•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

Según Óscar Martínez, periodista investigativo de El Salvador, la gente ha llegado al punto de pagar para vivir. Las maras y pandillas han hecho de la extorsión un negocio y su principal fuente de ingreso para delinquir y hacerle frente al gobierno. Desde vendedoras de tomates en los mercados, transportistas y grandes empresas pagan a estos grupos para no ser víctimas de homicidios.

“Estos grupos son un serio problema para la vida educativa y comercial de El Salvador”, dice el periodista de investigación salvadoreño Óscar Martínez, ganador del Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2016 que otorga el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). 

Martínez escribe para el medio digital El Faro de El Salvador e “informa sobre la violencia de las pandillas y ejecuciones extrajudiciales en este país". 

Lea: Los camioneros son acosados por pandillas 

¿Por qué se le hace tan difícil a El Salvador disminuir los índices de violencia?

Creo que el problema de las pandillas no se resuelve porque a la clase política le ha interesado desde hace años utilizarlas más como una herramienta electoral que como un problema que realmente quieran solucionar. La clase política, que debería de estar preocupada por este tema, no entiende a las pandillas y sigue apostándoles a modelos inútiles como las balas. Creen que solo con represión es posible acabar con un problema que tiene una raíz social muy profunda. 

Decís que las maras y pandillas son usadas como una herramienta  electoral y el próximo año es preelectoral en El Salvador. ¿Qué se puede esperar?

Más de lo mismo. En nuestra sociedad tenemos varios estratos. Los sectores donde vive la clase popular son gobernados en su mayoría por las pandillas y esto se convierte en  un tema del día a día. Las pandillas norman la vida de esta gente desde la forma en cómo, cuándo y a qué hora salir y entrar de tu colonia o barrio. Cuando digo que las maras y pandillas son usadas como una herramienta política es porque desde el año 2003, cuando el expresidente (Francisco) Flores, que murió mientras era juzgado en un caso millonario de corrupción, lanzó el primer plan “Mano dura”, han surgido otros planes con nombres similares como el “Súper mano dura” y ahora sin llamarle de ninguna forma, el actual gobierno ha implementado el plan represivo de combate a las pandillas más fuerte desde el 2003.

Este año y el año pasado, en el periódico El Faro hemos revelado tres videos donde se evidencia cómo los dos principales partidos políticos se reunieron con líderes pandilleros en período electoral para discutir cuestiones como no impedir el voto en sus sectores fuertes, donde saben que tienen gran cantidad de votantes. Se ha usado a las pandillas como el malo perfecto que les ayuda a lanzar planes pomposos, como el “Súper mano dura”, pero que al final son cascarones vacíos. O para proponer proyectos millonarios de reinserción social que nunca terminan cumpliéndose. 

La sociedad salvadoreña está fracturada, se habla poco a sí misma, la gente casi no sale a las calles. La vida democrática de El Salvador es muy frágil y muy rota.

Un reportaje de El Faro en el que participás demuestra que las maras son estructuras que no cuentan con tanto financiamiento…

Los ingresos de la Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18 provienen principalmente de la extorsión. Las principales víctimas de este delito son las personas de clase media y clase media baja. Son personas que van desde la vendedoras de tomates de un mercado, hasta alguien que tiene una ferretería y tiene que pagar una mensualidad de US$100. Además está el dueño de uno o dos autobuses, que tienen que pagar US$10 semanales para que su vehículo pueda salir a trabajar sin que asesinen al chofer, al ayudante o al mismo dueño.

Sin embargo, la extorsión se expande hasta grandes empresas que también pagan extorsión. Hay repartidores de bebidas que cuando entran a las comunidades dominadas por las pandillas, deben pagar extorsión. Hay exdiputados que son dueños de varios buses que también pagan. 

Además: ONG salvadoreñas, alarmadas por alza menores muertos en tiroteos con Policía

¿Y los que se resisten a pagar?

En palabras sencillas, el que no paga muere o vive en un constante riesgo de ser asesinado.

¿Por qué la mayoría no denuncia? ¿qué garantías de seguridad ofrecen las autoridades?

La gente no denuncia porque la desconfianza en el sistema de justicia de El Salvador es, con razón, muy baja. Y digo con razón porque del subregistro que se tiene de 7,000 denuncias por extorsión que se han interpuesto en los últimos tres años, solo cerca de 424 llegan a juicio. Otro ejemplo: para mediados de este año solo 1 de cada 10 homicidios había llegado a los juzgados. Hay fiscales en El Salvador que son responsables de 500 casos de homicidios, desapariciones, etcétera. Hay decenas de jueces que tienen juicios pendientes por deficiencias en la forma de proceder. Este país tiene un sistema de justicia colapsado y no es algo nuevo, El Salvador es un país cuya marca, desde la época de la guerra, ha sido la impunidad y nos hemos acostumbrado a ello.

