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La presidenta del Poder Judicial de Nicaragua, Alba Luz Ramos, mostró ayer su apoyo al aumento de penas únicamente para delitos graves, tal como lo propuso el Ejecutivo la semana pasada.

El apoyo a esta iniciativa es “solo para los delitos graves”, respondió Ramos a periodistas, al ser consultada sobre el tema.

La propuesta del Ejecutivo ante el Poder Electoral consiste en elevar en cinco años de prisión las penas para los delitos de parricidio, asesinato, violaciones a menores de 14 años, violación agravada y femicidio.

En el caso del parricidio, propone que las penas actuales, que van de los 20 a los 25 años, pasen a 25 y hasta 30.

En los delitos de asesinato, el Ejecutivo busca que las penas, que actualmente son de 15 a 20 años, se eleven a 20 años la mínima y 25 la máxima.

En cuanto a las violaciones a menores, las condenas pasarían de entre 12 y 15 años, al mínimo de 20 y máximo de 25 años, de acuerdo con la propuesta.

Respecto a las violaciones agravadas, cuyas penas van de 12 a 15 años, serían de 12 a 20 años, o a 25 años, si es contra adolescentes o parientes, según lo que busca el Gobierno nicaragüense.

Las penas por femicidio, que hoy van de 15 a 20 años, serían de 20 a 25 años de prisión, indica la propuesta.

Para que las reformas se hagan efectivas tendrán que ser discutidas en el plenario de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

Ramos resaltó que ninguna de las propuestas supera la pena máxima, como son los 30 años de prisión, y que la reforma está en manos de la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional nicaragüense está compuesta en su mayoría por el partido de Gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que suele aprobar sin obstáculos todos los proyectos del Ejecutivo.

R. DOMINICANA EN CCJ

Miembros de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) visitaron al ministro para Políticas de Integración de la República Dominicana, Miguel Mejía, a quien entregaron la solicitud oficial para que el país se incorpore a ese organismo regional.

Según informó la Presidencia dominicana en un comunicado, el presidente de la CCJ, César Ernesto Salazar Grande, destacó la importancia que supone que el país forme parte de la entidad, donde “tenemos la oportunidad de resolver nuestros problemas dentro de la comunidad de estados”.

Así, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, pueden tener una interpretación uniforme de los tratados, países que, de forma individual, “pueden tener interpretaciones diferentes”, dijo el presidente de la institución, con sede en Managua (Nicaragua).

Salazar se mostró convencido de que “estamos en el paso correcto”, y destacó que la República Dominicana “siempre ha cumplido perfectamente los tratados”.