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El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, asumió facultades exclusivas de la Asamblea Nacional, y legisló en materia tributaria, al emitir un decreto ejecutivo que manda a la Corte Suprema de Justicia a administrar recursos públicos obtenidos por cobros de aranceles y trámites ante el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

En La Gaceta, Diario Oficial, del tres de marzo del año en curso, el presidente publicó el Decreto 14-2009, Aranceles del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, donde dicta en su capítulo 1 que a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) percibirá el importe de los derechos de inscripción de documentos u otras operaciones que se realicen en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

La aplicación del decreto se hizo efectiva a partir del 6 de marzo, según una circular dirigida por el Rubén Montenegro, Secretario General de la CSJ, a todos los registradores públicos de la propiedad inmueble y mercantil.

En dicho documento, Montenegro notifica a los funcionarios judiciales que por instrucciones del magistrado Rafael Solís Cerda, se pone en vigencia el decreto con los nuevos cobros por servicios judiciales que deberá pagar la población y orienta tramitar los pagos en las ventanillas del Banpro y del BDF.

“Recupere”

Para el magistrado Solís, la razón del incremento de los servicios y trámites vía decreto presidencial “no es más que una nivelación”.

“Lo que se hizo fue una nivelación respecto de los demás países de Centroamérica que cobran el uno por ciento. Es un costo real”, expresó Solís vía telefónica.

El vicepresidente de la CSJ celebró “la recuperación” de la cuenta del Tesoro a manos del Poder Judicial. “Es más, te informo que la cuenta (donde se deposita el dinero por trámites de propiedad) pasó a manos del Poder Judicial nuevamente, ya que antes había quedado en manos del Poder Ejecutivo. La recuperamos”.

Al consultarle si no se prestará a más actos de corrupción, ya que el Registro de la Propiedad es una de las instituciones más cuestionadas por actos corruptos y de poca eficiencia, dijo que no habrá problemas y que la Contraloría puede fiscalizar cuando quiera.

“Más adelante vamos a establecer un impuesto por agilización de trámites, es decir, que en un mismo día te entreguen los documentos solicitados. También veremos el destino de los fondos y más”, expresó Solís.

Brutal aumento

En el segundo capítulo del decreto presidencial, Ortega establece los nuevos precios de los servicios y trámites, que vienen aumentados hasta en seis veces en comparación con los aranceles vigentes antes de la publicación del documento oficial.

Además, el nuevo dictado de Ortega manda a derogar el anterior decreto que estaba en vigencia con carácter de ley ordinaria, el número 40-91 del 27 de septiembre de 1991 y sus posteriores reformas legislativas.

Este decreto fue emitido por la presidencia de doña Violeta Barrios de Chamorro, y fue ratificado y confirmado como legislación vigente en las reformas constitucionales de 1995, cuando se estableció, con vigencia en la actual Constitución Política, que corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional legislar en materia tributaria.

En su artículo 114, la Constitución establece que: “Corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la Asamblea Nacional la potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos”.

Con el decreto 14-2009, el presidente Ortega legisló en materia tributaria y anuló otras disposiciones legales que correspondían a la Asamblea Nacional, además creó nuevas tasas impositivas y las asignó a la CSJ, sin siquiera haberse aprobado la Ley de Presupuesto General de la República 2009, que asigna y modifica los recursos provenientes del cobro del Estado por servicios públicos y privados.

Asamblea “pintada”

El artículo 112 de la Constitución plantea que sólo la Asamblea “podrá modificar el proyecto de Presupuesto enviado por el presidente de la República, pero no se puede crear ningún gasto extraordinario sino por ley y mediante creación y fijación, al mismo tiempo, de los recursos para financiarlos. La Ley de Régimen Presupuestario regulará esta materia”.

Además, el mismo artículo establece que toda modificación al Presupuesto General de la República que suponga aumento o disminución de los créditos, disminución de los ingresos o transferencias entre distintas instituciones, requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional”.

El Código Tributario vigente, en su capítulo II, artículo 9, clasifica y define los conceptos de “tributos”, separándolos en impuestos, tasa y contribuciones especiales. En el caso de los servicios y trámites ante el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, estas operaciones se clasifican en el citado Código dentro del rubro de “tasa”.

“Tasa: es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el usuario del servicio. Su producto no debe tener destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado”, dice el Código Tributario.

Más leyes ignoradas

Además, el Decreto 14-2009 del presidente Ortega, irrespeta el principio de unicidad y legalidad del Presupuesto General de la República, establecido en la Ley 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, del 29 de agosto de 2005.

Dicha ley establece su rango de aplicación a todas las entidades y organismos que componen el sector público, incluyendo al Poder Ejecutivo, ministerios, órganos descentralizados, empresas del Estado, sociedades comerciales con participación accionaria mayoritaria del Estado y de los poderes Legislativo, Electoral y Judicial.

En el artículo 57, Del Cobro por Servicios de las Instituciones Públicas de la Ley 550, se dice que “todas las instituciones y entidades del sector público comprendidas en el Presupuesto General de la República, que legalmente recaudan o perciben ingresos a su nombre o a nombre del Estado nicaragüense, en concepto de aprovechamiento, concesiones, derechos, licencias, matrículas, multas, recargos o cualquier tipo de tributo y/o servicios administrativos, deberán enterarlos en las cuentas que en conjunto se designen al efecto con la Dirección General de Tesorería General de la República”.

El contrasentido

En contrasentido, el Decreto 14-2009 del presidente Ortega, establece lo contrario a la Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, cuando en su artículo 6 establece que los nuevos aranceles “se pagarán en las instituciones bancarias que designe el Poder Judicial a nombre de la CSJ, quien abrirá las cuentas respectivas”.

Con el decreto de Ortega, la inscripción definitiva del dominio (derecho de propiedad), hipoteca u otro derecho real, por valor determinado con la razón correspondiente a pie de título, que antes se pagaba de 50 a 5 mil córdobas, con la reforma se está pagando de 100 a 30 mil córdobas.

Por inscripción de prenda agraria o industrial el arancel pasó de 120 a 250 córdobas. Las cancelaciones pasaron de 50 y 2,500 córdobas a 100 y 10 mil córdobas; la inscripción de documentos sin valor determinado pasó de 100 a 250 córdobas. Los documentos con valor determinado en el libro de personas, pasaron de 5 mil córdobas a 20 mil córdobas.

Por otro lado el registro de títulos supletorios pasó de 100 a 500 córdobas más el 50 por ciento de esta cantidad cuando se trate de fincas rurales menores a 50 manzanas (antes eran 5 manzanas). El arancel para fusión de propiedades pasó de 100 a 300 córdobas; por razón de título pasó de 30 a 100 córdobas; la rectificación de escritura pasó de 50 a 150 córdobas, entre otras alzas.