Más de  60,000 jóvenes integran  las pandillas y maras. ¿Por qué se ven obligados a pertenecer a estos grupos?

Esto se debe a amenazas o presión de la pandilla misma cuando busca engordar sus filas. Pero en la mayoría de los casos, los jóvenes se ven obligados a integrar las pandillas porque no tienen  ninguna oferta digna de parte del Estado. Viven vidas miserables, empobrecidas y a los 13 años toman esta estúpida decisión porque no saben a lo que se están metiendo y qué consecuencias genera. A diferencia de lo que ocurre con los carteles mexicanos, donde un sicario cobra por matar, en las pandillas salvadoreñas el joven no pregunta si va a ganar un centavo por cometer actividades ilícitas. Lo hacen como un acto de pertenencia a su nueva familia, para darle un sentido a sus vidas que están condenadas a ser miserables.

¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la educación en la reintegración?

Hay muchos maestros que tienen mucha voluntad, pero muy poca capacidad para trabajar. Las cuentan con muy pocos recursos, hay lugares donde se deben juntar a grados superiores con inferiores para que dé abasto el personal para atenderlos. 

Las pandillas tienen presencia dentro de las escuelas, incluso hay profesores extorsionados y hay escuelas donde solo pueden asistir habitantes de zonas controladas por una pandilla. Estos grupos son un serio problema para la vida educativa y comercial de El Salvador. 

También: Seis pandilleros mueren en choques con autoridades en El Salvador

¿Estos jóvenes reciben algún tipo de entrenamiento o los mandan a delinquir a la calle sin más?

Depende. Hay líderes que entrenan a sus miembros y hay grupos de menores que apenas pueden disparar un arma. Se debe entender que las pandillas son más parecidas a una confederación de clicas (grupos). Aquí vos vas a encontrar clicas formadas por 10 muchachos menores de 17 años que solo tienen una pistola calibre 38 y que hacen muy poco dinero, pero también vas encontrar clicas con más de 40 miembros con líderes que combatieron en la guerra que cuentan con fusiles de largo alcance. Las pandillas son un niño de 12 años que ya asesinó y a la vez son un exmilitar que vivió en Los Ángeles durante la fundación de la Mara Salvatrucha, fue deportado y ahora cuenta con una mente criminal más desarrollada. El problema es que yo no creo que podás combatir igual a un niño de 12 años que a un tipo de 50, no considero que se deba aplicar las mismas medidas a ambos. Y esa es la lógica del Estado, perseguirlos a ambos con el mismo disparo y poder de fuego.

¿Qué hace falta para que no ingresen a las maras?

Un paso central sería reconocer que el Estado debe dialogar de una forma distinta con la población que vive en zonas dominadas por pandillas, así como con los mismos pandilleros. No me refiero a darles privilegios, sino aplicar planes donde el Estado no solo llega en forma de policía o militar, sino como interventor social para dirimir conflictos sencillos. Lo que el gobierno salvadoreño ha creado al día de hoy es más parecido a una guerra que a un problema de seguridad pública, y lo están enfrentando de esa manera. 

¿Cuáles son las proyecciones en cuanto al combate de la violencia?

A la luz de lo que veo y la rueda de odio y venganza que se ha desatado entre pandillas y policías, no veo un panorama alentador y menos para el próximo año.  Las pandillas han asegurado que en periodo preelectoral van a cobrarle al actual gobierno lo que ellos creen que fue una traición, cuando les hicieron ofertas para las elecciones de 2014, que no les cumplieron.

Hablemos del trabajo periodístico. ¿Cuáles son los principales riesgos de investigar esto?

Para entrar a zonas controladas por pandillas por supuesto que hay riesgo, pero tomamos precauciones, armamos sistemas de monitoreo y hemos descubierto cómo hacer nuestro trabajo. Lo principal sigue siendo no poner en riesgo a nuestra fuente. Que una señora que habló con vos sobre cómo es vivir en una zona en conflicto o un pandillero que se atrevió a contar intimidades de su grupo sin que los líderes lo supieran, termine siendo asesinado. Un paso en falso puede matar a alguien.

¿Alguna vez vos o tu familia ha sido amenazada por tu trabajo y has pensado abandonar el oficio?

En mi casa me han buscado hombres de civil, la policía me ha hecho detenciones ilegales, el director de El Faro ha sido amenazado por las pandillas. Algunas veces hemos tenido que salir del país por una semana después de la última publicación sobre la masacre de San Blas. Estoy consciente de los riesgos. Nunca he querido hacer periodismo en el país más homicida del mundo sin pensar que ocurra alguna consecuencia. A pesar de las amenazas, nunca he pensado en abandonar el periodismo.