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La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional iniciará la próxima semana el proceso de consultas a la iniciativa de reforma al Código Penal, a la Ley 799 y al Código Procesal Penal, indicó la diputa María Auxiliadora Martínez, presidente de dicha comisión.

La junta directiva del Poder Legislativo remitió ayer el proyecto de reforma a la Comisión de Justicia, la cual debe efectuar un proceso de consultas, emitir un dictamen y enviar el proyecto al plenario para su discusión.   

“Vamos a convocar para la próxima semana al proceso de consulta sobre estas reformas.  Consultaremos a lo Corte Suprema de Justicia, a la Policía Nacional, el Ministerio Público, La Procuraduría General de la República y a la empresa privada. El espíritu de la reforma tiene que ver con la protección que el Estado de Nicaragua da a la vida humana”, dijo la diputada Martínez, legisladora del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).   

Por su parte, el diputado Mauricio Orue, vicepresidente de la Comisión de Justicia, indicó que también  podrían consultar a quienes representan a los  “litigantes o abogados, porque también son parte del grupo de actores y operadores de la justicia en el país”. 

“Hay que poner de alguna manera un poco más de presión, un poco más de coerción, las penas se están aumentando para que la ciudadanía pueda sentir mayor coerción de la ley”, valoró Orue, diputado de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). 

Mientras, Jimmy Blandón, miembro de la Comisión de Justicia, abogado penalista y legislador del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), mencionó que las reformas “tienen aspectos que restan la capacidad de los jueces para valorar cuándo debe haber una prisión preventiva para un acusado y también pone en entre dicho la capacidad jurisdiccional de los tribunales fuera de Managua, que son aspectos que deben ser bien analizados”.  

Blandón recordó que la Constitución Política “establece en su artículo 34 que nadie puede ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción de excepción y si la reforma al Código Procesal Penal abre un espacio para trasladar a los imputados desde sus lugares de origen o desde donde se cometió el delito hasta Managua, entonces abría una contradicción con la Constitución Política y esto debe ser bien aclarado”.