EFE
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El procurador penal de Nicaragua, Iván Lara, entregó en Managua la notificación realizada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense, en el caso que se le sigue en Panamá al ex presidente de ese país Arnoldo Alemán por blanqueo de capitales.

El director la Oficina del Tratado de Asistencia Legal Mutua (Talm), Edwin Aldeano, dijo que la notificación entregada por el procurador Lara este miércoles solamente involucra al ex presidente Alemán y a su esposa, María Fernanda Flores.

"La diligencia ya fue tramitada al Juzgado, aunque para los efectos internos de Panamá ya ellos fueron notificados y lo actuado por la Sala de lo Penal sólo ha reafirmado lo actuado por el juez panameño Adolfo Mejía", precisó la fuente.

Alemán, junto a otros colaboradores suyos, fueron acusados por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá del blanqueo de fondos del erario público nicaragüense por valor de 58,2 millones de dólares, a través de una red de empresas y bancos panameños.

En julio del 2006, el juez tercero, ramo penal panameño, Adolfo Mejía, ordenó la detención del ex presidente, de su esposa María Fernanda Flores, su suegro José Antonio Flores y su ex director de ingresos, Byron Pérez, acusados de blanqueo de capitales.

La notificación panameña le fue hecha el pasado 13 de diciembre a Alemán, fecha en que también el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) confirmó la condena de 20 años de prisión por lavado de dinero y otros delitos, y revocó el beneficio que le permitía el movilizarse por todo el país.

La sentencia obliga a Alemán a estar recluido en su casa de hacienda, a 26 kilómetros al sur de Managua, "bajos medidas restrictivas" debido a que padece de enfermedades crónicas.

Sólo es un trámite

Mauricio Martínez, abogado de Alemán, dijo en esa ocasión que esa notificación panameña no significa que vayan a enviar a Panamá a su defendido, sino que se cumple con un trámite.

Alegó que la orden judicial de Panamá no tiene validez legal en Nicaragua, porque la Constitución establece que no existe extradición por delitos políticos o comunes conexos con ellos.