Jorge Eduardo Arellano
  •  |
  •  |
  • END

Consternados e indignados se encuentran familiares de las víctimas de José Daniel Vargas López, condenado a 20 años de prisión por varios delitos, entre ellos complicidad en el asesinato del diputado José Alfonso Cuadra García, al enterarse de la libertad condicional que le fue otorgada el miércoles pasado.

Vargas López había sido condenado inicialmente a 30 años, sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Matagalpa se la redujo a 20 el año pasado. Con base en ese nuevo conteo es que ahora lo están poniendo en libertad, en lo que parece ser el camino trazado para liberar a otro asesino político.

“Con esta resolución están volviendo a matar a José, porque es una barbaridad que estén dejando libre a asesinos comprobados, porque está condenado, no es siquiera un sospechoso”, aseguró Alfredo Cuadra, hermano del entonces diputado Cuadra.

La libertad condicional para Vargas fue otorgada mediante una resolución emitida por la titular del Juzgado de Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria (Jdpesvp) de Matagalpa, Martha Lorena Loáisiga Cruz, a petición de la defensora pública Ruth Berríos Zepeda.

Hasta ayer, Vargas sólo había cumplido nueve años, seis meses y 13 días de la condena, según el cálculo hecho por Loáisiga, quien tomó como referencia una hoja de evaluación de conducta del reo.

Dolor de padre del otro asesinado

Otro de los familiares afectados por la decisión de la Juez de Ejecución de Sentencia es Julio Ruiz Quezada, padre de Julio Ruiz, quien también fue ultimado con el diputado Cuadra.

“Hoy (ayer) a primera hora introduje un recurso al Tribunal de Apelación de Matagalpa para impedir que se le otorgue la libertad a un asesino”, aseguró Ruiz Quezada.

Ruiz expresó que espera que la orden de libertad no se haya efectuado, puesto que él introdujo en tiempo y forma su escrito de rechazo a la decisión de libertad condicional otorgada por la juez de ese departamento.

“Tiene que suspenderse la ejecución de esa orden, porque los argumentos legales en que se basaron para otorgarla no son suficientes”, expresó el afectado.

Ruiz asegura que desde hace 20 días (fecha que se está gestionando la libertad condicional del condenado) está recibiendo llamadas telefónicas donde lo amenazan de muerte si continúa evitando que el reo salga en libertad.

Lo amenazan

“Llaman a mi oficina, a mi hermano y esposa, y les dicen que si yo me sigo oponiendo recibirán un regalito como el de hace nueve años que mataron a mi hijo”, expresó el matagalpino.

Los familiares de las víctimas creen que hay alguien detrás que quiere sacar de la cárcel a todos los asesinos políticos.

“El día que los asesinaron, el diputado Cuadra iba precisamente a la Asamblea Nacional a votar contra el pacto, y en la propia vela de Cuadra, su suplente ya estaba diciendo que iba a votar a favor del pacto, quiere decir que ya lo habían comprado”, dijo.

“El asesinato de mi hijo fue político, porque iba con el diputado Cuadra que en ese entonces iba a votar a la Asamblea Nacional contra el pacto, y al suplente Ismael Torres, el voto 56 ya lo tenían comprado, por eso mandaron a matar a Cuadra”, insistió Ruiz.

El asesinato del diputado José Alfonso Cuadra García fue el 18 de agosto de 1999 en el sector conocido como Colonia Agrícola, en el municipio de Rancho Grande, Matagalpa, donde tenía una finca.

Cuadra militaba en el Partido Conservador y era directivo de la Asamblea Nacional cuando fue asesinado junto a Julio Enrique Ruiz Morales y Francisco Celino Lazo Martínez, en una emboscada.

En la resolución, Loáisiga impuso a Vargas la obligación de rendir una fianza personal y pecuniaria por 2 mil córdobas, la cual debe depositar en una cuenta de la Corte Suprema de Justicia.

Otras medidas impuestas por la judicial fue otorgar un período de prueba de libertad condicional de cinco años, por lo que Vargas deberá presentarse anualmente a ese Juzgado para firmar un libro de control de reos. La firma la hará en la primera quincena de marzo de cada año, hasta 2014.

Los otros condenados

Como coautores del triple asesinato y otros delitos, los hermanos Modesto y Apolinar Pérez Blandón, además de Domingo Blandón Paiz, fueron condenados a 30 años de prisión, a través de una sentencia dictada el 22 de mayo de 2000 por Maribel Mena Maldonado, entonces Juez Segundo de Distrito Penal del Crimen de Matagalpa, y actual magistrada del Tribunal de Apelaciones en Estelí.