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Pese a que no tiene ningún costo para su realización, el juez Tomás Eduardo Cortez, titular del juzgado octavo de distrito de familia apenas ha efectuado tres bodas civiles en este año. Él tuvo suerte, su colega la jueza Xiomara Rivera, encargada del juzgado tercero de familia no ha realizado ninguna.

El hecho no sorprende tanto a este par de jueces, ya que cifras oficiales reflejan que las personas que se casan en los Tribunales de la familia son muy pocas. En 2015 por ejemplo, apenas 22 personas se enlazaron en estas dependencias y aunque en 2016 la cifra alcanzó 40 parejas, la cantidad sigue siendo baja.

La jueza Rivera explica que el Código Civil de 1904 establecía que solamente un juez estaba facultado para oficiar matrimonios e inclusive que este recibiera un pago si la boda se realizaba en casa de la pareja, sin embargo con la promulgación en 1991 de la Ley que da mayor utilidad a la institución del notariado, Ley 139, esta práctica cambió.

“Con esta ley se amplían las facultades de los notarios, se les otorga la facultad de celebrar matrimonios como también la facultad de hacer rectificaciones literales en su protocolo, en lo que hace la identidad de las personas, entre otras cosas”, explicó Rivera.

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UNA CUESTIÓN CULTURAL

Tanto Rivera como su colega Cortez coinciden en señalar que la selección de un notario en oposición a un juez para oficiar la ceremonia, está relacionado a una percepción cultural de que los juzgados típicamente suelen emplearse para resolver controversias y no tanto para formalizar una relación de pareja.

“Creo que eso (el poco uso) tiene que ver con el imaginario de nuestra gente, pero si se les da la opción de poder casarse en su casa y tienen los recursos económicos como para proveerse los servicios de un notario en el ejercicio libre de su profesión, entonces la gente lo hace”, dijo Rivera.

Mientras que Cortez señaló que el factor celebración es también determinante. “Al venir aquí te ajustas al día y la hora en el que el juez tiene la oportunidad de tener la sala y lo realizas en esa fecha, mientras que si tenés el factor que vas a celebrarlo por tu cuenta vos dispones del día y la hora inclusive en fin de semana”, dijo.

COSTO PRIVADO

En este sentido, Raquel Navarro abogada y notaría pública, sostiene que adicionalmente a la disponibilidad de fechas y horarios, las personas que prefieren usar el servicio privado pueden acordar que el mismo jurista que efectúa la ceremonia inscriba también el matrimonio en el registro civil.

“Tanto en los juzgados como en una ceremonia privada a la pareja se le entrega un certificado de matrimonio, con el cual uno de los cónyuges debe proceder a inscribirlo para que este quede oficializado y goce de todas las prerrogativas que la Ley confiere”, comentó Navarro.

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La jurista explicó que el pago por un servicio matrimonial privado ronda los C$3,000 no obstante si se acuerda que el abogado o notario también inscriba el matrimonio la cifra puede alcanzar C$5,000.

Ya sea que se haga uso del servicio privado o público, los requisitos que la pareja interesada en casarse debe cumplir son la obtención de los certificados de soltería, la partida de nacimiento, copia de la cédula de los contrayentes y de los testigos de la boda.

Según los jueces consultados, la mayor parte de las personas que se casan profesan alguna religión especialmente la evangélica, y han sido aconsejados por sus líderes religiosos a realizarlo.

Mucha burocracia

papeleo• Para el sociólogo Cirilo Otero, el poco uso de los juzgados para casarse se debe principalmente a que la mayor parte de la gente tiene la percepción de que las instituciones del gobierno son sumamente burocráticas.

“La gente tiene ese primer concepto y entonces no quiere ir a tener una relación con instituciones estatales, en este caso al campo de las leyes”, afirmó Otero.

Otro aspecto que a juicio del sociólogo incide en el poco uso de los juzgados para casarse está referido al hecho que es cada vez más común encontrarse que muy pocas personas buscan la formalización de una relación.

“Generalmente hay poca instrucción en la educación que la gente le gusta la formalización y cuando ya te hablan de ir ante un juez, a la gente le da como escozor porque piensa que es muy serio el asunto”, mencionó Otero.

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Finalmente el especialista señala que también el factor económico incide en el poco uso de los juzgados, ya que tanto la pareja como sus acompañantes, deben movilizarse hasta el tribunal para llevar a cabo la ceremonia.