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Nicaragua entregó ayer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su contramemoria sobre la compensación que debe abonar a Costa Rica por los daños ambientales que produjo en isla Portillos, confirmaron fuentes de su embajada en Holanda.

El equipo del agente de Nicaragua en la CIJ, Carlos Argüello, declinó hacer comentarios sobre el contenido de la contramemoria y alegó la confidencialidad del proceso, que termina ahora su fase escrita.

Los jueces se retirarán a deliberar y el procedimiento podría continuar siguiendo diferentes modalidades, explicaron fuentes de la CIJ.

Por un lado, los magistrados tienen la potestad de tomar una decisión a partir de los documentos escritos sin necesidad de convocar audiencias orales y así establecer cuánto dinero debe pagar Nicaragua a Costa Rica.

No obstante, si considerasen que la memoria de Costa Rica, entregada el pasado 3 de abril, y la contramemoria de Nicaragua presentada ayer no son suficientes para establecer ese monto, convocarían a ambos países a audiencias orales en La Haya.

Una tercera posibilidad es que el alto tribunal de la ONU les sugiera a las partes que vuelvan a la mesa de negociaciones para que intenten llegar a un acuerdo, con el objetivo de evitar la intervención de los magistrados.

Este litigio es consecuencia directa de la sentencia de diciembre de 2015, en la que la CIJ decidió por unanimidad que Nicaragua había violado “la soberanía territorial de Costa Rica al crear tres caños y establecer una presencia militar en el territorio costarricense” entre 2010 y 2013, en su intento de unir el río San Juan, de soberanía nicaragüense, con el mar Caribe.

También se estableció que Nicaragua tenía “la obligación de indemnizar a Costa Rica a razón de los daños materiales causados por las actividades ilícitas que llevó a cabo en el territorio costarricense”, pero no estableció una cantidad concreta, sino que les dio a las partes 12 meses para que llegaran a un acuerdo.

Dichas negociaciones resultaron infructuosas debido a que la estimación de los daños que hizo Costa Rica, la cual ascendía a 6.7 millones de dólares, fue considerada “exagerada” y “desproporcionada” por Nicaragua.

Según declaró en 2016 su agente en la CIJ, Carlos Argüello, ese monto no se derivaba “directamente” de las acciones realizadas por Managua en la zona en disputa.

Costa Rica, por su parte, defiende que esa cantidad es “bastante conservadora” porque incluye “los gastos verdaderamente indispensables de pago que se produjeron a consecuencia de la acción ilegal de Nicaragua”, aseguró en abril su agente ante la CIJ, Sergio Ugalde, al presentar su memoria.

El documento presentado por Costa Rica estuvo compuesto de órdenes de compra derivadas del caso, facturas y los pagos de los salarios de los oficiales de Medio Ambiente que acudieron a la zona en litigio a propuesta de la CIJ para que llevaran a cabo funciones de conservación medioambiental.

La suma de 6.7 millones de dólares excluye “otros gastos que quizás pudieron haberse cobrado”, agregó Ugalde, como por ejemplo el salario de los abogados implicados en el proceso judicial.

 Además de este caso, San José y Managua mantienen otros dos contenciosos sobre la delimitación territorial y marítima entre ambos países, los cuales fueron unidos en uno solo por los jueces de La Haya.

La CIJ dio a conocer ayer los plazos para las audiencias orales de ese litigio y estableció que en la primera ronda de argumentos orales intervendrá Costa Rica, entre el 3 y el 4 de julio, mientras que Nicaragua hará lo propio el 6 y 7 de julio.

La segunda ronda continuará el 10 de julio con la contestación de Costa Rica y finalizará el 13 de julio, día en el que volverá a intervenir Nicaragua.