•  |
  •  |
  • END

El experto en derecho internacional Manuel Madriz Fornos consideró que los argumentos de Costa Rica en el juicio contra Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda, aparte de “debilísimos”, se estrellaron con la fortaleza jurídica del tratado Jerez-Cañas y otros acuerdos posteriores que le limitaron desde entonces y por siempre derechos sobre el nicaragüense río San Juan.

El autor del libro “El río San Juan, una vía de comercio perpetua”, dijo que el tratado fue firmado el 15 de abril de 1858, por Máximo Jerez, Ministro Plenipotenciario del gobierno de Nicaragua, y José María Cañas, Ministro de igual rango de Costa Rica, quienes establecieron con asesorías de Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente, las condiciones de derechos y obligaciones a perpetuidad sobre la soberanía y navegación del río ubicado al sur de Nicaragua.

“Entonces la pretensión de Costa Rica, más que el río, lo que buscaba era derechos en la ruta del canal, su problema nunca fue el río, y así fue que se estableció el tratado Jerez-Cañas, el que se afinó y amplió en detalles con otros tratados posteriores que establecieron clarísimamente hasta dónde llegan los derechos del vecino del sur”, dijo Madriz.

Más que un tratado

“El tratado Jerez-Cañas no es un simple tratado de límites, sino la estructura de un régimen jurídico que establece derechos y obligaciones que no se da para interpretaciones, y que las mismas se ampliaron y se especificaron en el consiguiente Laudo Cleveland del 22 de marzo de 1888 y en cinco laudos Alexander (apellido del árbitro internacional) emitidos entre 1897 y 1900”, relató el experto.

Añadió que el dominio y sumo imperio “no se pone en duda”, pues lo que se pelea es la navegación con objetos de comercio, pretendiendo Costa Rica interpretar objetos de comercio en derechos de libre navegación para la explotación turística, como si los turistas fueran rebajados a la calidad de mercancía en categorías de objetos.

Según el especialista en derecho internacional, los tratados aludidos por Costa Rica en La Haya, sobre todo el Laudo IV, establecen que en el concepto de “objetos de comercio”, bien entendido por Costa Rica todo el tiempo, “las palabras deben tomarse tanto como sea posible en su primera y más simple acepción, en su natural y obvio sentido, según el uso general de las palabras, en el sentido natural y razonable de los términos, en el sentido usual y no en ninguna acepción extraordinaria y no usada”.

Los argumentos de los agentes costarricenses, a criterio de Madriz, han estado “debilísimos”, pues han planteado que tienen derecho a navegación con objetos de comercio, queriendo confundir el concepto objetos de comercio con finalidad de comercio, que es distinto, “pero no hay forma de que se considere a un turista como objeto de comercio”.

De acuerdo con el estudioso, lo que Costa Rica busca es “abrir un espacio de confusión que les permita a ellos expandir su mercado turístico, pero el tratado Jerez-Cañas, el Laudo Cleveland y los laudos Alexander, forman una fortaleza jurídica inexpugnable, cerrados y perfectos, no hay fisuras ahí, se hizo para la posteridad, a menos que la Corte empiece a descomponer el mundo y a recomponerlo, y no es esa su misión ni su intención”.