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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya terminó de escuchar hoy los argumentos del largo diferendo que enfrenta a Nicaragua con Costa Rica por los derechos de navegación por el río San Juan para pasar a la fase de deliberación. Los jueces del alto tribunal de la ONU escucharon durante los últimos diez días los argumentos de ambas partes y ahora deliberarán para emitir un dictamen en una audiencia pública cuya fecha debe ser anunciada, señaló la CIJ en un comunicado.

Durante su última intervención, Nicaragua defendió que no puede dejar de exigir visados a los turistas que navegan en barcos costarricenses por el río San Juan porque necesita tener un “control sobre la emigración”. El embajador de Nicaragua en Holanda y agente ante la CIJ en este contencioso, Carlos Argüello Gómez, aseguró hoy que tanto la exigencia de visados como la imposición de tasas, cuando no se trata de “objetos de comercio”, es un ejercicio legitimado por la soberanía nicaragüense sobre el río. Igualmente comentó que la pesca “debe ser regulada” para evitar esta actividad comercial o deportiva en las zonas del río que están protegidas.

Asimismo, Nicaragua pidió que se emita una declaración que ratifique su soberanía sobre el río y los derechos de regulación que esa situación le concede. Argüello expresó ante los jueces que a la hora de deliberar tengan en cuenta el texto en español del tratado Cañas-Jerez (1858) que establece la soberanía de Nicaragua sobre el río y concede a Costa Rica derechos de navegación “con objetos de comercio ”. Ese documento, fue suscrito por ambos países y estableció la plena soberanía de Nicaragua sobre el río San Juan pero dio a Costa Rica derechos de navegación sujetos a actividades comerciales. Su texto fue reafirmado en el Laudo Cleveland en 1888.

La CIJ abrió el 2 de marzo esas audiencias orales, última fase del juicio que Costa Rica promovió en 2005 contra Nicaragua respecto a los derechos de tránsito por el río San Juan, que nace en territorio nicaragüense y sirve de frontera en un tramo de 141 km. El conflicto estalló en 1998, cuando Nicaragua prohibió a las patrullas armadas costarricenses navegar por el río sin permiso. Esto llevó a Costa Rica a reclamar ante la CIJ, invocando sus derechos de navegación -limitados a fines comerciales- y argumentando que la decisión nicaragüense viola un tratado de 1858.

La CIJ es la más alta instancia judicial de la ONU y juzga disputas entre países. Tras la celebración de la última de las audiencias orales en las que las dos partes defendieron con seguridad sus argumentos, los jefes de delegación de ambos países coincidieron en mostrarse optimistas sobre un posible dictamen a su favor.