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Donald Castillo, un pensionado de 75 años de edad, afirmó que paga su pasaje de transporte urbano colectivo (TUC) a pesar de que la Ley 720,  Ley del Adulto Mayor, diga que este servicio es gratuito para ellos.

Castillo fue miembro de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Nicaragua (Ajupin) y conoce la ley del Adulto Mayor, por lo que recibe el descuento del 30% en el recibo de servicio de agua potable y 20% de descuento en telefonía convencional. No obstante, el 50% de reducción en la factura energética al que tiene privilegio no lo utiliza.

“El servicio de energía eléctrica está a nombre de mis esposa, quien ya falleció, y por eso no tengo el descuento. Se me hace difícil reclamarlo porque necesito la ayuda de alguien para ir, además no sé cómo hacerlo”, manifestó Castillo.

Por su parte, Fernando Sandoval, un jubilado de 60 años, también paga su pasaje TUC porque no sabe que este servicio para él es gratis. “No sabía, pero ahora que sé me daría pena subir sin pagar, me puede decir algo el conductor”, dijo.

Sobre el descuento de la luz sí está al tanto, afirmó Sandoval, por lo que hace las gestiones para ejercer este derecho. Castillo opina que los adultos mayores que no completaron las 750 cotizaciones o no cotizaron deberían tener los beneficios también.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Martha Violeta Trujillo, psicogerontóloga, afirmó que hacer cumplir los derechos de los jubilados significa incluirlos,  pues se les reconoce su aporte a la sociedad.

“Hacer cumplir los beneficios de las personas mayores no solo significa aplicar un descuento en la factura de la energía o el agua. Va más allá. Es reconocerles su trabajo. El adulto se va a sentir mejor, con ánimo. Psicológicamente se sentirá incluido, valorado”, explicó  Trujillo.

La especialista sostiene que el Gobierno y la familia tienen la responsabilidad de hacer cumplir estos privilegios.

“En el caso de los adultos que no puedan movilizarse o no sepan qué hacer para reclamar sus derechos, los familiares deben estar dispuestos a ir con ellos, interesarse por conocer cuáles son los privilegios de su abuelo o abuela, padre o madre”, enfatizó.

El Gobierno debe realizar  una divulgación de esos derechos, porque no todos los jubilados los conocen y es necesario que el público en general también los conozca, agregó la psicogerontóloga.