Mauricio Miranda
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Este jueves Nicaragua argumentará en audiencia oral ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), su posición de no permitirle a Costa Rica que oficiales armados de ese país, naveguen en las aguas del río San Juan.

La audiencia oral se reinicia este jueves, cuando el doctor Carlos Argüello Gómez, agente de Nicaragua en el caso, tome la palabra ante el Tribunal, así como los otros juristas que defienden la posición nicaragüense ante la Corte, con sede en La Haya, Holanda.

Mañana viernes, Nicaragua tendrá la oportunidad de explayarse sobre sus argumentos, tal como lo hicieron los funcionarios costarricenses el pasado lunes y martes.

EL NUEVO DIARIO intentó conversar con el doctor Argüello este miércoles, pero una asistente suya nos respondió que él y el resto del equipo de trabajo no se encontraban a la disposición.

Días antes de esa fase, Argüello se había mostrado confiado, al afirmar, vía telefónica, que los argumentos nicaragüenses eran prácticamente irrebatibles.

Mauricio Herdocia Sacasa, experto en Derecho Internacional, y quien ha estado atento a los planteamientos de Costa Rica expuestos a inicios de esta semana, dijo que los mismos eran “débiles” e “inconsistentes”.

Según el doctor Herdocia, los representantes del vecino país del sur en el caso, no demostraron una estrategia contundente ni firme para derribar el “muro” que representa el Tratado Jerez-Cañas, que le otorga la soberanía del río a Nicaragua.

Se espera que a lo largo de este jueves, y mañana viernes, el doctor Argüello y los demás juristas que defienden la posición nicaragüense detallen punto por punto, los argumentos para impedir las exigencias que pide Costa Rica, como la navegación de sus oficiales con armas.

Una vez que concluya esta fase, el Tribunal finalmente deliberará sobre el caso y emitirá su sentencia, la cual podría estar lista en el mes de julio, según dijo el mismo doctor Argüello en días pasados a EL NUEVO DIARIO.

El juicio en la CIJ comenzó con una demanda interpuesta por Costa Rica en 2005, al denunciar que Nicaragua impedía la navegación por las aguas del río San Juan, de oficiales armados de su país; así como el transporte sin control de turistas provenientes de ese país del sur, por las aguas del río nicaragüense.