo de seguridad de Lenín Cerna, ex Director de la Seguridad del Estado en los años 80.

Marcos Carmona, Director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, comentó que todo agente policial de seguridad debe respetar las normas y actuar guardando el derecho a la vida, por lo que la acción que éstos desempeñan tiene que ser revisada.

Un homicidio

“Si los hechos ocurrieron tal como se dice en la información publicada, donde se expresa que a las víctimas les dispararon al pasar frente a la propiedad de Cerna, sin que éste estuviera al frente, significa que ni siquiera estaba en peligro la vida de la persona que los escoltas protegían. Esto es un homicidio”, expresó Carmona, recordando el amargo drama de Jean Paul Genie, caso al que dieron seguimiento a inicios de la década pasada.

Indicó que aparentemente los escoltas actuaron de manera precipitada, ocasionando derramamiento de sangre, luto y dolor a la familia.

“Lamentablemente estos funcionarios (Cerna entre ellos) tienen delirio de persecución y se sienten blanco para atentar contra su vida. Sin embargo, en Nicaragua a los únicos funcionarios contra los que atentaron fue contra los Somoza. Es más, a Anastasio Somoza no lo mataron en nuestro país, sino en Paraguay”, recalcó Carmona, inquiriendo que no entiende por qué tienen tanto temor estos ex funcionarios, a quienes el Estado debe ponerles de manera permanente seguridad policial pagada con fondos públicos.

Consideró que los nicaragüenses deberíamos circular por las calles sin ningún temor, pero en este país, por el simple hecho de pasar frente a la propiedad de un protegido del Estado, estamos en peligro de muerte.

No deben dejar dudas

Por su parte, Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, dijo que la institución policial tiene la gran responsabilidad de esclarecer sin ninguna duda la muerte de la joven, además, que está esperanzado en que se castigue a los culpables, de encontrarse exceso en el uso de violencia en su actuación.

Argumentó que la circunstancia no puede ser que los uniformados “creyeron”. Eso no es razonable cuando el protegido no está en peligro, por lo cual no están proporcionalmente justificado el uso de armas de fuego.

“Los agentes de seguridad pública, los miembros policiales de seguridad personal e incluso militares, todos están regidos por normas universales para acciones establecidas a través de un código de conducta. En principio, para el empleo de la fuerza física y con arma de fuego. Aquí se dicta que únicamente se puede actuar cuando la vida de su protegido o la suya propia está en inminente peligro. Si se encuentra que los agentes no actuaron apropiadamente deberán enfrentar a la justicia”, expresó Carrión.

Mencionó que después de los golpes sufridos al desarrollo institucional de la Policía Nacional, tras la forma partidista en que fue sometida por la Presidencia, no es sano para la acción policial, para la administración de la justicia ni para la tranquilidad de la sociedad, que hechos de esta naturaleza encuentren obstáculos, independientemente de quién esté involucrado.