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Representantes diplomáticos y de la Policía Nacional inauguraron ayer en Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), la Casa de la Juventud Young 4 Change, un espacio remodelado y equipado en el cual jóvenes en riesgo social de barrios de la ciudad caribeña recibirán capacitaciones técnicas, asesorías sicológicas, educación y entretenimiento.

La inauguración del local forma parte del proyecto “Apoyo a medidas de prevención y control de drogas y crimen organizado en Nicaragua”, una iniciativa auspiciada por la Unión Europea (UE), administrado por la Cooperación Española y ejecutado por la Policía Nacional.Kenny Bell, embajador de UE, en área de recreo del centro.

Según un comunicado dado a conocer por la UE, los jóvenes ahora tienen la  oportunidad de capacitarse en cursos técnicos coordinados con el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec); estudiar la primaria acelerada a través de los cursos de Educación Básica para Adultos (EBA) a través del Ministerio de Educación; “así como recibir atención psicológica, charlas motivacionales, participar en actividades culturales, deportivas y ser atendidos junto a su núcleo familiar por un equipo de sicólogas y trabajadoras sociales”, dice el documento.

El embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Kenny Bell, se mostró optimista con el impacto positivo de la casa juvenil.

“Una de las claves del éxito del proyecto es la existencia en la ciudad de una sinergia entre todos los niveles de Gobierno, central, regional y local. Hay una buena colaboración interinstitucional que redunda en beneficio del proyecto. Los jóvenes acá afortunadamente encuentran diferentes interlocutores que los pueden guiar y apoyar en sus esfuerzos de lucha contra las drogas y deseo de crecimiento personal. Asímismo la PN interactúa con el Mined y Minsa, y otras instituciones, así como las diferentes expresiones de la comunidad”, dijo Bell, mediante el comunicado.

Servir de símbolo

De acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto, la Casa de la Juventud era propiedad de un traficante de drogas condenado; fue recuperada con el propósito de servir como símbolo de una comunidad que intenta recuperar espacios físicos al crimen organizado.

El presupuesto total para la implementación del proyecto asciende a 505,698 mil euros, divididos en la remodelación de la vivienda, la construcción de una cancha polideportiva (en proceso de licitación) y así como la contratación de dos psicólogas, dos trabajadoras sociales, un conserje y la adquisición de equipamiento para su funcionamiento.

Apoyo a Policía

Otro aspecto destacado del proyecto está referido a la remodelación de las celdas de auxilio judicial, el equipamiento de un aula de capacitación. 

Asimismo se hizo entrega de dos camionetas patrullas, diez motocicletas, tres motores marinos, seis maletines de investigación para los peritos en la escena del crimen y computadoras para el área de seguridad pública y auxilio judicial.

De igual manera se realizarán capacitaciones al personal policial y otras instituciones relacionadas a la prevención del consumo de drogas, de la violencia, resolución de conflictos y mediación.

Los embajadores Kenny Bell de la UE y Rafael Garranzo de España, el subdirector general de la Policía Nacional comisionado general Ramón Avellán;  y el coordinador general de la Cooperación Española, José Manuel Mariscal Arroyo, formaron parte de una gira de trabajo en Bluefields en la que constataron los impactos positivos del proyecto.

Bell y Garranzo además se reunieron con fiscales contratados por el proyecto para atender los casos de delitos de droga y crimen organizado en la región. Los resultados de esta acción han sido amplios: de 56 juicios realizados en el 2016 se obtuvo sentencia de culpabilidad en 47 de ellos, fortaleciéndose el tema de la administración de justicia en Nicaragua.

El proyecto “Apoyo a medidas de prevención de drogas y crimen organizado en Nicaragua” también se realiza en la ciudad de Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).

Según cifras oficiales de la Policía Nacional, Nicaragua durante 2016 registró una tasa de homicidios de siete personas por cada 100,000 habitantes y una tasa de robos con intimidación de 68 personas por cada 100,000 habitantes.

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