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A solo cuatro días de que finalice el 2016, en Nicaragua se contabilizan 49 muertes violentas de mujeres por razones de género, expresó Magaly Quintana, coordinadora de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

Las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos consideran que la violencia machista es aquella que se ejerce mediante toda acción dentro del marco de una relación desigual, misma que afecta la vida, dignidad, integridad física, sicológica, sexual y económica por el hecho de ser o sentirse mujer.

Juliana Dominga Angulo, de 82 años, encontrada sin vida el pasado sábado 24 de diciembre en la comarca Los García, municipio de Santa Lucía, departamento de Boaco, es el último caso sobre violencia de género que registra la misma organización.

La anciana desapareció un día antes, cuando fue a buscar unas cuajadas que luego revendería. Después de realizar las investigaciones, la Policía de Boaco presentó ayer como principales sospechosos a Norlan Garzón, de 30 años, y a Pánfilo Romero, de 51, quienes se encontraban en estado de ebriedad al momento de cometer el crimen.

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Otro de los casos más violentos ocurridos este año es el de Ángela Verónica Crespo, violada y asesinada la noche del pasado 9 de octubre por Silvio Mayorga González, quien después lanzó el cuerpo de la mujer en un cauce del barrio San Judas, en Managua.

Mayorga González fue condenado a 30 años de cárcel el pasado 12 de diciembre. Este fue uno de los casos en donde las organizaciones feministas consideran que hubo justicia y no la “acostumbrada impunidad”.

Entre otros crímenes cometidos destaca en abril pasado la muerte de Xiomara Cruz Torres, en Estelí. Su agresor, Rodolfo García Valenzuela, alias “El Popo”, ocultó en el patio de su casa durante 48  días el cadáver de la joven. Tras descubrirse su culpabilidad, una juez condenó a 28 años de cárcel a García Valenzuela.

El pasajero que se convirtió en verdugo, Pablo Enrique Gómez, alias “El Zurdo”, fue  condenado a 30 años de prisión por matar a Anielka Espinoza Escobar en Villa El Carmen, el pasado 6 de julio. Gómez subió como pasajero a la caponera que conducía la joven y al llegar a un sitio apartado, la atacó hasta quitarle la vida.

Situación

Magaly Quintana cree que para el 2017 las perspectivas sobre la violencia machista en el país “no son esperanzadoras, porque falta más visibilización del problema por parte de las instituciones correspondientes, ya sea la Policía o el Ministerio Público”.

Añade que “los niveles de impunidad se van a mantener, por eso a las organizaciones feministas nos corresponderá seguir demandando nuestros derechos. Mientras que el Gobierno deberá tomar medidas públicas más eficientes”.

De acuerdo con la organización Católicas por el Derecho a Decidir, la vivienda continúa siendo el lugar menos seguro para las mujeres, porque de las 53 muertes violentas registradas el año pasado, 36 fueron dentro del hogar.

Para Mirna Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua (MFN), el hecho de que se hayan cerrado las Comisarías de la Mujer minimiza las dimensiones que existen con respecto a la violencia de género, puesto que demuestra poco interés hacia esta problemática.  

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“Nosotros creemos que la Dirección de Auxilio Judicial (sitio donde ahora se atienden las denuncias por violencia) no está preparada para abordar correctamente este problema, porque tampoco sus funcionarios se encuentran capacitados para brindar soluciones, pues en su mayoría siempre mandan a una mediación”, asegura.

Urge un registro oficial

El sociólogo Javier Ponce Uriarte señala que “otro de los problemas en Nicaragua es que se carecen de registros oficiales para cuantificar los femicidios. Esto afecta porque el impacto no solo está en el hecho, sino también en los menores que quedan huérfanos”.

“Si bien existe la organización regional Católicas por el Derecho a Decidir, que actualmente elabora las estadísticas de femicidio en el país, lo hace con datos que se recopilan mediante la información publicada por los medios, pero hay algunos casos que no se dan a conocer”, dice.

La Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia señala en un informe que el país ha avanzado en materia legislativa para el combate de la violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas, adecuando su marco jurídico al aprobar la Ley 779 (Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer), sin embargo, esta no ha sido suficiente para disminuir los niveles de violencia.