Jorge Eduardo Arellano
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El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, admitió ayer que la autoría del Decreto 14-2009 emitido por la Presidencia de la República, nació de la Corte Plena del Poder Judicial, y reconoció que los magistrados de ese Poder del Estado se encuentran impedidos de resolver cualquier recurso de inconstitucional que se presente contra dicha disposición.

Solís dijo ayer que la medida presentada mediante decreto por el presidente Daniel Ortega la semana pasada, nació de una reunión de Corte Plena, bajo el argumento de que los recursos por trámites judiciales ante el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, deben reportarse a las cuentas de la CSJ, tanto por “derecho y respeto” a administrar esos recursos, como por necesidad de mayores ingresos a la institución.

Dijo que de esa reunión salió la idea de plantearle a Ortega el proyecto y solicitarle su autoridad para emitir el decreto. Luego, confesó Solís, se creó una comisión de análisis, la cual determinó que no existían roces constitucionales con la Asamblea Nacional ni con ninguna otra ley.

Y una vez “analizado”, dijo Solís, se le envió al Presidente para su revisión y publicación. A criterio del magistrado Solís, el cobro por trámites y servicios legales ante las ventanillas del Registro Público “no son tasas”, y por lo tanto no “son tributos”, y por consiguiente no le corresponde aprobarla a la Asamblea Nacional, única facultada para legislar en materia tributaria en el país.

“No es inconstitucional”, dijo Solís, quien, sin embargo, señaló que estaba dispuesto a discutir el tema con los diputados, para incorporar esos recursos al presupuesto de la Corte mediante una ley o alguna reforma presupuestaria que se elabore en la Asamblea Nacional, pero que por el momento la disposición con las nuevas tarifas por gestiones se seguía aplicando.

Incluso, el magistrado Solís, llegó a advertir que si se llegara a presentar algún recurso de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial 14-2009, los magistrados del Poder Judicial se separarían de conocerlo y se tendría que incorporar a los conjueces para resolverlo.

Según el diputado José Pallais, la Ley de los Conjueces del Poder Judicial está dictaminada, pero no ha sido aprobada ni está en vigencia. No obstante, reconoció que la CSJ puede perfectamente incorporar a sus sustitutos y resolver por esa vía la falta de una normativa de la ley de conjueces.

Una fuente del Poder Judicial que pidió la omisión de su identidad para no entrar en conflicto con sus colegas, dijo que la propuesta del decreto dividió a los magistrados de la CSJ, porque no todos estaban de acuerdo.

“Se sometió a votación y hubo opiniones encontradas, porque unos estaban a favor y otros se oponían, porque esa es una facultad de la Asamblea Nacional, y se expuso que el Ejecutivo tenía facultades para hacerlo”, aseguró una fuente de la CSJ.

Según la fuente, después que EL NUEVO DIARIO publicó la ilegalidad del decreto, entre los magistrados quedó la certeza de que el anteproyecto debió ser estudiado a profundidad.

“Ahora hay cuestionamiento innecesario, porque lo más práctico era que nosotros lo hubiéramos revisado con toda profundidad y hubiéramos dado un dictamen, porque al fin y al cabo el que firma es el Presidente, pero hay que reconocerlo, él (presidente Ortega) consultó y las opiniones fueron divididas”, aseguró la fuente.

Propuesta para “corregir” error

Una forma de corregir el error en el procedimiento del decreto, es que la Asamblea introduzca un proyecto de ley que contenga lo dicho en el decreto y se discuta, expresó el magistrado Francisco Rosales, Presidente de la Sala de lo Constitucional.

Rosales dijo que hasta el momento nadie ha recurrido contra la disposición, y que mientras no haya un procedimiento legal contra el decreto 14-2009, el mismo sigue vigente y aplicado porque no se puede declarar inconstitucional de oficio.

José Gerardo González Riega, abogado y docente de la UCA. explicó que a la CSJ le correspondería elaborar una iniciativa de ley sobre el decreto y presentarla en la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional para que ésta la presente a comisión, dictamine y regrese al plenario para que apruebe o no la ley.

Ortega mandó a publicar en La Gaceta del 3 de marzo pasado, el Decreto 14-2009, donde ordena a la CSJ administrar recursos públicos obtenidos por cobros de aranceles y trámites ante el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

Esa disposición, de acuerdo con el experto en materia fiscal, Julio Francisco Báez, es inconstitucional, por cuanto sólo la Asamblea Nacional puede legislar en materia tributaria, y el cobro por aranceles y trámites en una institución estatal es “tasa” conforme al Código Tributario y debería ser ingresado a una caja única del Tesoro.

El presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, reconoció un “error” presidencial en la emisión del decreto, y anunció que le comunicaría al mandatario la inconstitucionalidad de la disposición.