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Mientras David Castillo, titular del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), confirmaba ayer que las plantas eléctricas de Albanisa serán pagadas por los clientes de Unión Fenosa vía tarifa, miembros de las organizaciones de consumidores demandaron a los diputados de las comisiones de Economía e Infraestructura de la Asamblea Nacional, que exijan a las autoridades del gobierno y del Ministerio de Energía y Minas (MEM) una explicación de esos pagos, pues temen que el servicio de energía suba nuevamente.

Emilio Rappaccioli, titular del MEM, confesó este lunes que los 250 millones de dólares que Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) está invirtiendo en el país a través de las plantas de generación eléctrica, serán cancelados por los clientes de Unión Fenosa, que suman 695 mil abonados, según los registros de la empresa española.

Esos 250 millones de dólares equivalen a 5 mil cuatro millones 650 mil córdobas, según el tipo de cambio oficial de hoy publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Albanisa es una empresa privada encargada de importar petróleo y sus derivados desde Venezuela, de cuya factura un 25 por ciento es dirigida para proyectos sociales que son manejados de manera discrecional por el partido de gobierno a través de la paraestatal Alba-Caruna, según se establece en el adendum al Contrato de Venta No. SA.130954, entre la Empresa estatal nicaragüense Petronic, y Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), elaborado el ocho de junio de 2007.

Castillo confirma pago en la tarifa

“Lo que dijo el ministro (Rappaccioli) es claro y evidente, que se van a pagar las plantas (de Albanisa) porque van a entrar como un contrato de una empresa privada… toda planta de generación que se instale en el país es pagada por los consumidores a través del precio de la energía”, confirmó Castillo ayer al salir de una reunión que sostuvo con diputados de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea, en donde abordaron la necesidad de que empresarios inviertan en proyectos hidroeléctricos.

Sin embargo, dejó claro que hasta ayer el INE todavía no había recibido ningún contrato de generación eléctrica entre Albanisa y el MEM, o de compra-venta de energía entre Albanisa y Disnorte-Dissur, por lo que dijo que “se requiere firmar contrato para estabilizar ese servicio”, y por eso espera que las autoridades de ese ministerio presenten una propuesta en los próximos días.

Agregó que desde hace meses la inversión de las plantas Hugo Chávez y las Che Guevara --que en total suman 160 megavatios que funcionan a base de derivados del petróleo-- están cobrando los cargos por potencia, que son los cobros para recuperar su inversión a través del mercado de ocasión, es decir, a un precio libre, conforme lo disponga el Centro Nacional de Despacho de Carga, que es la institución que regula la entrada y salida de plantas de generación.

“Todas esas plantas (las Che Guevara y Hugo Chávez) están vendiendo en el mercado de ocasión y cobran siete dólares el kilovatio mes como cargo de potencia (para recuperar su inversión)”, dijo Castillo, sin embargo no precisó cuánto ha recuperado Albanisa al cobrar ese monto.

EL NUEVO DIARIO conoció que tampoco Fenosa ha conversado con las autoridades del MEM ni de Albanisa para firmar contratos de compra-venta de energía con esa empresa, por lo que consultamos al respecto con Noel Hernández, responsable del área de Relaciones Informativas de la compañía española, pero nos indicó que los únicos autorizados para dar declaraciones eran los funcionarios del MEM.

Rappaccioli otorga licencia para 25 años

Según el Acuerdo Ministerial número 65–DGERR-27-2008, en poder de END, el ministro Emilio Rappaccioli otorgó una licencia de generación por un periodo de 25 años para operar las plantas Che Guevara Uno (en Tipitapa), Dos (en Masaya) y Tres (en Managua) a Albanisa. En total, la potencia instalada es de 61.2 megavatios.

La licencia de generación fue solicitada por José Francisco López Centeno, quien firma como representante legal de Albanisa y a su vez es vicepresidente de esa empresa, pero, además, es presidente de Petronic y tesorero del FSLN, y también ocupa un puesto dentro de la Junta Directiva de Fenosa, cargo al que fue designado por el presidente Daniel Ortega.

Por su parte, los diputados Eliseo Núñez y Agustín Jarquín Anaya, presidente y vicepresidente de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea, respectivamente, dijeron no saber que las plantas serían pagadas vía tarifa eléctrica, sin embargo se mostraron a favor de que Albanisa recupere su inversión de esa forma.

“Siendo que Albanisa es una empresa privada, se va a cobrar por el costo de la tarifa… con el costo de la energía que se está vendiendo se van a pagar (las inversiones)”, dijo Jarquín, quien aseguró que eso no implica algún tipo de “obligación para el erario”.

“Tiene que pagarse una potencia. Toda generadora tiene derecho a una potencia, se les paga de siete hasta 22 dólares por kilowat producido, por lo tanto, con esta potencia se pagan las plantas”, comentó Núñez.

¿Se supone que debió haber una licitación pública de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado?, preguntó END. “¿Por qué?. Si usted va a poner su planta, como usted la compra no tenemos que ver”. Por ejemplo Tipitapa Power, como ellos compran sus plantas, yo no sé, porque es una cuestión estrictamente privada”, dijo Jarquín.

Contralor Hernández: “Estoy más confundido”

La confirmación de que el país adquirió las plantas eléctricas sin aprobación de la Asamblea Nacional y sin cumplir con el proceso de licitación pública que establece la Ley de Contrataciones, provocó una enorme confusión en uno de los representantes del ente fiscalizador.

“La verdad es que tanto las declaraciones del ministro Rappaccioli, como las que dio el presidente del INE, me han confundido más de lo que ya estaba en el asunto de la deuda pública con Venezuela, porque siempre se nos dijo y aseguró que no había endeudamiento”, dijo el contralor Lino Hernández.

Explicó que no ha habido de parte de la Contraloría una actitud de indiferencia frente a la deuda externa con Venezuela, en la cual se ha insistido desde que se firmó el acuerdo energético con el país sudamericano, sino que solo el hecho de que la Asamblea Nacional no la haya aprobado nunca, les garantizaba que la misma no existía.

“La verdad es que nosotros nos basábamos en que no hay deuda legal si la Asamblea no la aprueba, pero de todas maneras, mañana (hoy) lo voy a plantear a mis colegas, porque estoy claro que existe una gran confusión sobre este asunto”, indicó.

Y es que mientras Rappaccioli ha dicho que las plantas Hugo Chávez y Che Guevara son de Albanisa, quien se encargó de instalarlas y administrarlas es la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), de acuerdo con declaraciones de Ernesto Martínez Tiffer, presidente de esa compañía eléctrica estatal y según reporta el Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) en su página web www.cndc.gob.ni.

Diputados deben exigir transparencia

Mientras tanto, Gonzalo Salgado, Coordinador de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC) y Marvin Pomares, Director del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores (Indec), exigieron a Rappaccioli que explique de manera clara los detalles de los acuerdos establecidos con Albanisa, pues temen que el pago de la inversión de esas plantas pueda provocar un incremento considerable en la tarifa.

También exhortaron a los diputados que llamen a las autoridades del INE y del MEM para que aclaren a la población el pago de las plantas. “Es una responsabilidad de los diputados de la Comisión de Infraestructura llamar a los funcionarios involucrados de este tema para estar claros de qué es lo que pasa, porque al final se trata de una deuda pública porque nos va a llevar a pagarla en la factura de energía”, dijo Salgado.


(Con la colaboración de Luis Galeano y Leonor Álvarez)