Jorge Eduardo Arellano
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La bancada liberal en la Asamblea Nacional anunció ayer una moción para transparentar la entrega de bonos alimenticios del programa social gubernamental “Hambre Cero”, luego de firmar un dictamen de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto donde se avala un préstamo de 20 millones de dólares para dicho programa.

El diputado Freddy Torres, vicepresidente de la citada comisión legislativa, dijo que los miembros de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Wilfredo Navarro, Óscar Moncada y Francisco Aguirre, razonaron sus firmas y propusieron mociones a incorporarse en la Ley de Presupuesto General de la República del 2009.

“Como esa deuda se incorpora al presupuesta 2009, propusimos una moción en la Ley del Presupuesto General de la República, donde se establezca claramente que los Concejos, de forma particular y de manera proporcional, permitan a los concejales de todas las bancadas de los municipios proponer a beneficiarios del programa que reúnan los requisitos que el programa exige”, dijo Torres.

“Eso es para que se abra el universo de los beneficiarios y evitar que se beneficie solamente a militantes y simpatizantes sandinistas, o que se haga clientelismo político con los recursos del Estado, como se ha hecho hasta ahora con ese programa, porque aquí hablamos de 400 millones de córdobas que son una deuda pública que vamos a pagar todos los nicaragüenses y no solo los sandinistas beneficiados”, expresó.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofreció al país un préstamo de 20 millones de dólares en condiciones favorables, con 10 millones de dólares a pagarse en 30 años de plazo y 10 de gracia, y los otros 10 millones a 40 años. Su aprobación requería de la aprobación en la Asamblea Nacional.

Por su parte, el presidente de la Comisión, Wálmaro Gutiérrez, informó que el dictamen con la firma unánime de todos los miembros de la citada comisión, fue remitido ayer a la Primera Secretaría conforme al procedimiento legislativo.

Dijo que las propuestas de Torres fueron escuchadas y discutidas, pero no fueron consideradas en el dictamen, por cuanto éste es un convenio de crédito que sólo se aprueba o se rechaza, sin opciones a modificaciones de los términos establecidos por las partes, que en este caso son el BID que otorga y el Estado de Nicaragua que las asume como deuda pública.

Requisito indispensable: ser pobre

Dijo que las propuestas de Torres pueden tener incidencias sólo por medio de mociones en la aprobación del Presupuesto General de la República, pero insistió que en este caso, no eran pertinentes porque la parte que emite el crédito ya conoce la metodología de trabajo del Magfor y aprobó ese sistema, incluyendo los requisitos sociales y económicos de las familias beneficiarias.

Dijo que en la selección de familias beneficiarias imperan los requisitos de pobreza y necesidad, más otras condiciones de propiedad y territorialidad que son certificados por comisiones técnicas donde participan las alcaldías municipales, autoridades del Magfor, organismos no gubernamentales y líderes locales, además de los Consejos del Poder Ciudadano.

Cabe citar que el programa “Hambre Cero” es objeto de una auditoría por parte de la Contraloría General de la República, luego de que el ex director, Gustavo Moreno, renunciara por supuestas presiones de los CPC.

La investigación fue orientada por el presidente Daniel Ortega y solicitada por el ministro agropecuario, Ariel Bucardo, luego que familias beneficiarias y miembros de los CPC se quejaran de la calidad de las vaquillas adquiridas con los fondos públicos.

Otra de las situaciones que generó la investigación fue la constante solicitud de las autoridades del Magfor a la Contraloría de compras directas sin los rigores de las licitaciones que establece la Ley de Contrataciones del Estado.

Hasta 2008, la Contraloría había aprobado 470 millones de córdobas para compras y contrataciones directas del programa social, y había una tercera solicitud de 208.6 millones de córdobas para 2009, cuyo suerte se desconoce.

La aprobación de los 20 millones de dólares, equivalentes de unos 400 millones de córdobas al tipo de cambio oficial, más los 208.6 solicitados con exclusión de procedimientos de control, dejaría al Magfor con una caja de más de 608 millones de córdobas de fondos públicos.