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La Asamblea Nacional advirtió un “error” de la Presidencia de la República en la emisión del Decreto 14-2009, que reforma una ley de aranceles en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, y anunció que comunicará al Poder Ejecutivo que la legislación en materia tributaria, le corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.

El presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, de la bancada orteguista, se manifestó de acuerdo con aportar mayores recursos presupuestarios a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero reconoció que la Presidencia se equivocó en el procedimiento y en la técnica jurídica para tal acción, ya que la potestad de reformar y aprobar tributos son facultades constitucionales de la Asamblea Nacional.

Ortega mandó a publicar en La Gaceta, Diario Oficial, del 3 de marzo pasado, el Decreto 14-2009 donde ordena a la CSJ administrar recursos públicos obtenidos por cobros de aranceles y trámites ante el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

“Tasas son tasas”

Gutiérrez sostuvo que el decreto persigue nivelar el arancel de trámites judiciales que están desfasados desde 1991, y actualizar la tabla de aranceles de acuerdo con el tiempo transcurrido desde que se emitió la Ley de Aranceles del Registro Público, en 1995.

“En estos momentos hay una realidad jurídica, que es un Decreto Presidencial donde se actualizan unos aranceles (y) si usted me pregunta desde el punto de vista legal si fue una medida adecuada, desde el punto de vista legal yo considero que no es una medida que se ajusta a la constitucionalidad de este país”, expresó.

Gutiérrez admitió, que a partir de las reformas constitucionales de 1995, es a la Asamblea Nacional a la que le compete la legislación en materia tributaria. “En base a la Constitución y al Código Tributario, los aranceles son tasas, las tasas son tributos, y la única que pueden legislar en materia tributaria es la Asamblea Nacional”, explicó.

Sin embargo, justificó el decreto como una “voluntad” expresada por el Presidente, que busca cómo hacer una actualización del cobro de aranceles en el Registro de la Propiedad Inmueble, por lo que calificó de imperativa la necesidad de llevar dichas iniciativas al Parlamento para que puedan ser aplicables.

Comunican error del Ejecutivo

“En vez de andar tirando piedras al decreto, el cual tiene en su génesis la voluntad correcta de darle más recursos al Poder Judicial, lo que hay que hacer es corregir ese error técnico, halar el tema a la Asamblea y legislar sobre él, porque es imperativo que esa actualización se dé”, recomendó.

Sobre la disposición de que sea la CSJ la que administre esos recursos públicos, Gutiérrez argumentó que la partida del cuatro ciento del Presupuesto General de la República que se le asigna al Poder Judicial, “no es suficiente para cubrir los gastos de la administración de justicia”.

En ese sentido, Gutiérrez anunció que enviará a la Presidencia de la República una carta notificándole los motivos sobre por qué no puede ser considerado válido el decreto, y explicándole los procedimientos de rigor para gestionar la ley ante la Asamblea Nacional.

El miembro de la Comisión Económica, Francisco Aguirre Sacasa, dijo que el Decreto Presidencial debe ser considerado inconstitucional, y que en caso que alguien recurriera de amparo contra la disposición presidencial, la Corte entraría en un conflicto de intereses.

CSJ en conflicto de interés

“El problema es que en Nicaragua existe un Estado de hecho y no de derecho”, señaló Aguirre, al tiempo que no descartó la posibilidad de que el Parlamento apruebe una ley desconociendo el Decreto Ejecutivo si la Presidencia se niega a invalidarlo.

En ese mismo sentido, se expresó el experto en materia fiscal e investigaciones tributarias, Julio Francisco Báez, quien consideró como una gravedad más del decreto el conflicto de intereses generado por la misma Corte, aparte de las ya enumeradas y explicadas violaciones a la Constitución, al Código Tributario y a la Ley 550 de Administración Financiera.

“Una gravedad del asunto es que la institución máxima encargada de respetar y hacer respetar las leyes del país, que es la CSJ, está deslegitimando el más sagrado principio de justicia, al aceptar un decreto que viola preceptos constitucionales y leyes, en detrimento de los demás contribuyentes e instituciones del Estado, a los que no se les da el mismo trato a pesar de que la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley”, dijo Báez.

El magistrado de la CSJ, y vicepresidente de ese Poder del Estado, Rafael Solís, celebró la “recuperación” del cobro de los aranceles, y lo justificó diciendo que era parte del presupuesto constitucional del 4 por ciento del Presupuesto General de la República, pese a que éste no se aprueba aún en la Asamblea Nacional.

Cálculos de Solís estiman entre 60 y 70 millones de córdobas los ingresos por esos trámites, pero cálculos de fuentes independientes valoran esas recaudaciones en más de 100 millones de córdobas anuales.

“¿Qué va a pasar ahora si alguien recurre de amparo contra este decreto presidencial, contra estos cobros ilegales en el Registro de la Propiedad? ¿Quién se encarga de resolver esos reclamos? ¡La Corte!
“¿Y qué pasa ahora?: la Corte se implica. Es juez y parte. Aquí tenemos un caso que va a ser curiosísimo. La Corte, que ha venido reivindicando el cumplimiento de las leyes, y que ha abogado por respetar la facultad de los poderes del Estado, ¿cómo va a fallar ante un reclamo ciudadano? ¿A quién van a responder, a sus intereses o al supremo deber de hacer cumplir las leyes?”, se preguntó el experto.

Golpe a los bolsillos

Y mientras eso se debate en la Asamblea Nacional, la aplicación de los nuevos cobros en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua, causó molestias y enojo entre los usuarios y notarios que llegaban al edificio a tramitar documentos y a realizar gestiones.

Debido a los nuevos aranceles, mucha gente se regresó y optó por no realizar sus trámites, debido a falta del dinero completo de los nuevos aranceles, que fueron incrementados hasta en el 600 por ciento en algunos casos.

El colmo de la nueva situación, según el gestor de trámites Carlos Pérez, es que en las ventanillas de servicios estaban cobrando “reajustes” y “pagos retroactivos” a personas que realizaron gestiones la semana pasada y llegaban a registrarlas ayer.

“Eso es otra violación, en materia fiscal la ley no puede ser retroactiva” denunció.

“Esto es una barbaridad. La situación económica es crítica, no hay empleo, y encima, es al pobre a quien le sacan la última gota de sangre a través de aranceles e impuestos”, criticó Zaida Vásquez, mientras trataba de inscribir su terreno en el Registro Público de la propiedad de Diriamba, y se enteró de que todo el trámite era más caro.

“Esto es una exageración, ¿a quién le consultaron para hacer esto, en base a qué tomaron esa decisión? ¿Cómo un decreto va a derogar una ley?”, preguntó visiblemente enojado un abogado, mientras leía los nuevos precios en el Registro Público.

Omar Aguilera, quien iba a inscribir un libro natural de su negocio, tuvo que regresarse a su casa porque le hacían falta 300 córdobas para poder pagar la inscripción, ya que con los nuevos aranceles el costo pasó de 200 a 500 córdobas.

“Con la crisis económica que estamos pasando, y vienen estos exagerados a cobrar semejante cantidad. Es una grosería con el pueblo”, se quejó Aguilar.

(Con la colaboración de Martha Vásquez y Ary Neil Pantoja)