Jorge Eduardo Arellano
  •  |
  •  |
  • END

La reducción de 10 millones de córdobas para este año en el presupuesto asignado a la Defensoría Pública, traerá como consecuencia el no nombramiento de nuevos defensores públicos para la población más necesitada que hace uso gratis de este servicio. “El presupuesto afecta, porque este año le redujeron a la Defensoría Pública 10 millones de córdobas.

La propuesta era de 75 millones de córdobas y dieron solo 65 millones, es decir, hay una reducción muy significativa”, expresó María de los Ángeles Mendoza, Directora de Defensoría Pública.

Según la directora de Defensoría, esta reducción repercute negativamente porque no hay muchas posibilidades de tener nombramientos nuevos, y la brecha entre el número de defensores públicos y fiscales aumenta.

“La demanda de defensa sigue creciendo, y nosotros queremos tener al menos una relación entre el número de fiscales y número de defensores. Actualmente, el Ministerio Público tiene 280 fiscales, mientras nosotros tenemos 150 defensores, entonces no hay equilibrio procesal entre acusadores y defensores”, detalló Mendoza.

La Defensoría presta servicio a 75 municipios por el esfuerzo que hacen los defensores asignados a los departamentos, pues se turnan por días en diferentes localidades.

“Hay compañeros que se desplazan de un municipio a otro para poder ampliar la cobertura, pero en el futuro habría que pensar estar por lo menos cerca del número de fiscales, para poder dar el servicio a los y las ciudadanas”, expresó Mendoza.

Para el presupuesto de este año, la Defensoría solicitó a la Corte Suprema de Justicia el nombramiento de once defensores para los Juzgados de Adolescentes a nivel nacional, pero hasta ahora no han dicho nada.

“La intención es que a nivel nacional haya un defensor especializado en materia de adolescentes, donde se requiere de una mentalidad más amplia para comprender al adolescente infractor”, aclaró la directora.

Hasta el momento se atiende este sector, pero lo hacen los mismos defensores que atienden Penal, de Distrito, Local y Sentencias.

Rebasados

Según Mendoza, cada defensor público anda entre 60 y 80 expedientes o casos, cuando lo óptimo es entre 20 y 30 para un buen manejo técnico, según la jurista.

“Manejar ese número de casos rebasa la capacidad del compañero o compañera, sin embargo no hemos dicho a la gente que no”, señaló la doctora en leyes.

Según un informe centroamericano denominado Estado de la Región, presentado el año pasado, Nicaragua tiene menos operadores jurídicos (defensores y fiscales) que el resto de países de la región, para atender la demanda de la población.

Un indicador en este sentido es la cantidad de operadores jurídicos por cada 100 mil habitantes, donde Nicaragua tiene 1 millón 700 mil defensores contra 4.7 fiscales; mientras que Costa Rica presenta el mayor número de defensores con 5.8 y 7.7 fiscales.

Las cifras referentes al número de casos que lleva cada defensor público, pueden incrementar este año, pues la Policía Nacional aceptó que los delitos en 2008 incrementaron respecto a 2007, y pueden mantener la tendencia. De 139 mil 318 delitos en 2007 se pasó a 154 mil 771 delitos, según datos de la Policía Nacional.

“En esta parte es importante para nosotros poder cubrir los distritos policiales para depurar casos o hacer un filtro, para que no todos los casos lleguen a los juzgados y se terminen en la Policía por mediación”, dijo Mendoza.

La defensora aseguró que el problema en el aumento de la demanda puede repercutir en la calidad del servicio, porque si hay mucha demanda y sobrepasa la capacidad humana “se puede deteriorar la calidad del servicio”.

“Si no hay presupuesto, pueden trasladar a otros compañeros de otras dependencias a defensorías”, recalcó Mendoza.

A pesar de las dificultades y carga de trabajo de las y los defensores públicos este año la Dirección de Defensoría Pública tiene previsto dar cobertura a más municipios en todo el país, no sólo en delito penal sino también de familia.