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La Contraloría General de la República (CGR) no tiene facultades ni control para regular la aprobación sin exclusiones de procedimientos de 39 millones de córdobas que la bancada sandinista de la Alcaldía de Managua pretende autorizar para la gestión del alcalde designado por el Consejo Supremo Electoral, Alexis Argüello.

Según el contralor Lino Hernández, la Ley 622, Ley de Contrataciones Municipales, aprobada en mayo de 2007, les permite a los concejos aprobar partidas extraordinarias por criterios de conveniencia, interés público y emergencia y desastre de los miembros de las comunas.

“La Ley 622 está diseñada para ser aplicada en situaciones de emergencia, inclusive podría llegar a prever emergencias, y establece unos mecanismos que tiene que estar avalada la petición por otras instancias”, explicó.

Sin embargo, el contralor dijo que las justificaciones municipales, según sus criterios, deben limitarse para situaciones excepcionales y no para la norma.

“Cada institución debe planificar y presupuestar sus gastos, eso tiene que verlo el Concejo antes de aprobarlo, la Contraloría sólo mira si está justificada la aprobación de la exclusión de procedimiento”, dijo.

“Para esos motivos existen los procedimientos de planificación y presupuesto, porque luego entonces todo el mundo va dejar de planificar y van a pedir exclusiones de 30, 40 y 80 millones aludiendo urgencia, y eso deja abierta las posibilidades, siempre, de malos manejos”, explicó Hernández.

Explicó que la Ley 622 faculta a las alcaldías prescindir de la Ley de Contrataciones del Estado y que lo único que puede hacer la CGR es ordenar auditorías después que se usó el presupuesto y determinar responsabilidades si es que las hay.

Los concejales oficialistas de Managua pretenden aprobar 39 millones de córdobas a Argüello, adicionales a otras partidas millonarias aprobadas con “carácter de urgencia”. También pretenden crear el fondo “Alma solidaria” por medio del cual manejarían C$ 10 millones
En febrero pasado los concejales leales al Ejecutivo aprobaron la exclusión de procedimientos por 124 millones de córdobas para ejecutar obras municipales, a pesar del reclamo de los opositores que afirmaron se violó la Ley de Contrataciones Municipales.